El Sistema Nacional de Salud (SNS), sigue vivo. A pesar de todas las agresiones y desafíos que ha sufrido en la última década, sigue manteniendo un elevado nivel de prestaciones y una apreciable valoración de los usuarios, gracias a los esfuerzos de sus profesionales obligados a hacer lo mismo, con menos recursos. Al menos, esta es la opinión de los expertos (Julián García-Vargas; Ignacio Riesgo y Raimon Belenes) que, con ayuda de Diario Médico, acaban de presentar el Informe «Diez Temas Candentes de la Sanidad Española para 2017», en cuyas conclusiones han participado una veintena de entre los máximos conocedores del asunto.
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Sigue vivo pero, en gran parte, vive de rentas del pasado, de la inercia de los esfuerzos colectivos realizados durante las dos décadas anteriores ya que, en los últimos siete años, se han producido, por primera vez desde que existe el Sistema en su forma actual, disminuciones del gasto real de hasta un 8,6%. El gasto público sanitario sobre el PIB ha disminuido en esta década de crisis, algo inédito en nuestra historia democrática.
De hecho, según las previsiones del Gobierno, hasta 2019 no se recuperará el nivel de gasto de diez años antes. Este severo ajuste a la baja del gasto sanitario público no ha sido, como sabemos, consecuencia de reformas que hayan ido buscando mejorar la eficiencia y la equidad del gasto (la disparidad en la financiación per cápita según autonomías, se ha agudizado) sino de recortes precipitados determinados por Hacienda que se han centrado en lo más fácil y rápido de recortar, incluyendo la congelación de plantillas. El resultado ha sido caótico. Donde más se ha rebajado el gasto ha sido en farmacia pero, con un sistema, incluyendo los copagos, que será difícilmente sostenible sin provocar serios perjuicios al sistema por su rigidez y aversión a la innovación.
El aseguramiento privado complementario, como es lógico, ha subido durante este periodo de congelación de lo público. Sin embargo, según los autores, no hay datos que avalen la idea de que avanza una privatización creciente del sistema público. De hecho, la cifra facturada al sistema público por el sector privado concertado, se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel que antes, representando un porcentaje muy bajo del total del gasto.
Aunque el SNS mantiene, con orgullo, la inercia, lo ocurrido durante estos años le está pasando factura: pierde fuelle, el deterioro en la calidad de la prestación es evidente y los problemas se agravan. La falta de inversión empieza a evidenciarse en obsolescencia tecnológica de los equipos disponibles para diagnóstico y tratamientos (la donación destinada a este fin, procedente de la Fundación Amancio Ortega, es posible que haya arreglado tantos problemas prácticos en unos sitios, como los ha creado en otros, confirmando que no es la vía para resolver nada); el modelo de compra pública sanitaria sigue siendo demasiado lento, inflexible y excesivamente centrado en el precio (también ello manifiesta aversión a la innovación); se consolidan los problemas de gobernanza del Sistema, aquejado desde hace tiempo de una falta de liderazgo y una elevada ausencia de conectividad (desde la tarjeta, hasta experiencias compartidas) y, sobre todo, está bloqueado cualquier intento de desarrollar nuevos modelos de gestión de recursos humanos (en un sector intensivo en mano de obra), aquejado de una elevada temporalidad, a pesar de las posibilidades abiertas por el Estatuto Marco del año 2003 y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Viviendo de rentas y perdiendo fuelle, nuestro Sistema Nacional de Salud, tras una década de recortes está bloqueado para afrontar los nuevos retos. Que no son menores y entre los que merece destacarse cinco: avanzar en medicina preventiva, ahora centrando el foco en la obesidad infantil tras el éxito de la lucha contra el tabaquismo; poner al paciente en el centro del modelo, especialmente al paciente crónico que va a ser mayoritario en breve; abordar la digitalización plena, en la que vamos muy retrasados y que va a ser una autentica revolución en el sector que va a afectar al surgimiento de nuevas profesiones sanitarias, diferente estructura de los departamentos hospitalarios, con un reparto del poder muy diferente del actual y, por último, facilitará nuevos métodos de control de actividades vinculados a la evaluación, la medición y la comparación de resultados.
Muchos de estos retos no existían hace treinta años cuando se creó el Sistema. Pero la mayoría son conocidos y han estado diagnosticados desde hace tiempo generando, incluso, amplios consensos entre los expertos sobre su tratamiento. Sorprende, sin embargo, la ausencia de voluntad política para abordarlos, mientras se dejaba diluir el modelo, por falta de liderazgo, hasta la realidad actual más parecida a un sistema interautonómico que verdaderamente nacional. Con ello, aunque el sistema sigue haciendo razonablemente bien lo que hacía, ha perdido flexibilidad, impulso y liderazgo para adaptarse a los nuevos desafíos planteados por la evolución en paralelo de los pacientes, de la tecnología y de la farmacia. Hoy son otras las dolencias prevalentes y se abordan con otros procedimientos y el sistema está siendo muy lento para transformarse y adaptarse a las nuevas realidades.
Toda una agenda reformista por delante que, tal vez, podría empezar por impulsar un Pacto de Estado centrado en aquellas reformas posibles (financiación, contratación y recursos humanos), pero que ponen en marcha las dinámicas de cambio. Clarificar las relaciones con la provisión privada, sin pretender acabar con ella, debería formar parte de ese Pacto, en el bien entendido que ni está ahí el principal problema del Sistema, ni la solución a nada relevante. Sin embargo, el Gobierno, ensimismado, no parece estar interesado en proponer un Pacto como este que tanto afecta, de verdad, a la gente. Pero, ¿Y la oposición?
