En democracia, los ciudadanos cambian a los gobiernos por lo que han
hecho pero votan a los partidos por sus propuestas de futuro. Sin embargo,
la campaña electoral al Parlamento Europeo ha permitido al partido en el
gobierno repetir un relato económico simplista, donde sobresale la
permanente mirada al pasado para intentar fundamentar una elevada
autosatisfacción así como un, (muy) discutible, reparto de culpas ajenas,
méritos propios y olvidos interesados. Como si el trabajo realizado ya fuera
suficiente para justificar una legislatura o, como si, lo que queda por
delante fuera de menor enjundia respecto a lo ya hecho explicando, de tal
manera, un cierto relajo gubernamental que el país, claramente, no se
puede permitir en las horas difíciles que sigue viviendo.
Reconocer que nuestras esperanzas de afianzar en los próximos años
un crecimiento lánguido, como el previsto en el Programa de Estabilidad,
están puestas en que el gasto en consumo final de las familias crezca, tras
varios años decreciendo, es un giro de ciento ochenta grados respecto al
discurso de la austeridad, repetido como un mantra hasta ahora. Sobre
todo, porque la deuda privada de las familias españolas sigue en niveles
muy elevados (78% del PIB) y ya resulta evidente que este problema no
encontrará solución a base de “apretarse el cinturón” si no hay, además,
incrementos en la renta disponible. Si, como ya hemos visto en los dos
últimos trimestres, la aportación de la demanda nacional al crecimiento del
PIB debe de aumentar para compensar la disminución del saldo exterior,
seguir impulsando medidas que mejoren la competitividad exterior a fuerza
de recortar salarios, derechos laborales y empleo, es un error, por el
impacto negativo que las mismas tienen sobre el consumo, reconocido,
ahora, como motor de la recuperación. Fiarlo todo a la mejora de las
expectativas y a la creación de empleo, como hace el Gobierno, es
manifiestamente insuficiente. Sobre todo, si no es esperable, ni deseable,
una recuperación del crédito bancario a niveles previos a la crisis.
Mantener, en esas condiciones, la competitividad de nuestra
economía, obliga a incidir más en mejoras de la productividad del sistema
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(innovación, gestión empresarial, negociación sindical, aumentar tamaño de
las empresas, reforma de las administraciones etc.), que en recortar costes
salariales. Y, en eso, andamos ayunos de propuestas gubernamentales que
tengan una incidencia real superior a la del mero anuncio publicitario como
ha pasado, por ejemplo, con las medidas anti desahucios, que no han
evitado que aumente el número de los mismos durante 2013.
Tampoco se prolifera el Gobierno en propuestas de futuro sobre el
modelo productivo al que aspira para España y al que está dispuesto a
incentivar mediante los cientos de medidas, con estímulo y sanción,
incluidas en las múltiples leyes que anualmente aprueba sobre casi todos
los asuntos. No vale esconderse detrás del “mercado” como agente decisor
en exclusiva de estos asuntos cuando, semana tras semana, desde la mesa
del Consejo de Ministro, se adoptan multitud de normas que interfieren
sobre el desarrollo concreto de empresas, tecnologías y sectores, desde la
banca hasta el automóvil, pasando por la energía o la construcción.
Si hay que incentivar la productividad total de los factores, entonces,
para encontrar respuesta al problema del paro masivo existente habrá que
explorar otras soluciones, máxime si tenemos en cuenta que la economía
española es intensiva en capital lo que se ha traducido en que, salvo en el
periodo de la burbuja, no hemos podido rebajar la tasa de paro hasta el
nivel medio de los países europeos. Es cierto que la evolución descendente
de la población, nos dará un respiro al reducir el número de activos. Pero
existen serias dudas de que seamos capaces de crear todo el empleo
necesario, con la calidad exigida debidamente retribuida, sin nada nuevo
que ensanche la oferta productiva e incremente el tamaño medio de las
empresas. Y no hacerlo, es resignarse a vivir en un país dual, con
desigualdades económicas crecientes, más todas las tensiones sociales a
que ello dará lugar.
Recuperar el objetivo de conseguir la convergencia real (renta per
cápita más estado de bienestar) con la media de los países del euro, es otro
imperativo que debe orientar nuestras políticas públicas tanto, o más, que
los conocidos recortes en el déficit público. Si, como se dice, aspiramos a
competir por valor añadido y no por bajo precio, es mucho lo que tenemos
que cambiar desde la situación actual y, para lograr ese giro, la actitud de
las administraciones es fundamental.
¿A qué queremos que se dediquen nuestras administraciones en los
próximos años? ¿Qué necesitamos que hagan? En este ámbito, el único
compromiso conocido de futuro es alcanzar el, tantas veces pospuesto,
déficit público equivalente al 3% del PIB en 2016, mientras la deuda pública
alcanza máximos históricos. Compromiso cuyo cumplimiento queda
reducido a la categoría de “dogma de fe” ya que ningún experto
independiente ha sido capaz de cuadrarlo con las medidas anunciadas por el
Gobierno para conseguirlo. Pero, incluso si se consiguiera, ¿eso es todo?
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¿No necesitamos recuperar inversión que evite el deterioro actual de
nuestras obras públicas? ¿No tendremos que recuperar inversión, pública y
privada, en I+D+i para hacer posible los avances en productividad? ¿No
deberíamos utilizar el gasto en políticas sociales como compensador de la
creciente desigualdad social vinculada a la crisis? ¿No hay esfuerzos
adicionales que hacer en educación, sanidad, pensiones… para equipararnos
a la media europea? ¿No requiere la política medioambiental esfuerzos
adicionales? Etc. etc. Aunque todo esto lo propugnemos mejorando la
eficiencia de las administraciones (para lo que hacen falta medidas) y desde
una óptica de evaluación permanente de la eficacia en las políticas públicas,
¿podremos financiarlo con el actual sistema tributario, del que solo sabemos
que el Gobierno bajará los impuestos a los votantes cuando estemos más
cerca de las elecciones?
Son solo esbozos de algunas tareas pendientes. Hay más. Como país,
tenemos pasado. Pero tenemos un futuro mayor. Lástima que nuestros
políticos hablen tan poco de él, haciéndonos acumular un déficit de futuro,
de proyectos de futuro.
