Continúa provocándome sonrojo el desparpajo con el que Rajoy habla, con admiración, de las «reformas» llevadas a cabo en su anterior mandato. Créanme que conozco lo que son las guías de campaña electoral, pero mantener el eslogan cuando son medidas adoptadas bajo una mayoría absoluta felizmente enviada por los electores al desván de la historia demuestra que, tal vez, ha llegado a creerse sus propias consignas. Y eso, sería grave. Por tanto, me propongo ayudar al presidente en su relación con la realidad repasando otra versión de sus famosas reformas de las que sólo me salen cuatro: una, no hecha; otra, impuesta desde fuera mediante un rescate negado; y otras dos que han provocado la mayor desigualdad y pobreza de la historia reciente de España. De eso hablamos.
Foto: elmundo.es/JAVIER OLIVARES
Una de las reformas más urgente en España, la presupuestaria, sigue pendiente. Desde 2011, se ha incumplido el objetivo de déficit todos los años (¿recuerdan que Rajoy prometió en su investidura que alcanzaríamos el 3% en 2013?), la deuda pública ha subido 20 puntos de PIB, el modelo de financiación autonómica continúa sin tocarse, los impuestos son los mismos (se han subido o bajado, sin reformarlos) y la estructura de gastos es la misma (aunque algunos se han recortado) y todavía sin análisis de eficiencia. La reforma financiera, hecha, vino impuesta tras seis meses en los que el nuevo gobierno no supo sacarse la pasta de las manos, encallados con Rato al frente de Bankia, mientras la prima de riesgo se multiplicaba por tres. Les aseguro que no existe ningún país no rescatado que tenga firmado con la Troika un Memorandum of Understanding (MOU). Y España lo tiene: a cambio de un generoso préstamo se obligó al gobierno a emplear dinero público en salvar bancos, a crear la Sareb y a otras medidas que no quería hacer y que supervisan los hombres de negro. Rescate. Financiero, pero rescate.
La tercera reforma que me sale es la de las pensiones. Impuesta unilateralmente por la mayoría absoluta del PP contra el resto de fuerzas políticas y sociales, consiste, se mire como se mire, en recortar las pensiones: si antes un pensionista cobraba 80 por cada 100 unidades contribuidas a lo largo de su vida laboral con derecho a mantener su poder adquisitivo, ahora recibiría sólo 70 y con pérdida de poder adquisitivo, como veremos a partir de este año en cuanto la inflación supere el 0,25%. Y, a pesar de ello, han agotado el cuantioso Fondo de Reserva heredado y la Seguridad Social ha visto cómo se disparaba su déficit como consecuencia de otras medidas adoptadas en el mercado laboral hasta un histórico 1,5% del PIB. No sé, pero si todos los partidos han acordado convocar el Pacto de Toledo para revisar el desaguisado realizado, no parece que sea una reforma de la Rajoy deba sentirse orgulloso.
La joya de la corona parece que es, para Rajoy, la reforma laboral. Aprobada en febrero de 2012, sin dar tiempo a que la negociación en marcha entre los interlocutores sociales diera sus frutos, fue mucho más lejos de lo que estaban pidiendo los empresarios. De hecho, la reforma laboral de la que tanto presume el presidente ha sido, sin duda alguna, el mayor desmantelamiento de derechos laborales de los trabajadores en un país de la Unión Europea desde las medidas de Thatcher a mediados de los 80.
HACE FALTA UNA PROFUNDA REFORMA DE LAS REFORMAS SI QUEREMOS QUE LA RECUPERACIÓN SE CONSOLIDE Y, SOBRE TODO, QUE LLEGUE A TODOS LOS ESPAÑOLES DE MANERA EQUITATIVA.
Nunca, desde entonces, ningún país democrático había roto de manera tan brutal el equilibrio social alcanzado, quitando a los trabajadores tanta capacidad negociadora y dotando a los empresarios de tanto poder unilateral a la hora de decidir las condiciones del contrato laboral. El resultado inmediato de la reforma fue el siguiente: más de un millón de trabajadores despedidos, aprovechando las mayores facilidades y menores costes para ello, la máxima precariedad laboral de nuestra historia, y un brusco descenso de los salarios que ha golpeado a la baja los ingresos familiares. Unos llamaron a eso devaluación interna, y otros, la mayor desigualdad social provocada por una medida política en la democracia española. Tan grande fue el furor liberal del gobierno que los tribunales tuvieron que enmendar una parte de sus medidas reformistas.
El resto, sin embargo, tendrá que ser corregido en esta legislatura porque ningún otro partido político del arco parlamentario, ninguno, defiende unas medidas tan extremistas como ésas de las que Rajoy se siente orgulloso.
Hace falta mucha imaginación y poco rigor para atribuir a esa reforma laboral el mérito principal de la recuperación económica iniciada dos años después de aprobada. Sobre todo teniendo más a mano otras causas explicativas más acertadas, como la nueva política monetaria llevada a cabo por Draghi desde el Banco Central Europeo a partir de mediados de 2012. Ha sido el verdadero artífice del fin de los ataques especulativos contra el euro, con la consiguiente repercusión sobre las primas de riesgo nacionales y del inicio de la recuperación europea. O, más recientemente, la caída del precio del petróleo. Y siempre, siempre que la economía crece, se crea empleo, aunque nunca, nunca tan precario como ahora.
Hay una amplia mayoría parlamentaria, y por tanto de ciudadanos, que está más cerca de esta visión B de las reformas del PP que de la imagen idílica que presenta Rajoy. Pero, en todo caso, incluso si aceptamos que algo de positivo han tenido, incluso si aceptamos que fue inevitable hacerlas en las circunstancias en que se hicieron, hay que reconocer que tienen un coste social tan elevado que, necesariamente, hace falta una profunda reforma de las reformas si queremos que la recuperación se consolide y, sobre todo, que llegue a todos los españoles de manera equitativa. Por tanto, reformar profundamente las reformas hechas es algo… de sentido común. Al tiempo.
