Foto: elmundo.es/LUISDEMANO
Todos los gobiernos hacen cosas acertadas. Ni tantas como dicen sus voceros, ni tan pocas como señalan sus críticos. El Gobierno de Rajoy no es una excepción a esta regla y, por ello, destaco mi apoyo a una medida importante que figura, como a vuela pluma, en los Presupuestos para 2017: una «nueva dotación para el IDEA de 50 millones de euros para financiar actuaciones en apoyo a la movilidad energéticamente sostenible», según explicó en el Congreso el Ministro Nadal.
La idea es fomentar la adquisición de vehículos de bajas emisiones o movidos por energías limpias y, aunque se presenta como una síntesis superadora del Movea y del PIVE, en el fondo responde a un importante cambio de paradigma en la visión de las ayudas públicas al dejar de situar al coche y a la industria automovilística en el centro de la iniciativa y pasar a poner el acento en la movilidad sostenible, principalmente, en las ciudades.
Se renuncia, así, a repetir un nuevo PIVE de incentivo de compra de coches nuevos a cambio de achaparrar uno antiguo, que tanto ha contribuido a mantener la producción en España y a mejorar la seguridad vial, al reducir la edad media de nuestra envejecida flota, para situar el foco, no en la industria y en la edad del parque automovilístico, sino en los compromisos medioambientales asumidos como país y en los problemas que plantea a nuestros ayuntamientos la movilidad en las grandes ciudades españolas.
Desde el punto de vista medioambiental, hay en España un importante volumen de coches en circulación que no cumplen con las normas exigidas a los vehículos nuevos que se matriculan ahora. El sector calcula que a finales de 2016 todavía un 75% del parque no cumplía con la normativa medioambiental europea llamadas Euro 5 y Euro 6 y, peor todavía, que casi la mitad de los vehículos en circulación tampoco cumplían con la anterior norma Euro 4. Ademas, la cuota de mercado de los coches alternativos es, con el 2,5%, muy inferior a la media mundial. Por tanto, parece razonable incentivar, desde los Presupuestos, la compra de vehículos alternativos (eléctricos y a gas) y potenciar aquellas tecnologías que cumplan las bajas emisiones exigidas por la norma Euro 6. El medio ambiente es un bien colectivo que, para su consecución, necesita hoy incentivos públicos.
«Los problemas de medio ambiente en las ciudades no se pueden reducir sólo al transporte»
Pero, como hemos visto en varias capitales europeas y, recientemente en Madrid, cuando saltan las alarmas sobre salud al superar la contaminación los limites legales establecidos, las autoridades municipales se ven obligadas a retirar coches de la circulación, sobre todo, por el centro urbano.
Y como no tienen forma de saber, salvo en el caso de los eléctricos e híbridos, cuales contaminan más y cuales menos, lo hacen con brocha gorda prohibiendo circular, en días alternos, según la matrícula sea par o impar.
Desde este punto de vista, un Plan como éste que retire de la circulación específicamente a los vehículos más contaminantes y los sustituya por coches menos contaminantes, siempre tendrá un impacto más positivo sobre los ciudadanos al trasladarles una parte de la responsabilidad en la reducción de emisiones y sobre los problemas de la contaminación urbana.
Los ayuntamientos deberían, pues, estar apoyando este plan, vinculándolo a sus propios objetivos anuales de renovación de las flotas municipales de transporte de viajeros por autobuses, todavía con mucho por hacer.
Los problemas de movilidad urbana no se agotan en las cuestiones medioambientales. De hecho, el nuevo paradigma incorpora menos espacio ciudadano para vehículos privados de uso individual (ensanchamiento de aceras, peatonalizaciones, etc) y se potencian los vehículos compartidos, sostenibles e inteligentes/autónomos, tres características que, hasta la fecha y por primera vez en la larga historia de la industria de la automoción, están siendo impulsados por empresas ajenas al sector, provenientes del ámbito de las nuevas tecnologías.
La exigencia de ir hacia un futuro con menos coches privados de uso individual circulando por las ciudades y, en su lugar, nuevos coches diferentes a los que existen actualmente, representa todo un reto para un sector puntero, si no quiere perder su liderazgo histórico y quedar convertido en mero proveedor de empresas tecnológicas reconvertidas en automovilísticas, como ya hemos visto en otros sectores donde la revolución tecnológica ha hecho saltar por los aires las viejas jerarquías, al cambiar las relaciones entre productores y consumidores.
Puede que este nuevo plan no sea del agrado de la industria que, tal y como había anunciado, hubiera preferido repetir un PIVE clásico después de los buenos resultados obtenidos. Pero va en la buena dirección.
Sólo por aquello de buscarle alguna pega, hay tres aspectos importantes que merecerían un comentario critico: hace falta concretar un poco más el destinatario de la ayuda; requeriría, sin duda, más recursos de los escasamente 50 millones anunciados (recordemos que sólo el ultimo PIVE 8 estuvo dotado con 170 millones de euros y que el actual pretende absorber el programa Movea) y, en tercer lugar, exigiría un cierto compromiso parlamentario para que un plan de estas características tuviera continuidad en años sucesivos ya que, desgraciadamente, el problema no es de los que se solucionan de un año para otro. Y ahí, la posición activa de los principales municipios del país, con iniciativas alineadas con los objetivos de este plan, sería un elemento crucial.
Si empezamos a tomarnos en serio como país la lucha por reducir emisiones contaminantes, lo que después de las posiciones del Presidente Trump tiene mucho más que valor simbólico, hay que saludar esta nueva iniciativa que no puede quedar al margen del debate recién iniciado por el Gobierno sobre la Ley de Cambio Climático. Falta hace un amplio consenso político y social al respecto. ¿Será posible, además de deseable?
