Se ha liado un cierto revuelo con las declaraciones que me publicó EL MUNDO esta semana según las cuales bajar impuestos no será una prioridad en la próxima legislatura. Desde luego, no para el PSOE. Pero estoy convencido de que no lo podrá ser para ningún Gobierno que salga de las urnas, por lo que quienes están prometiendo bajar el IRPF, perpetran el mismo error (o engaño) que Rajoy cuando, tras ganar unas elecciones en las que prometió bajarlos, aprobó la mayor subida de la democracia española.
Hay gente que siempre promete la misma solución, sea cual sea el problema y las circunstancias: bajar impuestos. Y lo hacen por razones ideológicas (el dinero no puede estar mejor que en el bolsillo de quienes lo ganan), o por electoralismo al creer que con ello consiguen que la parte contribuyente de las personas, se imponga sobre la parte ciudadano, a la hora de convertirse en votante. Pero la verdad es que ello no siempre es posible ni, a veces, conveniente, conviene explicarlo.
¿Es deseable bajar impuestos, en concreto el IRPF? Depende de para quién. En el último año, se ha contabilizado 19 millones de declarantes en IRPF, lo cual es mucho. Pero, según la EPA, hay 22 millones de personas activas a las que hay que sumar otros 15 millones de inactivos para darse cuenta de que hay muchos millones de ciudadanos a los que una bajada del IRPF no les afecta en absoluto.
Y si tenemos en cuenta que un 40% declara rentas por debajo de 12.000 euros al año, bajar el IRPF sólo afecta, de forma efectiva, a 11 millones de personas, las de rentas más elevadas, sobre un total de 37 millones de mayores de 16 años que hay en España. Por otra parte, aquellos que no tienen la obligación de pagar el IRPF suelen ser los de menores rentas, es decir, los máximos beneficiarios de las políticas sociales cuya financiación se ve alterada si rebajamos impuestos.
Subir o bajar impuestos y, especialmente, el IRPF tiene, por tanto, un efecto directo sobre la desigualdad social porque se les sube/baja a los de rentas relativamente más elevadas y los efectos derivados de la consecuente menor recaudación lo sufren aquellos con rentas tan bajas que no tienen que presentar la declaración del IRPF.
Por tanto, si percibes una renta elevada, te puede parecer conveniente que rebajen el impuesto. Pero si percibes una beca, un subsidio, prestación sanitaria pública o cualquiera de los servicios que se financian con impuestos, te suele resultar altamente inconveniente una rebaja impositiva que solo puede perjudicar tu situación relativa. Para una inmensa mayoría, es más rentable que no les rebajen 10 en el IRPF y que, a cambio, tampoco le recorten en 100 las prestaciones sociales que necesita.
Desde un punto de vista macro, algunos siguen defendiendo el efecto expansivo que sobre la actividad económica tiene una rebaja impositiva al dejar más dinero en manos privadas. Sería una variante de la desprestigiada curva de Laffer que, en España, destrozó el actual Gobierno cuando en 2012, al querer incrementar la recaudación fiscal lo que hizo fue subir impuestos y no bajarlos como proponía esta teoría carente de apoyo empírico.
Desde entonces, para todo el mundo, queda claro que si quieres subir la recaudación tienes que subir impuestos y que si rebajas impuestos, la recaudación cae. Tan sencillo y tan evidente como eso. Y ésta es la reflexión que me permite conectar con el siguiente punto: ¿va a ser posible bajar el IRPF durante la siguiente legislatura?
Si asumimos un escenario prudente de crecimiento para el periodo 2016-2019 del entorno del 2,5% de media anual, los ingresos tributarios podrán incrementarse, al final de la legislatura, en unos 75.000 millones de euros, según cálculos con elasticidades promedio.
Con esos ingresos adicionales respecto a la situación actual, habrá que hacer frente a las demandas embalsadas de mayores gastos (sanidad, educación, dependencia, políticas activas de empleo, etc.), a los nuevos gastos asociados al cambio de modelo productivo (digitalización, I+D+I, inversión en infraestructura, etc.), a los impactos del nuevo modelo de financiación autonómica y a la reducción del déficit público que todos los partidos, en mayor o menor medida, han aceptado que debe constituir un eje de la gestión presupuestaria.
Para llevarlo desde el 4,5% del PIB, con que cerraremos 2015, hasta el 1% previsto en el Programa del PSOE. Con la particularidad de que la reducción del déficit en la próxima legislatura solo podrá conseguirse recortándolo en la Administración Central.
Según datos recientes de la IGAE, el déficit público que dejará Montoro en la Administración Central del Estado, incluyendo Seguridad Social, será prácticamente el mismo que le dejó Salgado en 2011, más 30 puntos básicos adicionales de deuda pública, demostrándose que las únicas administraciones que se han apretado el cinturón en esta legislatura, son las CCAA y los Ayuntamientos, es decir, las políticas sociales que éstas tienen a su cargo.
El Gobierno salido de las urnas el 20-D tendrá que hacer frente, en este ámbito, a dos decisiones inmediatas: qué hace con el Presupuesto para 2016, aprobado deprisa y corriendo por este Gobierno, cuyo compromiso de déficit (2,8% del PIB) no es posible alcanzar, según la Comisión Europea, sin un recorte adicional del 10.000 millones de euros y, en segundo lugar, cómo cuadrar los compromisos de gastos adquiridos en la campaña electoral, más las nuevas demandas que surgirán con la reducción del déficit.
En ese contexto, ni acceder a un recorte sustancial del gasto como pide Bruselas, ni cumplir con las promesas electorales que conllevan mayor gasto público, ni recortar el déficit público en una senda que permita rebajar la deuda pública, resultará coherente con, además, rebajar la imposición sobre la renta de las personas físicas. Salvo que los frutos del crecimiento sobre el Presupuesto, en lugar de utilizarlos en beneficio de todos, los concentremos en favorecer a aquellos, mejor situados, que pagan el grueso del IRPF o salvo que no se esté diciendo ahora toda la verdad. Avisados quedan.
Jordi Sevilla es miembro del comité de expertos de Pedro Sánchez.
