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La crisis económica ha terminado en España. Casi una década después de iniciada, tras cuatro años consecutivos de crecimiento en el PIB y con unas previsiones de estabilidad en la recuperación para los próximos ejercicios, debemos dar por concluida esta larga e intensa recesión que, desencadenada por una crisis internacional que arrastró a la quiebra a buena parte del sistema financiero mundial, tuvo en nuestro país dos claros periodos: desde 2008 hasta 2010 y, luego, entre finales de 2011 y 2013.
Aunque otros países de la Eurozona, también golpeados por la misma crisis, salieron ya hace tiempo de ella y, pese a que no recuperaremos el nivel de renta previo hasta mediados de este año, dejar atrás la crisis es una buena noticia. Ahora, sólo nos queda apechugar con la poscrisis. Es decir, con las consecuencias remanentes de la crisis y, sobre todo, con los efectos de las políticas puestas en marcha para combatirla.
Entre las consecuencias de las graves dificultades vividas que siguen muy presentes entre nosotros, merecen mencionarse seis, siquiera brevemente. Empezando por una tasa de paro muy superior a la media de la Eurozona y que casi triplica a la existente antes de la crisis.
Un paro especialmente lacerante en el caso de los jóvenes, donde duplicamos la tasa media de la Eurozona y con un elevado nivel de parados de larga duración, de nuevo, muy por encima de otros países europeos.
Producir lo mismo que antes, con muchos menos ocupados, puede ser una buena noticia para los amantes de la productividad aparente del trabajo; pero, sin duda, es una pésima realidad para la cohesión social del país. Sobre todo, porque se perfila un núcleo duro de paro resistente que no va a desaparecer sólo con la recuperación económica prevista, por lo que exige nuevas políticas activas de formación y empleo.
Tener uno de los mayores déficit públicos de la Eurozona es otra consecuencia que arrastramos y que nos mantiene dentro del sistema de vigilancia por déficit excesivo (del que otros países ya han salido), como lo es el espectacular crecimiento de nuestra deuda pública durante estos años hasta acercarse al 100% del PIB.
Una morosidad bancaria elevada (en torno al 9%) es otra de las consecuencias de aquella situación que obligó al rescate financiero por parte de la Troika a mediados de 2012, con la nacionalización de algunas entidades, la inyección de dinero público y la creación del banco malo.
Sin olvidar, por otra parte, que el pinchazo de la burbuja ha tenido una consecuencia evidente: nuestras familias han perdido 1,6 billones de euros de patrimonio, básicamente inmobiliario, que todavía sufrimos, a pesar del repunte de precios que experimenta el sector actualmente. Un tejido productivo inestable sería la ultima de las consecuencias de la crisis que todavía conviven con nosotros.
El hundimiento de la construcción, pasando de representar el 10% del PIB a situarse actualmente en la mitad, ha dejado un hueco que todavía no se ha cubierto (por ello, a pesar del incremento experimentado por la inversión durante el primer trimestre, seguimos lejos de los niveles anteriores a la crisis), aunque el turismo está intentándolo con fuerza.
Junto a estas consecuencias todavía no superadas, arrastramos también los efectos de las tres principales políticas puestas en marcha para hacer frente a la misma: rebajar el coste salarial, recortar el Estado del Bienestar y una expansión monetaria máxima.
Las dos primeras, la llamada austeridad, han provocado uno de los mayores incrementos en la desigualdad social en nuestro país, con un repunte fortísimo en la tasa de pobreza. Incluso quienes aceptan que no se podía hacer otra cosa, deben reconocer que ahora hay que hacer frente a los efectos de aquellas medidas, entre los que destacan: un retroceso importante en el nivel de renta de las familias, una precariedad laboral creciente, especialmente entre los jóvenes, que supera en mucho la de países de nuestro entorno y un debilitamiento excesivo de las políticas sociales redistributivas que tanto nos costó poner en pie.
La política monetaria expansiva, por su parte, implantada por el Banco Central Europeo y que tanto ha contribuido a eliminar los ataques especulativos contra el euro, permitiendo rebajas sustanciales en las primas de riesgo que llegaron a bloquear las cuentas de algunos países, está provocando ya problemas de rentabilidad al sector financiero europeo, que no sabe gestionar esta situación de tipos de interés próximos a cero y amenaza con prolongarse en el tiempo y generar, otra vez, estímulos artificiales al endeudamiento privado excesivo.
De momento, las nuevas normas de supervisión bancarias están impidiéndolo, pero el desarrollo del llamado sistema bancario en la sombra, al calor de las nuevas tecnologías, puede acabar encontrando una brecha en el modelo.
Terminada la crisis pues, queda mucho por hacer para superar sus graves consecuencias todavía presentes, así como los efectos colaterales negativos de las políticas aplicadas.
Ésa es la realidad que marca nuestro momento económico y social. El panorama tras la crisis requiere hacer mucho, para restañar heridas y reconstruir la cohesión social dañada. Y esto exige un gobierno dispuesto a no quedarse ensimismado por la autocomplacencia y a abordar políticas económicas diferentes a aquellas que nos han traído hasta aquí. Porque no es lo mismo vivir en crisis, que sin crisis. Si el actual Gobierno sigue sin salir de la parálisis inmovilista, ¿aportará el nuevo PSOE a los españoles las soluciones que nos faltan? Veremos.
