Foto: elmundo.es/LUIS DEMANO
Si yo fuera ministro de Economía, estaría muy preocupado tras conocer el contenido del Informe sobre España 2017 presentado la pasada semana y elaborado por los servicios técnicos de la Comisión Europea. No me quedaría prendido de los breves ditirambos que hace sobre la situación aparente de nuestra economía y prestaría mucha más atención al contundente análisis que presenta sobre los dolorosos efectos secundarios de lo hecho, los costes de las políticas económicas aplicadas pero, sobre todo, intentaría afrontar los graves riesgos que detecta como consecuencia de la clamorosa inacción del Gobierno en los asuntos fundamentales que están condicionando la continuidad de la recuperación y nuestro bienestar futuro como sociedad.
La lectura de estos riesgos representa toda una carga de profundidad sobre un gobierno paralizado, que cree que lo ha hecho todo tan bien que ya no hace falta hacer nada más, salvo asuntos rutinarios como aplicar la legislación europea pendiente, por ejemplo, en crédito hipotecario o en regulación de la estiba portuaria.
En el capítulo de los costes de las políticas de austeridad implantadas el informe de la Comisión no ahorra dureza en su valoración: «La desigualdad en la distribución de la renta aumentó durante la crisis y es una de las más elevadas de la UE». Y luego detalla, «la desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria también ha aumentado», «la pobreza infantil siguió siendo elevada debido a la situación de los padres en el mercado laboral y al débil apoyo a las familias» así como «la pobreza de las personas en situación de empleo siguió aumentando». Y, además, «el gasto social se estabilizó en 2014 después de cuatro años de disminución y su eficacia es baja». Por último, «la tasa de desempleo y la de desempleo de larga duración siguen siendo muy elevadas (18,6% y 45,9% respectivamente)».
Es decir, la política llamada de devaluación interna (reforma laboral para permitir despidos más baratos, contratos precarios y rebajas salariales), complementada con recortes en los gastos redistributivos (austeridad presupuestaria), han formado un cóctel explosivo sobre los derechos y la igualdad social de los españoles. Aunque pensemos que ha sido una política inevitable, la «única posible» dada la situación y, por tanto, que ha tenido efectos positivos sobre la reconducción de los desequilibrios macroeconómicos derivados de la crisis, no podemos por menos que reconocer, como hace la Comisión, que sus efectos secundarios han abierto importantes brechas sociales que, ahora, superado aquel momento, deberíamos empeñarnos en coser con la mayor celeridad revirtiendo las medidas que han provocado tanto dolor y rotos entre españoles.
Pero el capítulo de los riesgos de la actual recuperación es, sin duda, lo más relevante del informe. Podemos agruparlos en cuatro: el primero, «el endeudamiento de la economía sigue siendo elevado» aunque ha venido disminuyendo desde mediados de 2014 y «expone al país a cambios en la confianza del mercado» sobre todo si, como parece, afrontamos un ciclo de endurecimiento de las condiciones monetarias del BCE. El segundo de los riesgos señalados dice que «parte de la mejora de la balanza por cuenta corriente se ha debido a factores transitorios» como la caída en el precio del petróleo, la depreciación del euro o la todavía baja tasa de inversión de la economía española que ha mantenido transitoriamente bajas, también, las importaciones. En tercer lugar, señala el informe que «España afronta altos riesgos en lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo» sobre todo, porque existe «una amplia brecha en materia de IVA y de impuestos medioambientales».
Sin embargo, el riesgo principal, a mi entender, de los apuntados por la Comisión es el relativo a que «el incremento de la productividad se mantiene moderado». Sobre todo, porque «las recientes mejoras en la competitividad son imputables a la moderación salarial y no al crecimiento de la productividad». Es decir, en un contexto de nuevas subidas salariales, mejorar la productividad es lo único que puede permitirnos mantener las mejoras logradas en competitividad exterior. Y son varios los factores que explican la baja productividad de nuestra economía y su mera enumeración representa una enmienda de totalidad a la política económica y presupuestaria llevada a cabo estos últimos años. Veámoslo: «el uso extendido de los contratos temporales afecta negativamente al incremento de la productividad», «las deficiencias de los resultados del sistema educativo obstaculizarán incrementos de la productividad en el futuro», «el entorno empresarial dificulta una asignación eficiente de los recursos y el incremento de la productividad», «el marco de la contratación pública no fomenta la eficiencia» y, por último, «el rendimiento de la innovación sigue bajo (…) por un complejo marco de gobernanza y la falta de una cultura de evaluación». Ademas, «la proporción de empresas innovadoras de elevado crecimiento sigue siendo baja» y «los avances en la integración de las tecnologías digitales se ven ralentizados por la baja utilización de Internet y la escasez de competencias digitales», así como que «persisten restricciones a la competencia especialmente en el sector de los servicios».
Nada de esto suena a nuevo, ni a desconocido, para el lector habitual de esta columna y se puede ampliar mucho más en el informe cuando entra a analizar las políticas sectoriales o cuando afirma, de manera contundente, cosas como que «en España no existe una política de contratación pública coherente» (sic). Nadie sensato puede dejar de reconocer que «España ha emprendido un ajuste sustancial en lo que se refiere a los flujos». Pero nadie responsable debe quedarse inerte ante una descripción tan preocupante de los costes asumidos y de los riesgos de futuro que afrontamos como país, ni ante una crítica tan demoledora de lo no hecho por el Gobierno durante estos años. Lean, lean el informe de los técnicos de la Comisión Europea.
