Garantizar una renta mínima, no básica. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Al menos, trece millones de residentes en España seguro que no tienen cuentas en Suiza, ni se han acogido a la amnistía fiscal que el Gobierno ha tardado dos años en reconocer que hizo. Tampoco han abarrotado los hoteles de playa, ni han viajado al extranjero aprovechando este puente festivo. Son esos trece millones que, según estudios solventes, están hoy en serio riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza. Definen, por tanto, el colectivo máximo sobre el que se podrá aplicar la Proposición de Ley que, en base a una iniciativa legislativa popular de las reconocidas en la Constitución del 78, acaban de presentar en el Parlamento los sindicatos UGT y CC.OO, de la que se han hecho eco, también, en las celebraciones de este 1 de mayo. Una iniciativa a la que me adhiero, por convicción y por estar cercana a la que yo mismo propuse en 2002 en mi libro «De nuevo socialismo» y que, entonces, todo hay que decirlo, no gustó a los dirigentes sindicales.

La propuesta consiste en crear una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantice unos ingresos mínimos a las personas que, con disponibilidad de trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y familiares a su cargo. Sería, pues, una prestación con requisitos (edad de trabajar, estado de carencia económica…), incompatible con ayudas similares y condicionada a participar en acciones de mejora de su ocupabilidad o aceptar trabajos sociales. Similar en su orientación al subsidio de desempleo o a las rentas mínimas de inserción en vigor en varias Comunidades Autónomas y de forma paralela a las pensiones no contributivas para jubilados sin acceso a prestación contributiva.

Desde un punto de vista doctrinal, curiosamente tiene mucho más que ver con las políticas de ayuda a los pobres del liberal Hayeck («no hay motivo para que en una sociedad libre, el gobierno no garantice a todos una protección contra las privaciones graves en forma de renta mínima asegurada por debajo de la cual nadie debería caer»), que con las propuestas de renta básica de ciudadanía elaboradas por la nueva izquierda europea en base a los trabajos del filósofo P. van Parijs, que la considera parte del paquete de bienes primarios que, para todos e incondicionada, configura la libertad efectiva, ya que nadie es verdaderamente libre si se muere de hambre o no puede llevar adelante el proyecto de vida que decida.

Los proponentes de la iniciativa señalan el hecho de que la crisis económica, unido a los recortes sociales asociados a las políticas de austeridad, han elevado el número de necesitados que quedan, en la España actual, fuera de las medidas de protección social existentes. Por eso hace falta crear, por Ley, una nueva figura adscrita al Gobierno Central. Algunos datos: 2,5 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación, 770.000 hogares no tienen ningún tipo de ingresos y hay 1,8 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro. Sin embargo, el problema puede ser más grave. Según el reciente «Informe sobre el Estado de la Nación 2015» elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el elevado nivel de pobreza así como el fuerte incremento de la desigualdad, son fenómenos anteriores a la crisis (aunque se hayan agravado por esta) y que no podrán resolverse, aunque salgamos de la crisis ya que responden a un nuevo modelo económico y social con empleos precarios, trabajadores pobres y estado mínimo, que produce como efecto la exclusión, de forma crónica, de un tercio de la población española. Por eso proponen medidas específicas para combatir ambos problemas que afectan, incluso, a la estabilidad política de nuestro sistema democrático.

No quiero entrar aquí en el análisis detallado de la propuesta, su financiación y sus efectos sobre los incentivos. Ya he dicho que la apoyo porque creo que los problemas que plantea en estas materias son infinitamente menores que los existentes hoy con su ausencia. Pero quiero finalizar con una reflexión política: ¿hasta dónde llegan los derechos de los ciudadanos en una democracia que está en el G-20? Para los liberales, se agotan en los derechos políticos. Para la socialdemocracia, hay que extender los anteriores hasta incluir algunos derechos sociales (sanidad, educación, pensiones). Ahora se plantea perfeccionar y extender una especie de derecho económico a la subsistencia que ya tienen algunos colectivos (subsidios de desempleo, pensiones no contributivas, rentas de inserción laboral). Con ello, no obstante, se agudiza el tratamiento injusto otorgado por el Estado a la llamada renta mínima de subsistencia, mayor para quienes ingresan lo suficiente como para declarar el IRPF (sería el «mínimo vital» exento) y menor para quiénes no consiguen esos ingresos en el mercado. Armonizar esta discriminación, debería de ser el próximo paso.