Foto: elmundo.es/TOÑO BENAVIDES
En un país con la mitad de sus jóvenes sin trabajo y con 4.237.800 personas, casi el 19% de su población activa, en paro, no debería resultar extraño ver, como hemos visto en España el pasado fin de semana, a sus principales centrales sindicales manifestándose en la calle en favor de un empleo y un salario dignos. La pregunta es: ¿existe alguien que defienda un empleo y un salario indignos? Y la verdad es que he llegado a la conclusión de que sí. Que en España, algunos, han llegado a confundir tanto su propaganda con la realidad, han llegado a creerse tanto sus propias consignas partidistas, que resultan peligrosos defendiendo hoy la literalidad de una reforma del mercado laboral realizada en plena crisis y con la economía intervenida por el rescate financiero, como el bálsamo de Fierabrás. Incluso, como la única explicación de la recuperación actual de la economía, olvidando cosas tan obvias como que otros países europeos se han recuperado antes que nosotros sin necesidad de efectuar un desmantelamiento de derechos laborales tan radical e intenso como el realizado aquí por el gobierno de Rajoy.
Mi lectura de la reforma laboral del PP es muy distinta de la visión hegemónica entre nuestra élite. Empezando porque fue mucho más allá, en su furor ideológico conservador, de lo que estaban demandando los propios empresarios en ese momento. Recordemos que la reforma rompe de forma abrupta un diálogo social entre patronal y sindicatos que estaba llevando ya la moderación salarial a las negociaciones colectivas, con una banda de subidas del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013 y 2014, modificando el acuerdo firmado para 2010/2012. La negociación entre los interlocutores sociales estaba funcionando y se estaba traduciendo, aunque despacio, en esa moderación salarial que la situación de crisis requería.
Fueron, pues, los agobios, no del país, sino del nuevo Gobierno popular con mayoría absoluta al que la prima de riesgo se le disparó en las primeras semanas hasta los 600 puntos antes de verse obligado a tragarse un rescate financiero impuesto por la Troika, los que forzaron una reforma laboral de signo thatcheriano que rompe los equilibrios en la negociación colectiva y deposita todo el poder de decisión sobre las condiciones laborales en manos del empresario, convertido en fiscal, juez y parte.
Se podría argumentar que la situación entonces era muy delicada, los riesgos de ser intervenidos como país muy elevados ,y que el partido recién llegado al Gobierno no tuvo más opción para salvar a España que imponer una reforma salvaje de las relaciones laborales. Bien. Se entiende. Es discutible, pero se entiende. Puede no compartirse, pero se entiende. Nos vimos obligados a hacerlo en una situación excepcional para evitar males mayores es, siempre, un argumento defendible. Pero el correlato es que, superada esa situación excepcional, se debe volver a reformar la reforma, limando, al menos, aquellos aspectos más vidriosos que, acordes con una situación anómala, no pueden seguir manteniéndose en otra normal.
Esta línea de razonamiento puede apuntarse, incluso, al cambio experimentado por la situación económica y decir: había una crisis, adoptamos unas medidas duras y gracias a ello estamos saliendo de la crisis. Es mas discutible, incluso, que lo anterior, porque otros muchos países similares han salido antes sin medidas laborales como las nuestras, pero es defendible: gracias a esas reformas excepcionales, estamos saliendo de la recesión. Pero, también aquí, el correlato sería que ahora que ya hemos salido de aquella situación, hacen falta medidas laborales diferentes, reformar la reforma para, precisamente, consolidar la actual recuperación basada ahora en el consumo interno mucho más que en la exportación. Ambas líneas de pensamiento pondrían en contexto la reforma laboral de 2012, incluso resaltando su valor, pero aceptando su carácter temporal, de excepcionalidad en un momento excepcional. Y, por tanto, aconsejarían abordar ahora una reforma de esa reforma.
El problema, claro, es cuando se absolutiza la reforma como algo bueno per se y, por tanto, intocable. Como ha funcionado, no lo toquemos, en lugar de: nos vimos obligados a hacerlo en una situación excepcional, pero podemos corregirlo ahora que ya hemos vuelto a una situación normal. Y ahí es cuando se demuestra que algunos,sí parecen estar defendiendo, como normal, unos empleos y salarios indignos, porque esto es lo que nos está dando hoy esa reforma laboral que se quiere convertir en una especie de brazo incorrupto de Santa Teresa.
Porque es imposible no relacionar con esta reforma laboral el incremento de desigualdad y pobreza producido en España, como denuncia esta misma semana la Comisión Europea; o el profundo pesimismo que se ha instalado en una sociedad que, según el CIS, cree en un 60% que la situación económica es mala o muy mala y que dentro de un año seguirá igual; o el aumento en la precariedad laboral; o la aparición de trabajadores pobres. El actual ciclo de crecimiento no viene más cargado de empleos que los anteriores, pero sí viene con mayor precariedad laboral. Y ello puede poner en peligro una recuperación incierta que se basa en el consumo de las familias, que depende de su renta. Por tanto, incluso para los que creen que la reforma fue inevitable y acertada, mantenerla es un error. Como pretender mantener un estado de excepción, cuando han desaparecido las causas que lo pudieron motivar. Un error peligroso.
Defender empleo y salarios dignos hoy, en España, sólo es posible si estamos dispuestos a cambiar la reforma laboral para, sobre todo, recuperar el papel de la negociación colectiva y lograr, así, la flexibilidad que necesitan nuestras empresas globalizadas; no precarizando, sino a cambio de pactar mejores condiciones laborales. Pero, para conseguirlo, no es suficiente con manifestaciones callejeras. Hace falta, sobre todo, mayorías parlamentarias que quieran y que puedan cambiar las cosas. De eso va la política democrática.
