Cada vez más gente se suma a la idea de que el punto álgido de esta fase de la recuperación, ya ha pasado. Que el futuro previsible, sin incorporar nuevas caídas en la actividad económica española, será una desaceleración del ciclo, confirmando el carácter de fenómeno estadístico (reversión a la media) que incorporaba el alza experimentado hasta ahora. Todas las previsiones conocidas, desde la Comisión Europea, hasta el BBVA, pasando por el FMI o varias firmas de inversión, anticipan unas tasas de crecimiento del PIB español en los próximos años, más moderadas que las del Gobierno: en el entorno del 2,5%. Y, aún ello, con dos serias amenazas: que cambien los actuales vientos de cola que ahora soplan a favor y que se gripe el motor interno, basado en un modelo de precariedad laboral, no sostenible. Cualquiera de estos elementos explica mejor las dudas sobre la estabilidad económica de nuestro país, que las supuestas incertidumbres políticas a las que se acoge el Gobierno por razones electorales.
Empecemos por reconocer la realidad de la que partimos: tuvimos un rescate financiero que introdujo un punto de inflexión en nuestra crisis. Aunque hoy, España no está entre los países de la eurozona que más crecen, sí es el segundo en déficit público elevado, el primero en aumento de la deuda pública y el que tiene una mayor tasa de paro. Nuestra actual recuperación ha venido asociada a la demanda interna y no a la externa como decía el Gobierno para justificar su política de degradación laboral presentada como necesaria devaluación interna. Las exportaciones vienen creciendo en España mucho ya desde el año 2000, vinculado al proceso de internalización de nuestra economía y las mejoras en las cuentas externas derivan, sobre todo, del freno en las importaciones por la depresión interna.
Nuestro crecimiento actual se basa, pues, en la recuperación de la renta de las familias y, con ella, del consumo doméstico: crecemos porque la gente gasta más, en contra de lo que decían los partidarios de la inexistente austeridad expansiva. Y la renta familiar se ha visto favorecida por cuatro hechos: caída del precio del petróleo, política monetaria expansiva, bajadas en el IRPF y creación de mini empleo. ¿Son sostenibles estas tendencias a medio plazo? ¿Serán suficientes para absorber la elevada tasa de desempleados que tenemos y la increíble deuda acumulada por el país? Esas son las razonables dudas existentes.
Ninguna de las previsiones internacionales existentes señala una bajada adicional del precio del petróleo, antes bien, la Agencia de la Energía acaba de hacer público un trabajo que apunta a que los precios tenderán a subir de forma paulatina, hasta los 80 dólares en 2020. Como no tenemos planes creíbles de eficiencia energética que haga reducir a medio plazo nuestra dependencia del petróleo y del gas, cuyo precio está vinculado, las previsiones apuntan a que la renta nacional se verá, en los próximos cuatro años, reducida por una mayor transferencia al exterior, a los países productores de gas y petróleo. Algo similar ocurre con la evolución previsible del precio del dinero.
Llevamos varios meses esperando que la Reserva Federal estadounidense los suba, aunque de forma suave y, con ello, acercará el momento en que el Banco Central Europeo se vea obligado a hacer lo mismo: subir tipos, para ayudar a mejorar la rentabilidad del sistema bancario europeo, hoy bajo mínimos. Nada de esto será inmediato, ni brusco, porque la inflación sigue sin repuntar mientras que la actividad no acaba de despegar con fuerza en Europa, pero la tendencia va por ahí.
El tercer vector que ha impulsado la demanda interna al mejorar la renta de algunas familias ha sido la rebaja del IRPF, sobre la que hay que efectuar las siguientes acotaciones: fue fuertemente incrementado al comienzo de la legislatura y su rebaja sólo se aplica a quienes declaran y pagan, dejando fuera a los millones de familias cuyas rentas quedan por debajo del mínimo exento, pero que sí se ven afectados por las pensiones revalorizadas al 0,25% y por los copagos, agrandando la desigualdad social y, con ello, lastrando el consumo futuro. Además, las dudas razonables sobre el Presupuesto express aprobado para 2015, de forma especial, con las cuentas de la Seguridad Social, han llevado a la Comisión Europea y a expertos nacionales a anticipar más bien fuertes recortes del gasto público para cumplir los objetivos de déficit el año próximo y siguientes. Es decir, si estos últimos años hemos tenido un suave impulso presupuestario, reflejado en el tremendo aumento de la deuda pública, no es previsible contar con ello en la próxima legislatura, si se quiere cumplir con Bruselas.
El último impulso a la renta familiar, al consumo doméstico y a la recuperación, ha sido la creación de empleo (o algo parecido al empleo) tras varios años de destrucción asociada a la crisis. Sin embargo, el empleo que se está creando, según los datos de la última EPA, es escaso y precario. En términos desestacionalizados, ha crecido sólo un 0,61% intertrimestral, muy por debajo del crecimiento económico y del trimestre anterior y, por primera vez, crecen los contratos temporales mientras bajan los indefinidos. Por otro lado, si miramos no el número, sino los ingresos que proporcionan los nuevos cotizantes a los ingresos de la Seguridad Social, comprobamos que sus salarios son muy bajos. Con menor creación de empleo, precario y mal pagado, no se consolida una recuperación como la nuestra, basada en el consumo de familias, además, muy endeudadas.
Vuelvo al principio. Reitero mi convicción de que durante la próxima legislatura seguirá el impulso de la recuperación, haciendo que nuestro PIB crezca en torno al 2,5% de media anual. Pero reitero, también, mi convicción, no menor, de queestamos viviendo una recuperación frágil e insuficiente, atribuible sobre todo a factores externos (incluido el fin de los ataques al euro) y, en gran parte, cogida con alfileres. Y la imperiosa necesidad de proceder a un cambio radical de política económica si queremos consolidar el crecimiento y distribuir sus frutos de manera más equitativa.
Jordi Sevilla es miembro del comité de expertos de Pedro Sánchez.
