Puede ser casualidad. Pero esta semana han coincidido en Madrid los miembros del FMI encargados de elaborar el Informe sobre España junto a los representantes del BCE y de la Comisión Europea que deben supervisar el cumplimiento de nuestros compromisos respecto al déficit público. A partir de este dato cierto, déjenme que mencione algunas reflexiones sobre la complicada situación presupuestaria de nuestro país.
Empezando por constatar una obviedad pero que, a menudo, se olvida: gozamos de una soberanía limitada. El margen nacional para decidir de forma autónoma nuestra política de ingresos, gastos, déficit y deuda publica, no es total. Existe, pero tiene dos fuertes restricciones exteriores: una deriva de nuestra pertenencia a la Unión Europea y, en especial, a la Eurozona que, a cambio de beneficios como el rescate financiero de 2012, impone obligaciones que se deben cumplir o, cuanto menos, negociar. Y otra, no menos relevante: mientras nuestra economía esté involucrada en la economía global y tengamos necesidad de atraer inversiones extranjeras y, sobre todo, necesitemos refinanciar nuestra importantísima deuda externa, la opinión de los «mercados financieros internacionales» será de gran importancia para nuestro desempeño.
Constatamos, en segundo lugar, que España sigue teniendo, ocho años después del estallido de la crisis mundial de 2008, el mayor déficit público de la Eurozona. Mientras otros países ya han regresado a niveles de déficit por debajo del 3% del PIB exigido, el impacto de la crisis sobre nuestros ingresos y gastos públicos ha sido de tal magnitud que seguimos muy encima. En los últimos años hemos incumplido sistemáticamente los diferentes objetivos anuales acordados y, por eso, están aquí los hombres de negro, para supervisar nuestra gestión presupuestaria aquejada de una fuerte desconfianza externa. La experiencia demuestra que nuestro déficit depende mucho más de la evolución de los ingresos públicos que de los gastos y, con la crisis, los ingresos se desplomaron entorno a un 20% sin que la recuperación lánguida que vivimos recientemente haya sido, de momento, suficiente como para recuperar los niveles anteriores. Si esto es así, ni el gran déficit de 2011 se produjo por culpa de un Gobierno manirroto, ni la reducción del déficit desde entonces ha sido posible gracias a la austeridad y a los recortes del gasto. No digo que ambas cosas no influyan, pero no son tan determinantes como se dice.
España tiene un importante problema de ineficiencia de su gasto público, pero no tanto de cuantía, ya que seguimos estando por debajo de la media de la Eurozona. Sin embargo, los ingresos públicos tienen un problema claro de insuficiencia que, además, lo es también de equidad si tenemos en cuenta el elevado nivel de fraude fiscal y de deducciones/ bonificaciones que rebajan, de forma asimétrica, los ingresos totales. Sólo con una significativa reducción sostenida del fraude y de los gastos fiscales, los ingresos subirían hasta eliminar el déficit actual, sin incrementar la presión a los que ya pagan todo lo que deben.En tercer lugar, si analizamos la reducción experimentada por nuestro déficit público desde 2011 hasta el 5% del PIB con que cerramos 2015, casi todo el esfuerzo de reducción lo han realizado las CCAA. Los datos son testarudos: la Administración central tenía un déficit conjunto del 3,2 en 2011 y del 3,8% al concluir 2015, sobre todo, porque se ha disparado el déficit de la Seguridad Social hasta los 19.000 millones de euros este año. Mientras, las CCAA que partían del 5,1% lo han reducido hasta el 1,6% en cuatro años a base de recortes en sanidad, educación y políticas sociales que configuran el grueso de sus gastos. Esta realidad afecta, de manera clara, a lo que nos queda por hacer en los próximos años ya que si queremos seguir reduciendo el déficit público hasta situarlo claramente por debajo del 3% del PIB, habrá que actuar más sobre los ingresos y deberá ser tarea principal del Gobierno central que es quien más retrasado anda en los ajustes.
Dicho de otra manera, y valga como cuarta reflexión, tendremos que hacer todo lo contrario de lo hecho por el Gobierno en el último año cuando, por razones estrictamente electorales, acordó una rebaja del IRPF por una cuantía equivalente a los ajustes que nos quedan por hacer para este año y el siguiente. La Comisión nos exige recortes importantes, a cambio de habernos perdonado la multa por el incumplimiento del déficit en 2015, que hubieran sido innecesarios si el Gobierno no hubiera decidido, justo antes de las elecciones, una rebaja del IRPF. Esto, como la chapuza efectuada con los adelantos del Impuesto de Sociedades para corregir un error previo y mejorar los ingresos de este año, no deja de ser un parche que sólo demuestra lo desnortada que ha estado nuestra política tributaria. Como ven, nada de ello tiene que ver con que el Gobierno haya estado en funciones, sino con decisiones que adoptó antes de estarlo.
Como apunte final, nuestras finanzas públicas tienen un serio problema de equidad y de sostenibilidad a medio plazo. En concreto: recuperar, en cuantía de prestación y en calidad de la misma, los niveles previos en servicios públicos esenciales como sanidad, educación, dependencia; reforzar la inversión pública, situada hoy a la mitad que antes de la crisis; mejorar la cobertura del desempleo, como pieza esencial de un plan estable de lucha contra la pobreza; reactivar las políticas activas de empleo y hacer frente al desequilibrio de nuestro sistema de pensiones. Aunque sean asuntos que van más allá de los intereses a corto plazo de los hombres de negro, son decisivos para ahormar nuestra convivencia futura como país. Así de seria es la cosa.
