Transparencia no es publicar el número de imputados que llevas en las listas. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Cuando el número de imputados que figuran en unas u otras listas electorales se convierte en noticia y, sobre todo, en motivo de distinción, algo falla estrepitosamente en nuestro joven sistema democrático. Y lo sufrimos todos los ciudadanos, mediante una mayor desconfianza internacional, menores perspectivas de bienestar y, sobre todo, con un grave empeoramiento del clima de convivencia.
            Algo falla en los partidos políticos, pieza esencial del sistema constitucional de representación, cuando abordan el asunto con frivolidad y actitud forofa de “vivan los míos, manque estén imputados”. Tardaremos años en recuperarnos del descrédito actual que la clase política se está ganando a pulso en España, en parte, por actitudes como esta de dividir al país, también, entre imputados “buenos” y “malos” según las siglas por las que se presenten, en lugar de forjar todos los demócratas un muro infranqueable frente a quienes existe indicios fundados (de otra manera, no estarían imputados) de haberse aprovechado en beneficio propio de lo colectivo.
            Algo falla, también, en las administraciones burocráticas del Estado weberiano cuando resulta que casi todo es muy lento, por un exceso de garantías, salvo aquello que se hace por la parte de fuera de la legalidad, que se aprueba y pone en funcionamiento en tiempo récord.  Una organización cuyas normas y controles exijen muchos meses e informes para autorizar una carretera o  urbanizar un suelo, pero que otras cosas relevantes, las ejecutan de inmediato, por el procedimiento de urgencia, sin apenas controles y con contratación externa discrecional, ofrece demasiados agujeros como para que nos sintamos satisfecha con ella.
            Algo falla, además, en un sistema judicial que necesita años para saber quién es el órgano competente para tratar según que delitos complejos como los relacionados con tramas de corrupción y luego, tarda todavía más años en dilucidar la realidad de lo ocurrido y si ha sido delito o no. Ello permite abusar, como herramienta política, de la simple acusación, aún sin pruebas, a la vez que parece autorizar a conllevar con orgullo la imputación de algunos representantes electos hasta que, años más tarde, haya una sentencia definitiva. Si la justicia resolviera estos asuntos en seis meses (no mucho más se necesitó en USA para sentenciar al estafador Madoff) y se aplicara el delito de falsa acusación, otra sería la actitud de los partidos, los acusadores y los imputados.
            Con estos mimbres torcidos, estamos construyendo una democracia de baja calidad que perjudica lo esencial del marco de convivencia: la confianza en las relaciones con las administraciones (si hay sospechas de corrupción, todos los contratos y adjudicaciones pueden cuestionarse), la garantía de una justicia rápida y la seguridad en una adecuada gestión de lo público, donde lo público representa la mitad del PIB y afecta al resto.
            Considero este, en expresión orteguiana, como “el tema de nuestro tiempo”. La clave de bóveda de un conjunto de realidades y actitudes que están bloqueando España, haciendo cada día más difícil encontrar caminos transitables para las reformas necesariamente pactadas que nos saquen del bache económico y social en que andamos metidos. Las perspectivas de crecimiento lánguido, paro de larga duración, desigualdades crecientes o un incremento en la prima de riesgo de nuestra deuda, tienen mucho que ver con ese clima de confrontación permanente, sistemática e irresponsable que mantienen los partidos políticos que, incluso, está cubriendo con su manto partidista, casos de corrupción impensables hace unos años.
            Cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa emite un informe en el que acusa a los partidos políticos españoles de no ser tranparentes en sus cuentas, la prima de riesgo del país se resiente. Y cuando se insinúa que las relaciones políticas entre esos partidos y las entidades financieras, pudieran estar condicionadas por la existencia de deudas opacas, nuestro voto como ciudadanos pierde valor.
            No estoy hablando de asuntos menores, anecdóticos, sin relevancia o  inevitables, ante los que no podamos más que sentir indiferencia o indignación. Estoy hablando del núcleo duro de nuestra convivencia democrática. Por eso, tiene mérito los intentos de reacción que empiezan a extenderse por la geografía española, exigiendo a los partidos políticos compromisos claros y constatables, a favor de la transparencia, el buen gobierno y la eficacia en las administraciones públicas. Como el que impulsa el Cercle de Economía, junto a un grupo destacado de asociaciones civiles, en les Illes Balears, una tierra especialmente afectada por el problema.
            Un Pacto por el derecho al buen gobierno, tiene que articularse en tres líneas transversales: la cooperación interadministrativa, permitiendo el necesario salto federal que reordene las relaciones entre nuestras diferentes administraciones; la reforma de cada administración, buscando agilidad, transparencia y resultados respecto a objetivos evaluables y, por último, recuperar los vínculos de confianza entre representados y representantes que pasa por esforzarse en encontrar acuerdos en asuntos de estado, aún manteniendo las discrepancias en otros temas, tal y como nos ha explicado Oscar Alzaga que se hizo durante la transición (“Del consenso constituyente al conflicto permanente” ed. Trotta).
            Podemos estar en un momento histórico en el que la marca España, nuestras potencialidades como país se estén viendo cercenadas por los problemas de un sistema partidista, incapaz de resolver las cuestiones relevantes de la sociedad, porque está instalado en el conflicto permanente. De ser así, no tenemos un problema de modelo democrático – la extrema derecha antisistema que tanto está creciendo en Europa, no ofrece soluciones reales a estos problemas – ni estamos ante una cuestión que se resuelva con una simple alternancia política en el Gobierno, mientras no se cambien las prioridades y los métodos de trabajo de las cúpulas de los partidos, estén en el gobierno o en la oposición.
            Para conseguir ese giro hacia un buen gobierno transparente, eficaz y honesto, la presión de la sociedad civil es esencial. Sobre todo ahora que las elecciones entregan, por un día, el poder al ciudadano. Indignémonos, si queremos. Pero, sobre todo, exijamos y controlemos. Otra forma de hacer política es imprescindible.