Esta semana se ha presentado la parte económica del programa con el que Pedro Sanchez, candidato a la Moncloa por parte del PSOE, espera encabezar el Gobierno de España tras las próximas elecciones generales. Desde la posición privilegiada que he tenido en su elaboración, quisiera enmarcar sus medidas para darle un sentido que no siempre cabe en una información apresurada.
Se efectúa un diagnostico según el cual, vivimos una recuperación frágil, injusta e insuficiente de la economía. Frágil, porque nuestro crecimiento se fundamenta demasiado en factores externos volátiles; injusta, porque está incrementando nuestra desigualdad hasta niveles jamás alcanzados, al favorecer mucho más a unos que a otros e insuficiente, porque al ritmo actual, no será posible reducir de manera contundente los niveles existentes de paro y de deuda sin un cambio drástico en las políticas económicas.
A partir de ahí, se formulan proyectos de futuro que surgen de aplicar la fórmula clásica de la socialdemocracia, crecer para repartir y crear empleo digno, pero adecuada al mundo de hoy caracterizado por cuatro restricciones: globalización, revolución tecnológica acelerada, cambio climático y pertenencia al euro. Hay una apuesta clara por mejorar la competitividad buena de nuestra economía, aquella que es compatible con incrementar el número de puestos de trabajo.
Para ello debemos potenciar una reindustrialización de nuestro país en base al impulso de los vectores que ayudan a cambiar el modelo productivo: I+D+i, duplicando las inversiones presupuestarias y potenciando el CDTI al convertirlo en Agencia de Innovación; digitalización, con compromisos concretos de implantación de la banda ancha en España; incrementando el tamaño medio de nuestras empresas, removiendo los obstáculos administrativos y jurídicosexistentes, para mejorar su capacidad de internalización e impulsando, con fondos específicos desde el ICO, las nuevas iniciativas emprendedoras empresariales. Más empresas y mejores empresas, es la base para la creación de la riqueza que el país necesita si quiere mejorar sus actuales niveles de renta y bienestar mediante políticas conscientes de redistribución.
La transición energética hacia una economía con bajas emisiones de CO2 es un complemento necesario, a medio plazo, porque no podremos pagar los costes de no hacerlo, es decir, los derivados del cambio climático. Ello requiere electrificar el país, a la vez que reducimos las emisiones contaminantes en la producción eléctrica, con medidas eficaces y visibles recogidas en una Ley de Cambio Climático que permita cumplir los compromisos internacionales que España haya asumido en la materia.
Promover un cambio reformista como el propuesto requiere actuar sobre los incentivos y las instituciones. Por eso se apuesta por fortalecer la claridad, simplicidad y estabilidad normativa, debidamente controladas por organismos reguladores y supervisores, fehacientemente independientes de los poderes políticos y económicos. Nos jugamos demasiado en ello, como para no comprometernos a profundos cambios respecto a la insatisfactoria situación actual. Merece destacarse el esfuerzo por detallar medidas de lucha contra el fraude fiscal y laboral, contra la economía sumergida en definitiva, a la que ha llegado la hora de poner coto, en serio.
España está llena de obstáculos contra lo nuevo: los jóvenes, la mitad de los cuales en paro, los investigadores, que deben emigrar, las nuevas empresas, que cierran más que en otros países, la innovación, muy alejada de la media europea. Y está llena de defensas de lo ya establecido, con miles y miles de regulaciones y reglamentos hechos para proteger a los que ya están instalados. Nuestros problemas de baja productividad y desproporcionada desigualdad no son ajenos a estos hechos que cualquier proyecto reformista debe comprometerse a remover desde la raíz.
El programa que comentamos asume, desde el compromiso con una mayor acción pública en defensa de una redistribución de la renta y del poder, la estabilidad presupuestaria en el seno del euro. En concreto, se pretende concluir la próxima legislatura con un déficit total del conjunto de las administraciones por debajo del 1% del PIB. Para ello, explicita medidas en dos direcciones: ingresos públicos, reforzando la evolución cíclica con más lucha contra el fraude y con una reforma fiscal que desplaza peso de la tributación desde la renta anual, a la riqueza y desde el factor trabajo, a los recursos naturales escasos. Y gastos públicos, con una priorización diferente que destaca las políticas activas de empleo, el restablecimiento de los niveles anteriores a los recortes en sanidad, educación y dependencia, más alguna medida nueva de lucha contra la pobreza familiar e infantil (Ingreso Mínimo Vital), junto a un esfuerzo por mejorar la eficacia del gasto en base a la evaluación de políticas públicas potenciando la Agencia que ya se creó, siendo yo ministro.
La obsesión no debe de ser el tamaño del Estado, sino si hace lo que tiene que hacer y si lo hace de la manera más eficiente posible. España es un país con unoscostes medios de funcionamiento muy elevados, especialmente los costes de la energía y los laborales no salariales y, además, repartidos de manera poco eficiente: tenemos costes que se financian con precios (tarifa eléctrica) cuando deberían ir en presupuestos y tenemos subvenciones presupuestarias, para cosas que deberían financiar más sus usuarios (transporte). Ningún programa reformista debe ignorar estas realidades, cargadas de historia pero, también, de ineficacia.
La desigualdad es la principal preocupación, con sus variantes en forma de paro, pobreza, desigualdades territoriales, de acceso a la educación o desequilibrio a la hora de negociar condiciones laborales. Y combatirla, la línea directriz de unas propuestas que persiguen mejorar el crecimiento global de la economía e impulsar medidas activas de redistribución de los frutos de ese crecimiento. Un programa que, tras la profunda crisis financiera vivida, busca potenciar el mercado y la competencia, donde sea posible y al Estado, donde sea necesario.
Un programa que reforma, entre otros, mercado laboral, sistema fiscal, gasto público y modelo productivo y energético, que busca abrir el espacio de las oportunidades y ponerlo al alcance de quien lo necesite, con independencia de cuál sea su nivel de riqueza. Lo contrario, es un desperdicio, individual y colectivo, que un país como España no se puede permitir.
