Una vez más, el arbitrismo de nuestras autoridades tributarias ofrece falsas soluciones a dificultades reales, crea problemas nuevos donde no los había y deja sin tocar aquello que había sido señalado como los principales defectos de nuestro sistema fiscal, por una Comisión de expertos nombrada por el propio Ministro. Mientras media España está intentando analizar el impacto que sobre su cuenta corriente va a tener las medidas aprobadas por el Gobierno, en el Ministerio empiezan a redactar las “corrección de errores” que, en forma de enmiendas, van a presentar en el Congreso de los Diputados.
De la misma manera que cuando ves una flecha salir del arco resulta imposible valorar si la dirección del tiro es correcta a menos que sepamos dónde está situada la diana, resulta imposible valorar la coherencia y sentido de los cambios impositivos propuestos, sin pararse a analizar el objetivo que se persigue. Las medidas podrían estar orientadas a robustecer la recuperación económica mediante una inyección de renta disponible a las familias que contribuyera a impulsar el consumo privado. Si en los primeros momentos de la crisis la prioridad sobrevenida fue transvasar renta de las familias al Estado mediante la importante subida de impuestos realizada junto a los recortes en prestaciones sociales y al incremento en tasas y copagos para fortalecer los presupuestos públicos ante las demandas derivadas de la recesión, podría ser llegado el momento de invertir el proceso y “devolver” renta, hasta ahora apropiada por el Estado, a las familias, como medida de reactivación del gasto privado que se ha convertido en el motor de la recuperación. Sin embargo, no parece que este haya sido el objetivo de las medidas como se deduce del escaso impacto sobre el crecimiento del PIB, como consecuencia de las mismas, presentado entre la documentación del Gobierno.
Las medidas podrían estar dirigidas a fortalecer la lucha contra el déficit público, señalado otrora por Montoro como la principal obsesión del ministerio. Pero tampoco parece que este sea el caso, como ha señalado la Comisión Europea al advertir de que estas medidas pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit público, a pesar de un tímido intento gubernamental de agitar sin convicción el desprestigiado espantajo de “la curva de Laffer”. Recordemos que el Gobierno Central cerró 2013 con el mismo nivel de déficit en relación al PIB que el existente en 2011, pero que ha subido y mucho la deuda pública.
El objetivo de las medidas aprobadas podría ser mejorar la equidad de nuestro sistema tributario, bastante mermada por cierto, tanto la horizontal, como la vertical. Como destacó el Informe Lagares, los dos principales problemas de nuestro sistema tributario, responsables de una menor capacidad recaudatoria por unidad de renta, eran el fraude masivo (ilegal) y la gran elusión fiscal (legal). En concreto, citaban el caso del IVA cuya recaudación era un 40% inferior a lo que correspondería de acuerdo con el binomio tipos/base imponible, precisamente por culpa de ambos agujeros. Algo parecido ocurre con la inequidad derivada en la tributación de las rentas percibidas según su origen sea el trabajo o el capital, así como de la sobreprotección que nuestro sistema tributario ejerce sobre la riqueza acumulada y heredada (rentistas), frente a la creación de nueva riqueza mediante el trabajo y el esfuerzo innovador, realidad que, por cierto, señala Piketty en su libro como origen de la desigualdad creciente en nuestros días. Sin embargo, basta un simple vistazo a lo presentado, para darse cuenta que tampoco por ahí se encuentra el sentido de las medidas aprobadas.
La flecha de las medidas fiscales podría haber partido, también, tras el objetivo de renovar un modelo tributario agotado, como el nuestro, según señalaba también el Informe Lagares. Agotado por la cantidad de normas acumuladas cuya evaluación de impacto real no se efectúa y, sobre todo, por la necesidad de cambiar el método de devaluación interna seguido como consecuencia de la crisis, desde un ajuste laboral centrado en paro y bajadas salariales, a otro donde el centro sean los recorte de costes no salariales, en concreto, las cotizaciones sociales. Ello obliga a compensar los ingresos que financian las pensiones, alterando radicalmente la estructura impositiva indirecta (aprovechando la semi deflación actual), así como aquella que incide sobre la riqueza acumulada y el medio ambiente. Nada de esto hay en las medidas, incluso se reivindica que no se sube el IVA para compensar bajada de cotizaciones, tras haberlo subido mucho hace dos años a cambio de nada.
Si hemos descartado cuatro objetivos razonables para una reforma fiscal hoy en España, como aquello que dota de sentido a estas medidas tributarias aprobadas, ¿Cuál es la interpretación más plausible? Me temo que el conjunto de medidas fiscales aprobado, tiene un objetivo electoral casi exclusivo. El pensamiento político conservador sigue confundiendo, con demasiada frecuencia todavía, al ciudadano con el contribuyente, pensado que la mayoría de las personas, o al menos de su cuerpo electoral, votan con el estómago y tras haber realizado sumas y restas con la calculadora. El Gobierno rompió muy pronto, con aquella “mayor subida fiscal de la democracia”, el idilio electoral con esos ciudadanos que le dieron la mayoría absoluta en las urnas. Durante un tiempo, pensó que la narración sobre la inevitabilidad de hacerlo en base a la difícil “herencia recibida” le sostendría el apoyo, hasta que las recientes elecciones europeas le han puesto ante la realidad del abismo de perder millones de votos, enfadados también por la amnistía fiscal y el caso Bárcenas, justo a las puertas de otro ciclo electoral. Si quiere aprovechar la debilidad relativa de su principal adversario político, es el momento de restablecer complicidades con su electorado para sacarlo de la actual abstención. En ese contexto se inscriben estas medidas, apresuradamente presentadas como “rebaja de impuestos”, cuando no está claro que sea así para muchos. Pero al hacerlo, ha evidenciado que pone sus intereses partidistas por delante de los intereses generales de España, que merecía una verdadera reforma, en la línea Comisión de Expertos, y no este “gazpacho” fiscal.
