Todo el empleo asalariado creado durante el tercer trimestre de este año ha sido temporal. A veces por horas, a veces por días. ¿Es esto verdadero empleo? La EPA dice que sí. Pero, ¿qué dice el sentido común? Sí, sí, ya sé que es peor estar en paro. Sobre todo, si con el cambio aprobado en la regulación se deja fuera de cobertura a más de la mitad de los parados, especialmente los jóvenes que es donde se concentra la mayor tasa de desempleo. Entonces, ¿estamos condenados a elegir entre paro o precariedad? Para muchos, sí. La crisis financiera de 2008, la globalización y la revolución tecnológica, nos situarían en sociedades fluidas donde la única certeza sería el fin del trabajo estable. Sin embargo, incertidumbre asociada al cambio no es lo mismo que precariedad. Salvo que así lo quieran quienes tienen capacidad para adoptar decisiones legales.
Sumando parados, temporales y a tiempo parcial involuntario, más de la mitad de la fuerza laboral en España se encuentra en situación precaria, lo que incluye tener que hacer más de seis millones de horas extraordinarias que ni se retribuyen, ni se compensan. Y la otra mitad de los activos ha visto cómo sus derechos se reducían, junto con sus salarios y su capacidad negociadora frente a los empresarios. Por ello, hemos visto aparecer la categoría de «trabajador pobre», impensable hasta hace poco. ¿Se puede generar confianza e ilusión en un país después de provocar una ruptura social tan importante?
Según la última EPA, todavía hoy trabajan menos personas que al comienzo de la primera legislatura de Rajoy. Trabaja menos gente y menos horas en total. De hecho, el empleo que se está creando ahora (y del que tanto presume el Gobierno) apenas sí compensa el que se destruyó durante 2012 y 2013 como consecuencia de las excesivas políticas de austeridad aplicadas. Pero aún estamos con una insoportable tasa de paro. La pregunta es: ¿vamos a seguir precarizando el mercado laboral como única fórmula para crear, al menos, los dos millones de empleos que faltan hasta situarnos en el punto anterior a la crisis? ¿Consolidaremos la opción política de convertir a España en un país barato y con grandes desigualdades, para mejorar nuestra competitividad internacional? ¿Todos los trabajadores en precario, es lo que se nos propone?
La apuesta, cuando se ensoñaba desde el Gobierno con que las exportaciones nos sacaran adelante mediante lo que se llamó la devaluación interna, podría tener sentido económico. Pero, ahora, cuando ya es obvio que el crecimiento español vuelve a estar vinculado a su consumo interno, insistir en las fórmulas de precariedad laboral sería un sinsentido técnico, además de un error político. Como dijo Draghi, necesitamos que los salarios vayan subiendo y eso exige revisar la reforma laboral que ha permitido deteriorar el mercado laboral español hasta niveles contraproducentes. Social, económica y políticamente.
Durante toda la etapa democrática y tras la crisis del petróleo de mediados de los años 70 del siglo pasado, España ha tenido una incapacidad estructural para crear todo el trabajo que necesitábamos. De hecho, excepto en los años del boom inmobiliario, siempre hemos tenido una tasa de paro muy superior a la media europea. Nuestro aparato productivo, desde hace varias décadas, no ha sido capaz de generar empleo al mismo ritmo que crecía la población activa. Eso, y no otra cosa, explica nuestro retraso relativo, en términos de renta per cápita, respecto a otros países europeos. El problema diferencial del paro en España se ha querido ver sólo como síntoma de un mercado laboral deficientemente regulado y con demasiado peso, todavía, de ordenanzas franquistas. Sin embargo, después de más de veinte reformas, incluyendo varias de mucho calado, resulta difícil seguir defendiendo que el problema del elevado y persistente paro en España se resuelve desregulando más la forma en que se contrata y se despide. Y no digo que ello sea irrelevante. Pero en los últimos cuarenta años se ha creado mucho empleo y se ha destruido también mucho, con todo tipo de regulación laboral. Tanto es así, que parece fundado decir que nuestro problema de empleo tiene más que ver con la estructura productiva que con la legislación laboral. Tenemos problemas con nuestras normas laborales, sobre todo, para facilitar la exigible flexibilidad interna en las empresas pero tenemos, todavía más, un problema de aparato productivo y de modelo de crecimiento económico que no se puede resolver abaratando más el factor trabajo.
Más nos vale tomar conciencia de ello: el principal problema económico de España es su deficiente aparato productivo privado, trufado de muchas grandes empresas internacionalizadas y perfectamente alineadas con los mercados mundiales, pero todavía más con un peso excesivo de otras empresas, demasiado pequeñas, con escasa formación profesional y empresarial y muy baja incorporación de innovación y de nuevas tecnologías digitales, lo que las convierte en poco productivas. Así, junto a un capitalismo nómada, acostumbrado a competir a escala mundial por el valor añadido que incorporan, tenemos un gran capitalismo sedentario, aposentado en sectores de baja productividad, elevada estacionalidad y propenso a buscar el calor protector de la regulación estatal, incluyendo el abaratamiento de costes laborales, como principal instrumento de competitividad. Trabajadores precarios es lo que necesitan estos últimos. Trabajadores formados, creativos y bien pagados, es la apuesta de los primeros. ¿Por cuál de estos dos caminos incompatibles llevará al país el nuevo Gobierno? ¿Insistirá en una salida en falso de la crisis? De nuevo, el pasado no puede ser la guía para el futuro. Esperemos.
