¿Por qué pido una recuperación social? Porque la actual recuperación de la economía española, incluso si alcanzamos ese 4% de tasa de crecimiento del PIB que proclama el Ministro Guindos, no lo es. Me explico. No lo es, porque está basada en un viento favorable de cola procedente del exterior (caída del precio del petróleo, depreciación del euro y política monetaria expansiva) y, sobre todo, en una devaluación interior de precios y salarios que ha dejado a mucha gente en el paro, o con trabajos precarios y mal pagados, de tal manera que se ha perjudicado mucho la renta disponible de las familias. Pero también, porque está incrementando las desigualdades sociales en España, la principal de las cuales la representa esos trece millones de conciudadanos en riesgo de caer en la pobreza, de tal manera que se puede decir que esta recuperación hace más ricos a los ricos y más pobres a las clases medias. En esas condiciones, no se puede decir, con rigor, que sea una recuperación sostenible porque sus fundamentos no son sostenibles en el tiempo ya que, como acaba de señalar el propio FMI, la desigualdad creciente acaba afectando de forma negativa al crecimiento.
La literatura económica señala que todos los procesos de crecimiento económico rápido vienen acompañados de incrementos en la desigualdad, porque los primeros beneficios tienden a concentrarse en los proveedores de capital, antes que en quienes aportan su trabajo. Si, como señala FUNCAS, hemos recuperado ya, casi un 40% de la renta perdida durante la crisis, solo se ha recuperado el 13% del empleo perdido y en unas condiciones mucho peores que antes. Por ello, si queremos que los frutos del crecimiento se repartan de forma equitativa entre todos los grupos sociales, ayudando a restañar las heridas causadas por la crisis, necesitamos, según el mismo estudio del FMI, dos cosas: instrumentos públicos de cohesión social que redistribuyan renta y riqueza, junto a una negociación sindical en las empresas capaz de proteger los intereses de los trabajadores, en la llamada predistribución.
Ambas cosas, políticas de bienestar social y mecanismos de negociación colectiva, han sido las dos piezas más dañadas por las medidas implantadas durante estos años por el Gobierno Rajoy. Así, los dos elementos esenciales para que la recuperación económica se distribuya por toda la sociedad hasta conseguir ser percibida por los ciudadanos como algo más que propaganda gubernamental han sido, precisamente, las más debilitadas mediante los recortes sociales, y con una reforma del mercado laboral que ha tenido como objetivo debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores para fortalecer la de los empresarios. En ese sentido, si queremos que de la recuperación se beneficien todos los ciudadanos y no solo los más ricos, si queremos hacer una recuperación social junto a la recuperación económica, es imprescindible revertir varias de las llamadas reformas impuestas unilateralmente por el Gobierno durante estos años de mayoría absoluta. Ese es el dilema de Rajoy: para que los ciudadanos aprecien la recuperación de la economía, debe hacer todo lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora. Y ese giro, a pesar de que estamos acostumbrados a que lo haga (“haré lo que tenga que hacer, aunque sea lo contrario de lo que dije que haría” dijo antes del rescate financiero), parecería más creíble si lo encarnara un gobierno de otro signo político que se sienta más cómodo siguiendo políticas que entrañen crecer, para repartir, en lugar de crecer para que unos sean más ricos que otros.
Con esa fuerza motriz como guía, cinco deberían de ser los vectores que aglutinaran una opción de gobierno que, en política económica, busque una recuperación social como objetivo principal y no como subproducto del proceso. El primero, la estabilidad presupuestaria. España es el segundo país de la eurozona con mayor déficit público en relación al PIB y el primero en ritmo de aumento de la deuda pública. A eso ha quedado reducida toda la retórica sobre austeridad, seguida estos años. Como miembros de la Unión Europea y del euro, hay que mantener los compromisos de reducción del déficit por debajo del 3% del PIB, al final de la próxima legislatura. Eso significará una profunda reforma del gasto público que busque, no tanto aumentarlo en cuantía total, como mejorar su eficacia y, sobre todo, redistribuirlo de acuerdo a otras prioridades. Una verdadera Agencia de Evaluación de Políticas Públicas deberá imbricar sus informes, con el proceso de asignación presupuestaria. El segundo vector tiene que ser un compromiso contundente para combatir la pobreza creciente que nos deja como herencia las políticas seguidas. Muchos de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales están adoptando ya decisiones, sobre todo, para combatir la pobreza infantil. Pero es necesario, desde el Gobierno de España, impulsar acciones, como una renta mínima de inserción, concebida como prestación no contributiva de la Seguridad Social, para sostener a aquellos ciudadanos en edad laboral, que están en la pobreza.
El tercer vector de una recuperación social activa debe incluir una dignificación de lo público, en especial, de los servicios públicos universales que tanto hacen por mejorar la igualdad. Educación, sanidad, pensiones, dependencia, vivienda, servicios sociales, deben mejorar sus coberturas actuales y reforzar sus prestaciones, sin menoscabo de la mejora en la calidad de los servicios y en la eficiencia del gasto. Debemos huir de la concepción mantenida estos años de suma cero en las relaciones público-privado en estos ámbitos, para recuperar lo que ha sido tradicional en nuestro modelo de estado de bienestar donde reforzar lo público, no iba en detrimento de lo privado, ni viceversa, sino que cada uno encuentra su ámbito propio, a menudo complementario, de actuación. Mucha gente lo está pasando mal como consecuencia de la crisis y no puede, además, experimentar cómo la sociedad les da la espalda como consecuencia de las políticas de recortes seguidas.
El cuarto vector se centra en la economía productiva, en crecer de manera sostenible. En un modelo que no busca la competitividad empresarial en ser más baratos, sino en ser mejores a la hora de hacer lo que sabemos hacer. No en el “low cost” sino en la calidad. Esto requiere apostar por empresas con mayor tamaño, capaces de abordar el reto de la internalización, desarrollar de forma prioritaria las políticas de digitalización del aparato productivo y social, así como elevar los recursos destinados a la I+D+i, incluyendo la creación de una Agencia de la Ciencia que permita retornar a tantos científicos que se han visto obligados a emigrar por falta de medios. Cumplir los objetivos europeos para conseguir una economía baja en carbono, tendrá que ser compatible con el crecimiento.
El último vector de una recuperación social tiene que ver con la calidad institucional. Erradicar la corrupción, por supuesto, mediante las reformas procedimentales necesarias pero, también, comprometernos a reforzar la independencia de órganos como Banco de España, CNMV, CNMC, Agencia Tributaria, Tribunal de Cuentas, ICAC etc. Un asunto este no por repetido, mas necesario. Junto a ello, la pospuesta reforma de las administraciones bajo el principio de que la mejor administración no es la que no existe, sino la que no se nota que existe porque sus procedimientos no son cargas para los ciudadanos.
La crisis ha supuesto una regresión, en muchos aspectos, para nuestro país. Pero también un aprendizaje. Salimos a un terreno ignoto, donde han cambiado las preguntas, tanto como las respuestas. Tenemos la necesidad, visto lo visto, de hacer cosas diferentes a las de antes. Mi convicción es que debemos buscar elementos inclusivos, que cohesionen, que nos unan para que todos puedan aprovechar los frutos del crecimiento, en una recuperación social y, también, moral.
