El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. BERNARDO DÍAZ / elmundo.es
El Ministro Montoro no está atravesando su mejor momento. Reprobado por el Parlamento, con una mayoría de comunidades autónomas en contra de sus objetivos de déficit y sometido a un intenso fuego amigo, acaba de aprobar los Presupuestos para 2017 en el Parlamento cuando ya tiene que sentarse a negociar los de 2018, es decir, tiene que volver a pagar otro precio elevado a los mismos interlocutores de hace unas semanas, siendo el primero que hemos conocido, una rebaja selectiva en el IRPF a petición de Ciudadanos (32 escaños). ¿Están nuestros Presupuestos como para encajar tal petición?
Con motivo de la invitación a participar en la tradicional jornada presupuestaria de APD celebrada esta semana, he preparado una comparación entre el Presupuesto Consolidado del Estado para 2017, cuando la crisis ya ha terminado, y el de diez años antes cuando la crisis todavía no había estallado, aprovechando, además, que en ambos años la tasa de crecimiento es similar (por encima del 3%) y el PIB nominal, por primera vez desde entonces, será aproximadamente el mismo. Lo primero que llama la atención es que, a pesar de que los ingresos no financieros se han recuperado hasta igualar a los existentes antes de la crisis, 2017 presenta un importante déficit público consolidado, a comparar con el superávit de 2007. La diferencia, claro, estriba en que ahora el Estado Central gasta mucho más que entonces, un 18 % más. Por cierto, también gasta más ahora que en 2011 cuando llegó el actual Gobierno, pero esa es otra historia que contaremos en otro momento.
Este año pagaremos en gastos financieros el doble que en 2007 como consecuencia del fuerte incremento experimentado por la deuda pública durante los años de crisis y a pesar de los bajos tipos de interés derivados de la política monetaria expansiva del BCE. Sin embargo, gastaremos muy poco más en desempleo aunque la tasa de paro es hoy el doble que entonces.
¿Cómo es posible? Pues porque ahora hay mucha gente que, estando en paro, no cobra el desempleo al haberse cambiado las condiciones: en 2007, casi ocho de cada diez parados estaban cubiertos por una prestación y, ahora, solo lo están la mitad de los parados.
Los gastos de personal, por su parte, se han reducido de manera apreciable como consecuencia de la política de no reposición de jubilaciones en el sector público y de la rebaja de salarios. Menos empleados públicos ganando menos, se traduce en un ahorro presupuestario pero, también, en un deterioro de los servicios públicos ya que dicha práctica no se ha visto acompañada de ninguna otra medida de mejora en la gestión. Como en tantos capítulos, hemos tenido recortes, pero no reformas.
Se observa, también, que en dos capítulos muy importantes como son la inversión en infraestructuras y en I+D+i, los Presupuestos de 2017 mantienen un gasto muy inferior al que se programó hace diez años: bastante menos de la mitad en un caso y una sensible reducción en el otro. Pero el capítulo de gasto que más ha crecido en estos diez años ha sido el de pensiones ya que ha experimentado un aumento del 53% al pasar de los 91.453 millones de euros en 2007 a casi 140.000 este año. Esto explica que, a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales vuelven a ser similares, la Seguridad Social haya acumulado un importante déficit que le ha llevado a utilizar el Fondo de Reserva, hasta agotarlo. Y ha obligado al Tesoro Público a emitir deuda pública para hacerle un préstamo con el que hacer frente a la paga extra de julio.
¿Qué podemos extraer de esta comparación? En primer lugar, que los Presupuestos recién aprobados (y, me temo, los que se presenten para el año 2018) se han hecho pensando en el pasado más que en el futuro. Continúan arrastrando la inercia de la época de recesión, mientras siguen sin abordar los problemas de futuro que tienen más que ver con infraestructuras e I+D+i, a los que se siguen dedicando muchos menos recursos de los necesarios y menos de los que dedicábamos, como país, hace una década.
En segundo lugar, que si ha terminado la crisis, ya no hay excusa para demorar la recuperación de los servicios públicos (más personal) y de las prestaciones (subir la cobertura por desempleo, eliminar copagos sanitarios etc). En tercer lugar, que al ser más probable una subida de tipos de interés en el contexto de un endurecimiento paulatino de la política monetaria del BCE tal y como ya está haciendo la Reserva Federal, debemos prever a medio plazo un mayor gasto financiero por pago de interés de la deuda. En cuarto lugar, que no va a ser sostenible por mucho tiempo el déficit de pensiones de la seguridad social por lo que, más pronto que tarde, se va a proceder a un aumento de los ingresos por cualquiera de las vías en estudio (pagar viudedad y orfandad con impuestos o un nuevo recurso finalista). Por último, todavía estamos lejos de haber salido del procedimiento de déficit excesivo de la UE y necesitaremos varios años de superávits primarios para ir reduciendo la ingente deuda acumulada.
En ese contexto, ¿cabe una rebaja del IRPF en los Presupuestos para 2018, como pide algún partido que apoya al Gobierno? Es verdad que la recaudación por dicho impuesto ya ha superado, ligeramente, a la de 2007. Sin embargo, cuando, además de lo expuesto arriba, seguimos sin cubrir todas las necesidades del sistema de apoyo a la dependencia o se ha tenido que recurrir a una donación privada para renovar maquinaria sanitaria de tratamiento contra el cáncer, plantearse ahora una rebaja selectiva de impuestos para aquellos que pagan IRPF puede sonar a irresponsabilidad populista. Y lo es. Al menos, en este momento.
