El ministro Montoro negocia, en una sala del Congreso, cómo rebajar, para 2017, 5.000 millones de euros en el techo de gasto no financiero de las Administraciones. Mientras, en otra de las salas, se discute la propuesta de la ministra Báñez para incrementar en 25.000 millones de euros el gasto presupuestario de la Administración Central, si consiguen trasladar parte de lo que ahora financia la Seguridad Social. Así está la cosa.
Muchos lectores pensarán que da un poco lo mismo que una prestación concreta la financie la Seguridad Social o que lo haga el Estado Central. Pues no. En primer lugar, porque si el gasto lo efectúa la Seguridad Social no computa a efectos del cálculo del techo de gasto, tal y como recoge el artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicho de otra manera, transferir, como propone el PP, a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de las bonificaciones al empleo (1.900 millones), las pensiones de viudedad (21.000) y de orfandad (1.810), entre otras, puede representar un alivio a las deterioradas cuentas de la Seguridad Social. Aunque, a su vez, representaría una importante presión sobre las delicadas cuentas de la Administración Central. Además, de aceptarse la propuesta, dichas prestaciones podrían ver alterado su actual carácter contributivo, al dejar de estar financiadas por los trabajadores mediante cotizaciones sociales y pasar a hacerlo por impuestos generales del Estado.
El principal problema de nuestras pensiones, como se ha repetido, es de insuficiencia de ingresos y no tanto de qué estructura administrativa las paga. Aunque agotemos los importantes márgenes existentes para mejorar a corto plazo los ingresos de la Seguridad Social sin subir cotizaciones, a medio plazo necesitaremos dedicar más recursos totales al sistema, si no queremos seguir con la senda iniciada por las últimas reformas de recortar prestaciones. Nuestra pensión media está, todavía, tan alejada de la media europea que es difícil defender que sean generosas. A medio plazo, conforme cambiemos el modelo de competitividad y nuestros salarios vayan aproximándose a la media de la Eurozona, se podrá plantear seguir aproximando, también, la tasa de sustitución entre el último salario cobrado y la primera pensión recibida. Pero no antes.
Por tanto, la cuestión ahora no es quién paga, si la Seguridad Social o el Estado, sino de dónde sacamos más dinero, en conjunto, para pagarlo. Ése es, precisamente, el sentido de otras propuestas que se verán también en la Comisión del Pacto de Toledo, para crear un nuevo impuesto finalista que, actuando como una cesta que recargue otros impuestos existentes, genere nuevos recursos adicionales al sistema y obtenidos, además, de una manera más equitativa al vincularlos a la riqueza general del país y no sólo al salario de quienes trabajan.
Pero no es ésta la única partida que presiona al alza el techo de gasto presupuestario del Estado. Si queremos que la recuperación económica llegue a todos, en algún momento tendremos que recuperar los niveles previos a la crisis en gasto sanitario, educativo, dependencia, protección social, inversión pública e innovación, entre otros, superando la estrategia de los recortes. El impulso de nuestra economía y la modernización de nuestro país requieren mejor gasto público pero, también, mayor gasto público. Resultan encomiables las propuestas de recortar burbujas burocráticas y costes políticos. Pero seamos conscientes de que no hay tanta grasa como se dice (aunque tampoco se haya hecho tanto con la supuesta reforma de la administración publicitada por el Gobierno).
En la recién inaugurada legislatura, una estrategia presupuestaria sensata, articulada desde la necesidad de país y no desde los intereses de partido, no puede seguir insistiendo en bajadas impositivas. Las últimas que hemos conocido, siempre antes de elecciones, han tenido consecuencias desastrosas sobre el déficit público, situándonos bajo la amenaza de una multa comunitaria por incumplimiento reiterado del objetivo anual. Antes, hay que partir de la necesidad de converger al alza con la Eurozona tanto en gasto público (nos separan cinco puntos de PIB), como en ingreso público (estamos seis puntos por debajo), ya que tener un estado más pequeño no nos está haciendo más eficaces, ni mejores que ellos.
Ello exigirá una reforma en profundidad del gasto público, donde sea más importante el análisis de su eficiencia que el monto total (todo gasto que no cumple con sus objetivos establecidos, sobra) y donde los presupuestos se revisen anualmente en base a informes que evalúen el impacto real de cada partida y el nivel de necesidad del mismo. Por el lado de los ingresos es imprescindible un cambio radical de enfoque, partiendo de que aquellos que pagan, ya pagan suficientes impuestos en España, pero que tenemos un serio problema con quienes no pagan (fraude) o quienes no pagan todo lo que deberían pagar (elusión). Por tanto, es necesario reforzar los planes de lucha contra el fraude fiscal, prohibiendo nuevas amnistías, reforzando los recursos y la independencia de la Agencia Tributaria y mejorando su coordinación con la inspección laboral y la fiscalía. Por último, hay que incrementar la contribución que a las cargas generales del Estado realizan quienes tienen mayor capacidad de pago (como dice la Constitución) en función, no sólo de sus rentas anuales, sino también de su riqueza total, acumulada o heredada.
Mientras el debate político quede encerrado en más recortes, traslado de gastos y rebajas de impuestos, se podrán ganar investiduras, pero a costa de poner en riesgo el futuro del país y su sostenibilidad social.
