Un Gobierno más preocupado por el bienestar de los ciudadanos y el futuro de España que por su propia supervivencia política estaría ahora mismo generando amplios consensos parlamentarios en torno a propuestas sobre las cuatro modernizaciones imprescindibles hoy en nuestro país. Imprescindibles. La transición energética, el salto al conocimiento productivo, la cohesión social y el Estado emprendedor. Es lo que todo el mundo llama ahora crecimiento sostenible e inclusivo, del que estamos demasiado lejos y perdiendo puestos.
Como la situación parlamentaria puede ser una oportunidad en manos de un liderazgo adecuado, me permito sugerir algunas líneas de por dónde debería ir este debate, porque creo que la sociedad civil no puede ser espectadora pasiva en estas horas difíciles en que tanta falta hacen ideas claras y distintas, pero factibles.La lucha contra el cambio climático mediante una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es algo aceptado por gobiernos, organismos internacionales, empresas globales y financiadores internacionales. En España, tanto el Acuerdo de Investidura entre el PP y Ciudadanos, como el anterior entre estos y el PSOE, incorpora la obligación de elaborar una Ley de Cambio Climático y transición energética que, entre otras cosas, garantice el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España, lo que pasa por impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, reduciendo el consumo de combustibles fósiles.
Los errores cometidos en las primas a las renovables, que estamos pagando entre todos, muestran la complejidad del asunto. Pero el Gobierno no puede seguir jugando al despiste sobre sus intenciones respecto al carbón, la nuclear, los incentivos a las renovables y al papel del gas como energía de recambio, ya que, para llegar a los objetivos de 2030, hay que adoptar decisiones ahora que van a afectar a la construcción, al transporte, a inversiones multimillonarias en el sector, al sistema impositivo y al precio de la energía. Seguir sin hacer nada desde el Gobierno respecto a la transición energética es una gran irresponsabilidad.
Iniciada la recuperación económica, aquellas medidas que sirvieron en un momento excepcional para salir de la crisis no pueden ser las mismas que nos permitirán consolidar el crecimiento. Pasar de un modelo de competitividad basado en ser baratos (devaluación salarial interna) a otro en el que aspiremos a competir por hacer las cosas mejor y con más valor añadido, como ya hacen nuestras empresas punteras, exige reorientar la política laboral, impositiva, educativa, de infraestructuras (puertos y corredor Mediterráneo como claves), de digitalización y de I+D+i, en un sentido muy alejado de lo visto en los Presupuestos recién presentados.
Si queremos dar el salto hacia una sociedad (y una economía) del conocimiento, recuperando el terreno perdido frente a países competidores, no vamos por el camino adecuado ni al ritmo necesario. Si, como dicen muchos, nos acercamos a gran velocidad hacia una singularidad histórica, de la mano de la robotización y la inteligencia artificial, seguir sin hacer nada desde el Gobierno para anticiparlo es una gran irresponsabilidad.
Y la lista puede seguir con paro de larga duración, trabajadores pobres, riesgo de caer en exclusión social, universitarios infraempleados, etc. La tesis del Gobierno es que estamos saliendo de una gran crisis y, por tanto, el asunto deberíamos verlo con perspectiva: las cifras mejoran poco a poco, no hay nada especial que hacer salvo esperar a que la recuperación vaya llegando a todos los sectores.
Falso. Primero, porque en el mejor momento económico de España, en pleno boom inmobiliario, seguíamos teniendo unas pésimas cifras relativas en estos asuntos fundamentales de cohesión social, lo que hace pensar que el problema se ha agravado con la crisis, pero no ha empezado con ella ni se resolverá sólo con la recuperación.
Pero, además, porque los dos cauces tradicionales mediante los que llegaba el crecimiento a todos se han roto con las políticas conservadoras aplicadas: la negociación colectiva y las políticas redistributivas del Estado de Bienestar. Existe una gran preocupación internacional por la falta de inclusión social asociada a fenómenos como la globalización o las nuevas tecnologías productivas. Seguir sin hacer nada por adaptar las políticas laborales y sociales a la nueva exclusión en España es una gran irresponsabilidad.
Todo ello exige modernizar un instrumento clave como es el Estado. Mucho más allá del viejo debate sobre público o privado, grande o pequeño, necesitamos un aparato estatal eficiente en la realización de sus tareas esenciales: impulsar un crecimiento sostenible y garantizar la cohesión social (y no sólo territorial).
Hoy, estamos muy lejos de ello y no vemos ningún interés político por caminar hacia ese nuevo estado emprendedor que necesitamos. No lo vemos, ni tan siquiera, en temas clave como la estructura impositiva, la evaluación del gasto público, las reformas en la gestión de los recursos humanos en las administraciones o en sus sistemas de contratación.
Mientras el resto del mundo aprueba cambios sustanciales sobre estos asuntos esenciales, aquí seguimos atrapados, fascículo a fascículo, por los abundantes casos de corrupción que han tenido a lo público como objeto de deseo. Pero seguir sin abordar el camino hacia un Estado eficiente, cuando éste controla más de la mitad del PIB, es una gran irresponsabilidad.
Como ven, en la situación actual de España, el mayor riesgo para los españoles es no hacer nada cuando hay tanto por hacer. Por favor, ¡que alguien se lo explique a Rajoy!