La Unión Europea ha decidido suspender la gestión presupuestaria del gobierno Rajoy de dos maneras: aprobando una multa (cuya cuantía puede acabar siendo simbólica) por incumplir en 2015 el objetivo de déficit público e imponiendo nuevos recortes del gasto público para asegurar que se cumplen los compromisos adquiridos para el futuro, sobre todo, después de que la Autoridad Fiscal Independiente ya haya avisado de otra importante desviación este mismo año.
Parece que Bruselas ha querido criticar la gestión presupuestaria del PP y expresar su desacuerdo con que Rajoy decidiese anteponer los intereses electorales de su partido con una electoralista rebaja fiscal de última hora que es, precisamente, la que más ha contribuido a agrandar nuestro agujero fiscal en 2015, a pesar de que el crecimiento económico superó lo previsto.
Si analizamos brevemente los grandes números presupuestarios de la primera legislatura Rajoy, podemos extraer las siguientes conclusiones directas:
- Aunque el déficit público total se ha reducido cuatro puntos de PIB, seguimos siendo el país del euro con mayor déficit y en el que más ha crecido la deuda hasta alcanzar el récord del 100% del PIB.
- La reducción del déficit se ha debido, sobre todo, al cambio cíclico producido en la economía, tras la aplicación de las nuevas medidas monetarias por parte del Banco Central Europeo, que ha pasado en todos los países de una profunda crisis a una moderada recuperación.
- Las Comunidades Autónomas son las que han hecho un mayor esfuerzo de reducción del déficit público. La idea de unas autonomías manirrotas frente a un austero gobierno central es, sencillamente, falsa.
- La política de reducción del déficit ha incluido: la mayor subida de impuestos de la democracia española; una importante reducción del gasto social y un insostenible recorte de la inversión pública. Otros países, que han hecho iguales o mayores ajustes presupuestarios, han optado por recortar otros gastos o subir otros ingresos.
- La Seguridad Social no ha hecho más que incrementar su déficit, a pesar de haber aprobado una reforma que reduce el gasto en pensiones y a pesar de que se ha utilizado más de la mitad del Fondo de Reserva que dejó el gobierno socialista. Tampoco esto es cosa de la casualidad: la reforma laboral del PP, el modelo impuesto de devaluación salarial y las ineficaces medidas de fomento del empleo mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales han llevado a que hoy, cada nuevo afiliado genera muchos menos ingresos a la Seguridad Social que antes. El problema, por tanto, no se resuelve solo creando más empleo, si lo que se crea es empleo precario y mal pagado.
- Las desviaciones recientes del déficit público español, aquellas que generan el enfado de nuestros socios, se han debido exclusivamente a mala gestión gubernamental y a decisiones electoralistas del Gobierno.
La herencia presupuestaria que recibirá el próximo gobierno va a ser extremadamente complicada. En medio del descrédito internacional por la deficiente gestión de su antecesor, tendrá que:
- Pactar con Bruselas una nueva senda de estabilidad que incluya: reducir la cuantía de la multa; reconocer que no podremos situar el déficit por debajo del 3% del PIB antes de 2018 y negociar la no imposición de nuevos recortes sociales.
- Elaborar unos Presupuestos para 2017 que incluyan: reconocer que no son posibles, ahora, las ensoñaciones electoralistas sobre bajadas impositivas; aceptar la necesidad de empezar a revertir los recortes en Sanidad, Educación, Dependencia y Políticas Sociales, que tanto han fracturado a nuestra sociedad; recuperar una política estable de inversión pública dirigida a estimular un cambio en el modelo productivo y aprobar nuevas medidas que aborden, de manera urgente, la situación inaceptable de pobreza extrema en que han caído tantos miles y miles de conciudadanos.
- Presentar, para su negociación en el Pacto de Toledo, un plan de salvamento de nuestra Seguridad Social. El problema de las pensiones depende, a corto plazo, de la calidad del empleo creado y, a medio, del evidente proceso de envejecimiento de la población española. Y no puede abordarse a base de seguir recortando las prestaciones, sino que debe abrirse el cajón de los ingresos, sin excluir nuevas fuentes impositivas de financiación.
- Negociar y aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, retrasado dos años por intereses partidistas del gobierno anterior, que no solo garantice la suficiente financiación a las CCAA para desempeñar sus competencias constitucionales sino que permita blindar la financiación de políticas tan básicas como la sanidad, la educación, la dependencia o las ayudas sociales.
- Recuperar la confianza y la credibilidad en nuestras cuentas públicas mediante: un verdadero plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; la generalización de medidas de análisis de la eficacia del gasto público y el fortalecimiento de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En el fondo, en materia presupuestaria, el próximo Gobierno deberá hacer una enmienda de totalidad a lo que ha sido la gestión durante el periodo 2012/2016. Deberá, por tanto, estar dispuesto a hacer lo contrario de lo que ha hecho, hasta ahora, el Gobierno saliente ya que esto es, precisamente, lo que nos ha llevado al suspenso comunitario y a que el PP, pese a ser el más votado, haya conseguido en 2016 tres millones de votantes y 49 diputados menos que en 2011.
Necesitamos, como país, un cambio radical en la política y en la gestión presupuestaria. ¿Estará dispuesto a hacerlo el previsible próximo presidente del Gobierno? ¿Con qué apoyos parlamentarios? Veremos. Nos va mucho a todos en ello.
