Algo pasa con nuestras pensiones. Durante los debates parlamentarios sobre el Presupuesto para 2016, tanto el secretario de Estado de la Seguridad Social, como el ministro Montoro, han dicho que las cotizaciones sociales ya no aportan suficiente dinero como para pagar todas las pensiones existentes. Por ello, han sugerido concentrarlas en financiar solo las pensiones contributivas de jubilación para que otras pensiones, como viudedad y orfandad, dejen de estar financiadas, como hasta ahora, con cargo a las cotizaciones para pasar a estarlo directamente con los impuestos generales.
La verdad es que no hace falta ser alto cargo del Gobierno para saber lo que pasa. En 2014 la Seguridad Social cerró con un déficit cercano a los 11.000 millones de euros y en lo que llevamos de año, ya ha doblado su déficit parcial. Además, desde 2012 el Gobierno ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, para gastar 43.000 millones de euros, dejándolo a la mitad del nivel con que se lo encontró. Todavía más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dice, en su reciente informe que «existe un alto riesgo de desviación del objetivo (de déficit) de 2016 de los Fondos de la Seguridad Social» pudiendo hacerlo en más de un punto porcentual.
¿Cómo puede estar ocurriendo esto cuando, en menos de tres años, hemos tenido en España dos reformas profundas de la Seguridad Social? En 2011, el Gobierno socialista aumentó el número de años para el cómputo de la pensión (de 15 a 25 años) y la edad de jubilación fue ampliándose paulatinamente hasta los 67 años. Luego, el Gobierno de Rajoy, en marzo de 2013, dio otra vuelta de tuerca introduciendo otros dos elementos adicionales de gran calado: abandonó la inflación como criterio de revalorización anual de las pensiones y lo sustituyó por un Indice de cálculo sofisticado pero que incluye la evolución de los ingresos del sistema y que sitúa la revalorización en una banda entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,50; en segundo lugar, aprobó el Factor de Equidad Intergeneracional (que todavía no se ha aplicado) en base al cual se introduce la esperanza de vida en el cálculo inicial de la pensión.
Ambas reformas juntas han significado un importante cambio en los parámetros que definen nuestro sistema de pensiones con un objetivo común: hacerlo sostenible a base de reducir su «generosidad» entre lo que se aporta durante la vida activa y lo que se recibe al entrar en la jubilación. Estas reformas profundas tendrán un impacto mayor sobre las cuentas del sistema a medio plazo y han sido una respuesta al fenómeno del envejecimiento de la población que amenaza con situarnos en 2059 con el doble de población jubilada que ahora (17 millones frente a 8,5), con menos población en edad activa que ahora (30 millones por 31).
Los problemas actuales de la Seguridad Social que han llevado al Gobierno a sugerir la imperiosa necesidad de incorporar fuentes complementarias de financiación provenientes de impuestos generales para financiar pensiones contributivas son, sin embargo, de otro origen. Tienen más que ver con la evolución de la crisis económica (paro) y el impacto de la reforma laboral sobre los ingresos del sistema. De hecho, en el citado informe de la AIReF se señala como responsable del incremento previsible del déficit de la Seguridad Social en 2016 «la dificultad de alcanzar las previsiones de ingresos» ya que «el cálculo de gasto en pensiones parece bien aquilatado» tras el cambio de índice de revalorización.
Este fenómeno no es nuevo. Acuciado por presentar unos objetivos de déficit público ante Bruselas, el Gobierno ha ido sobreestimando, en los últimos años, los ingresos presupuestarios previstos por cotizaciones sociales. Pero aún así, lo llamativo no es que se hinchen los ingresos ya que eso dura hasta que la realidad pone la cifra en su lugar. El problema relevante es que el número de cotizantes afiliados está creciendo más que los ingresos por cotizaciones. En 2014, por ejemplo, los afiliados subieron un 3,4%, mientras que los ingresos apenas si lo hicieron un 0,8%. Dicho de otra manera, la cotización media de los nuevos cotizantes es mucho más baja que en otros momentos y muy por debajo de la media histórica. Cuándo, en paralelo, los gastos en pensiones suben más, por el mayor número de pensionistas que se incorporan y la mayor cuantía de la pensión media cobrada, entonces el déficit está servido y con él la disminución de la hucha.
¿Por qué está bajando la cotización media de los nuevos afiliados? Por las cuantiosas bonificaciones al empleo, dado el elevado nivel de paro existente y por la precariedad generalizada en que nos estamos instalando como consecuencia de la reforma laboral del Gobierno Rajoy. La inmensa mayoría de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social, cuyo número vuelve a aumentar desde 2014, gana muy poco salario (trabajadores pobres), trabajan muy pocas horas, o sólo lo hacen de forma temporal. Con esas escuetas bases de cotización a corto plazo los nuevos afiliados no contribuyen todo lo necesario a financiar el sistema de pensiones y a largo plazo, están configurando unas carreras débiles e irregulares que auguran pensiones muy bajas cuando se jubilen.
Los actuales problemas para financiar nuestras pensiones derivan de la política de empleo y de los efectos negativos de la reforma laboral. Quienes hemos propuesto con anterioridad desacoplar pensiones contributivas de cotizaciones para dar entrada a nuevas fuentes impositivas de financiación que capturen mejor la riqueza global del país (en 2059 se prevé una renta per cápita que multiplicará a la actual por 2.4), lo hacíamos pensando en poder, con ello, bajar cotizaciones y favorecer la creación de empleo abaratando la contratación laboral no salarial. En ningún momento pensamos en hacerlo para resolver los problemas derivados de una política económica y laboral cuyas deficiencias se constatan a gran velocidad. No conviene mezclar problemas a corto plazo con reformas a largo. Porque las causas, responsabilidades y tiempos de actuación difieren mucho.
