El Presidente Rajoy debe de andar hecho polvo con los Presupuestos que se ha visto obligado a aprobar para 2015. Un dirigente político que lleva años predicando que un Gobierno no puede gastarse más de lo que tiene, incluso que ha convertido esa máxima ideológica en principal ataque a sus adversarios, no puede contemplar sin dolor cómo en 2015, el Estado cuyo Gobierno preside, no va tener más remedio que asumir un incremento neto de la deuda pública de 47.000 millones de euros, que es la cifra que se gastará por encima de lo que ingresa, a pesar de la prevista recuperación económica, de tantas reformas anunciadas y de que la herencia recibida queda ya un poco lejos. Sin duda, la deuda pública es el capítulo presupuestario que más crecerá el año que viene hasta batir, con el equivalente al 100,3% del PIB, un récord histórico.
Desde que se inventó la “contabilidad pública creativa” cuando varios países tenían dificultades para alcanzar el 3% de déficit exigido en el Tratado de Maastricht para formar parte del euro (ya con Montoro de responsable en Economía), la deuda se ha convertido en mejor indicador del comportamiento económico de Estados que desarrollan estrategias para transmutar déficit en deuda. Por ejemplo, nuestro plan de pago a proveedores que reduce gasto que computa como déficit autonómico, a cambio de más endeudamiento con el estado central, o las transferencias de capital a empresas, que computan en el déficit, pero que si se convierten en préstamos, pasan a ser gasto financiero que no computa como déficit, aunque sí se suma a la deuda. Eso explica que el Estado vaya a gastarse en 2015 un total de 440.074,7 m de euros pero, legalmente, solo 315.503 m. computen para calcular el déficit.
Para hacernos una idea de magnitudes, comparemos esos 47.000 m de euros que sube la deuda pública neta, con los 16.476,4 millones que se dedicará a Servicios Públicos Básicos, los 1.943,88 millones destinados a servicios sociales y promoción social, o los 6.395,4millones que dedicaremos a I+D+i. Es legítimo pensar, pues, que esos 9.000 millones de euros a que el Estado va a renunciar como consecuencia de la anunciada reforma fiscal, se financiarán a crédito, mediante una parte de ese mayor endeudamiento. Es decir, el Gobierno rebajará el IRPF a unos, pero lo pagaremos todos con más deuda pública.
El Presidente Rajoy estará incómodo también con los 40.720 millones de euros de beneficios fiscales que incluyen los Presupuestos, con un crecimiento del 6,1%, cuando el gasto en dependencia solo crece un 0,04%. Y lo estará porque esa importantísima disminución de ingresos tributarios como consecuencia de incentivos discrecionales, fue objeto de dura crítica por parte de sus expertos en el llamado Informe Lagares por ser una de las dos razones, junto al fraude fiscal, del hecho insólito de que nuestro sistema tributario recaude menos, por unidad de PIB, que la media de los países del euro, hecho que agrava nuestros problemas de déficit y no solo un gasto público total que no bajará en toda la legislatura, pese a los recortes. Una modesta reducción del 10% en el capítulo de beneficios fiscales discrecionales permitiría, por ejemplo, duplicar el gasto del Estado en educación o en fomento del empleo.
A intereses por el pago de la deuda pública acumulada, el Gobierno prevé destinar 35.560 millones de euros, 100 millones diarios, teniendo en cuenta que la caída de intereses se aplica a la nueva deuda emitida pero no a la histórica que se sigue pagando, salvo amortizaciones anticipadas, a tipos muy superiores.. Casi el doble que a gastos de personal, siete veces más que a inversiones reales y bastante más que a desempleo, a pesar de que a tasa de paro seguirá en el 22,9% de una descendente población activa y superando los cinco millones de personas. Pero el análisis de esta cifra de pago de intereses, pese a su importancia, hay que hacerlo a beneficio de inventario, por dos razones. Porque al ser un gasto obligatorio, el Gobierno puede estimar ahora la cantidad que le convenga, porque luego gastará lo que sea necesario. El capítulo de gastos financieros ha servido como pieza de ajuste del gasto total inicial, sabiendo que en su ejecución real, será lo que tenga que ser. Y ese es el segundo problema, que no conocemos lo que el gobierno se gastará realmente en 2014 por intereses de la deuda. Sabemos lo que ha gastado hasta agosto y lo que dijo hace un año que estimaba pero, a pesar de haber aprobado una Ley de Transparencia, el Gobierno no ofrece en estos Presupuestos información sobre el avance de liquidación de los gastos en 2014, con el fin de que la comparación de lo presupuestado para 2015 se puede hacer con algo más real que la estimación realizada hace un año, cuando se presentaron los anteriores presupuestos.
El Gobierno ha puesto interés en destacar tres cosas de estos Presupuestos: la rebaja del IRPF; el incremento de gasto en inversión y el ajuste del déficit a lo programado. Sobre esto último ha ayudado la revisión al alza del PIB y que Bruselas ha alargado tres veces el calendario, dado el relajamiento que la Comisión ha aceptado para todos los países. La recuperación de la inversión hay que saludarla como buen noticia, con dos matices: los 13.103 millones consolidados de 2015 siguen muy lejos de los 31.500 invertidos en 2009, demostrando que ha sido una de las principales partidas de ajuste pese a su efecto sobre la actividad económica. Segundo, se concentra demasiado en el AVE frente a otras necesidades como cercanías o mercancías. Por su parte, la rebaja del IRPF, aparte de un discutible nivel de equidad, puede ser el auténtico Plan E de este Gobierno solo si los ciudadanos no son austeros y consumen esa inyección de renta, en lugar de reducir su endeudamiento.
La pregunta es, ahora, clara: ¿por qué Rajoy se ha visto obligado a aceptar en los Presupuestos de 2015 algo contrario a sus convicciones, como incrementar la deuda pública para financiar una rebaja del IRPF y subir la inversión pública para que el AVE llegue a más ciudades? Sabemos que hay elecciones municipales y autonómicas en mayo. Por eso Montoro ha mejorado en 5.700 m la liquidez de las CCAA (a Andalucía, menos) y ha incrementado los anticipos a cuenta. Pero, ¿habrá también, a la vez, elecciones generales, dependiendo de lo que pase en las previsibles elecciones catalanas? Desde luego, los Presupuestos presentados para 2015 están pensados para eso, para ir a las urnas. Tomen nota.
