Las necesidades de financiación del Estado central resultaron ser, en 2014, ocho mil millones de euros superiores a las que tuvo en 2011, según la reciente información proporcionada por la Intervención General. Si, si, han leído bien: lo que llamamos comúnmente el déficit del Estado, no se ha reducido desde aquel heredado del Gobierno anterior y acabaremos la legislatura muy cerca de donde estaba al comienzo de la misma. Incluso si lo analizamos de la manera más usual, como porcentaje del PIB, el déficit de las Administraciones Centrales fue, sin contar las ayudas financieras del rescate bancario, del 4,60% del PIB en 2014, pocas décimas menos que el 5,20% que dejó el «manirroto» ZP, sobre un PIB menor. Mientras tanto, el volumen de deuda pública de las administraciones centrales, en esos mismos tres años, ha aumentado un 43,5%. ¿Qué ha pasado? ¿No es la reducción del déficit público un activo del Gobierno? ¿Donde está la austeridad proclamada por unos y esos recortes criticados por otros? Intentaré explicarlo en cuatro puntos.
En primer lugar, se ha producido un cambio en la composición interna del déficit de las Administraciones Centrales, con un fuerte deterioro de las cuentas de la Seguridad Social (empeoran su déficit un punto de PIB) que apenas compensa la escasa mejoría en el resto del Estado. La moderación salarial, el fuerte aumento del paro durante 2012 y 2013 y la precariedad del empleo creado en 2014, junto a la decisión de no mantener la congelación de las pensiones, han tenido como consecuencia un preocupante aumento del déficit de la Seguridad Social, acompañado de una importante reducción del 37% en el Fondo de Reserva.
En segundo lugar, la pequeña mejora experimentada por el déficit del Estado sin SS, apenas un punto y medio de PIB en tres años, muchísimo menor que el ajuste realizado en otros países de la eurozona, se explica básicamente por el aumento del PIB que refleja la recuperación, es decir, por razones cíclicas extrapresupuestarias ya que, en términos de Contabilidad Nacional, Montoro ha gastado en 2014 un 7,3% más que su antecesora Salgado en 2011, aunque también ha ingresado un 3,8% más. De hecho, el déficit primario (sin pago de intereses de la deuda) es muy similar en ambos años. A pesar de ello, la cobertura del desempleo ha bajado casi la mitad con un número mayor de desempleados, los tipos de interés de la deuda han caído y los gastos de inversión pública continuaron bajo mínimos hasta este año electoral. Debería de bastar estos grandes números para evidenciar que la propuesta reforma en profundidad del Estado y del gasto público, sigue tan pendiente ahora, como al inicio de la legislatura.
En tercer lugar, se ha producido durante el periodo un importante traspaso de gastos que antes figuraban como «gastos no financieros» y que, por tanto, se incluían en el cálculo homogéneo del déficit público, a las partidas de «gastos financieros» que no contabilizan para el déficit, aunque sí incrementan el endeudamiento. Esta fue una práctica utilizada ya por Montoro en su etapa anterior que facilitó cumplir con los requisitos para acceder al euro a cambio de dejar una importante pelota de préstamos incobrables, sobre todo, en gasto militar, de investigación y de construcción (el llamado método alemán). El salto importante en este cambio se produce, oh casualidad, en sus primeros presupuestos de 2012. Sin duda, aquí está la explicación al curioso hecho de que el déficit de caja acumulado durante estos tres años ascienda a 92.648m euros, las necesidades de financiación a 129.482m, pero el aumento de la deuda pública haya sido de 291.326m en el mismo período.
Por último, donde se ha producido un importante ajuste presupuestario ha sido en las Comunidades Autónomas, cuyo déficit conjunto entre 2011 y 2014 se ha reducido a la mitad en términos de PIB, así como en las Corporaciones Locales que son las únicas que presentan, de manera agregada, superávit presupuestario. A cambio, la deuda de las CCAA ha subido un 60% en esos años. Es decir, la reducción del déficit se ha centrado en aquellas administraciones prestadoras de servicios públicos básicos: educación, sanidad, servicios sociales. El propio Ministerio de Hacienda reconoce que el presupuesto para sanidad se ha reducido en un 15% durante la crisis.
Situar en exclusiva los problemas del déficit público español en unas CC.AA que sólo representan un 30% del mismo, es un error. Pero alguna justificación tiene, sobre todo, porque nuestro sistema institucional no ha permitido que el Gobierno Central tuviera capacidad efectiva de actuación sobre dicho déficit y, en muchos casos, ni tan siquiera acceso a la información del mismo en tiempo útil para proponer medidas. Este fue el problema de Salgado con el cierre de 2011: sabía lo del Estado Central, pero no tenía posibilidad de conocer con certeza el déficit de las CCAA, especialmente, si estaban gobernadas por otro partido poco proclive a colaborar. En esta legislatura, aunque la Autoridad Fiscal Independiente acaba de señalar que no está totalmente resuelto el problema, se han aprobado leyes para evitarlo. Pero, sobre todo, Montoro ha adoptado medidas para imponer en la práctica una supremacía jerárquica del Gobierno Central sobre las CCAA que no se deriva de leyes, ni Estatutos, ni Constitución, sino de la fuerza del dinero que les ha prestado, mediante el Plan de pago a proveedores o el FLA, para permitirles rebajar sus déficits. Este endeudamiento de las CCAA con el Estado central, que en un documento del Banco de España se calcula en 67.000 millones de euros en tres años, ha sido a cambio de no modificar el modelo de financiación autonómica, de que impusieran recortes ideológicos y de incrementar la deuda pública total. Con ello, el ministro ha fortalecido su posición política en el Gobierno, ha defendido los intereses electorales de su partido, pero es más dudoso que haya mejorado el interés de España, ya que reducir el déficit propio y la deuda no parece que haya sido una de sus prioridades. O eso dicen los números.
