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Esta semana se ha presentado en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que, de aprobarse, lo que no está garantizado, estarán en vigor, en principio, en seis meses. En paralelo, los ministerios han empezado a elaborar papeles para los Presupuestos Generales para 2018, que deberán enviarse al Parlamento a finales de septiembre, de tal manera que, durante medio año, Congreso y Senado estarán ocupados casi en exclusiva en debatir dos Presupuestos Generales del Estado consecutivos. Los gobiernos de Rajoy ya nos tienen acostumbrados a hacer cosas extrañas con los Presupuestos, como aprobar cinco en una legislatura de cuatro años. Pero lo de ahora merece algún análisis adicional, ya que tiene mucho más que ver con la política de partido, la partitocracia, que con las necesidades del país.
¿Hacía falta aprobar un Presupuesto para seis meses? No. Es más, todas las informaciones disponibles apuntaban a que ésa era también la opinión del ministro de Hacienda, que parecía pensar que dado lo difícil (y costoso) de sumar una mayoría suficiente de votos en el Congreso para aprobar unos Presupuestos, mejor concentrar todos los esfuerzos en los de 2018 y continuar este año con los Presupuestos prorrogados con los que ya vamos a vivir los primeros seis meses. Ni la situación económica de España, ni el contenido de los mismos justifican la urgencia de presentar estos Presupuestos de incierta tramitación y de corto recorrido teórico. Unos Presupuestos muy continuistas, en línea con los dos últimos presentados por el PP cuando consiguió las mayorías absolutas, aunque con un fuerte incremento del gasto de defensa a base de seguir recortando la inversión pública. Y todo ello salpicado con cuatro o cinco medidas, más cosméticas que efectivas (¿es razonable, por ejemplo, dar desde los Presupuestos un complemento salarial de 93 euros al mes a los 385.000 jóvenes menores de 25 años empleados con salarios bajos, percentil 1 y 2, mientras hay más del doble de jóvenes que no ingresan nada porque están en paro y sin cobertura?), para que los aliados del Gobierno puedan explicar, ante sus parroquias políticas, su voto favorable.
Tramitar unos Presupuestos que, primero, no parecen estrictamente necesarios desde el punto de vista económico frente a la alternativa de continuar con los prorrogados; segundo, que tampoco son tremendamente innovadores en términos de reformas fiscales o grandes reformas en gasto y que, además, dicen que no tienen asegurada la mayoría suficiente como para ser aprobados, podría considerarse una operación de alto riesgo para cualquier Gobierno. Salvo que lo analicemos en clave exclusivamente política, como una operación impulsada por el presidente Rajoy para desestabilizar al PSOE aprovechando el delicado momento que atraviesa con unas primarias a las puertas. Lo desarrollo.
Supongamos que el Gobierno consigue aunar los apoyos necesarios para que estos Presupuestos sean aprobados. Es decir, que suma una mayoría absoluta de 176 escaños con los votos del PP, C’s, PNV, CC y el diputado de Nueva Canarias presentado en las listas del PSOE. Es posible, ya que el Gobierno está trabajando en ese escenario y Rajoy dijo el otro día que ya tenía el apoyo de «175 diputados y medio». Ese resultado confirmaría, de forma inmediata, que esos mismos votos estaban al alcance del candidato Rajoy en sus investiduras, tanto la fallida de agosto, como la exitosa de octubre. Que era verdad, como dijimos algunos, que existía en el Parlamento una mayoría suficiente que podía respaldarle, sin implicar al PSOE. Pero, entonces, sin embargo, optó por no hacer mucho para conseguirlo (el despiadado ataque al PNV en su discurso de investidura de octubre no fue una casualidad) porque su estrategia era otra: conseguir la abstención del PSOE, aunque ello implicase forzar la dimisión del secretario general. Ahora, resultaría que la abstención socialista no era, como se nos dijo, la única formula para evitar terceras elecciones. Que Rajoy podía haber desbloqueado la situación política del país después de las elecciones del 26 de junio, no sólo habiendo propiciado otro candidato del PP, sino habiendo trabajado durante los cuatro meses que tuvo esta misma mayoría que ahora ha encontrado para los Presupuestos. Esta realidad, que se evidenciará en el debate de totalidad de los Presupuestos los días 2 y 3 de mayo, tendrá su impacto sobre las primarias socialistas.
Pero, supongamos que no consigue la mayoría suficiente y que los Presupuestos son rechazados al final, y con ello, también las medidas incluidas que benefician a algunos colectivos. En ese caso, no duden de que el Gobierno explotará las contradicciones de un PSOE que ha oscilado entre una oposición constructiva capaz de obtener cosas concretas a cambio de su apoyo y el PSOE del «no es no» que, sin duda, se verá durante el proceso de las primarias porque ningún candidato va a exponerse a apoyar al adversario político natural de los socialistas. Entonces, todo lo conseguido por la gestora socialista mediante la operación «abstención por responsabilidad y por contrapartidas concretas», quedaría dilapidado ante la «irresponsabilidad» de dejar a España sin Presupuestos en plena recuperación. Los socialistas volverían a ser los culpables favoritos para Rajoy, a los que preguntará: ¿Por qué apoyaron el techo de gasto a cambio de subir el SMI, y no han peleado por obtener mejoras claras que permitieran su apoyo a los Presupuestos?
Tanto si se aprueban como si no, los Presupuestos 2017 sólo se pueden entender como una jugada política por parte de Rajoy. Que, además, si consigue aprobarlos, le facilitará coger la sartén por el mango ya que, al poder prorrogarlos eventualmente durante el año próximo, le convierte en el dueño del tiempo político al manejar la duración de una legislatura que, dice querer larga, pero, ya se sabe, a Rajoy, al final, las circunstancias o la falta de sentido común de los otros, siempre le obligan a hacer lo que no quiere hacer. Jaque.
