¿Cuántos de ustedes dirían que el Estado Central incrementó su déficit en 2013 un 2,3% respecto a 2012 y un 9,7% respecto al aprobado inicialmente? Pues véanlo en el cuadro 4.1.3, página 29 de la Actualización del Programa de Estabilidad aprobada por el Gobierno la pasada semana: déficit en 2013, 44.326 millones de euros frente a los 43.348 de 2012, sin incluir los gastos de la ayuda a la banca, y los 40.390 que figuraba en los Presupuestos aprobados por el Parlamento.
A todos nos ha quedado en el recuerdo de la rueda de prensa de presentación de resultados del déficit público en 2013, que se cumplió el objetivo pactado con Bruselas, 6,5%, con apenas una desviación al alza de dos décimas. Por tanto, ¡por fin! misión cumplida en cuanto a embridar las cuentas de las Administraciones Públicas, que tantos quebraderos de cabeza nos han traído en esta Gran Recesión. Pero si miramos los datos oficiales con un poco más de profundidad, sustituyendo la consigna por el análisis, la realidad que descubrimos es más compleja, matizada e interesante de cara al futuro.
En primer lugar, en 2013 tuvimos dos objetivos de déficit público para la Administración Central: el establecido en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Parlamento (3,8%) y el que fue pactado con Bruselas tras la dramática revisión de perspectivas realizada por el Gobierno a mediados de año, que lo elevó al 5,2%. Por tanto, con el 5,5% de cierre, hemos casi cumplido el segundo objetivo marcado, pero nos hemos quedado muy lejos del voluntarista compromiso inicial del Gobierno. En segundo lugar, del total de las Administraciones Públicas, en 2013 solo han hecho sus deberes las Comunidades Autónomas (que han rebajado su déficit hasta el 1,5%) y los Ayuntamientos (que han mejorado su superávit hasta el 0,4%). Mientras, el Estado Central se ha deslizado al alza respecto al año anterior, sin contar las ayudas a la banca.
En tercer lugar, los ingresos del Estado han crecido durante 2013 un 1%, a pesar de la caída de la actividad económica. De hecho, desde el inicio de la crisis, es el segundo año, tras 2012, en que han subido los ingresos consolidados del Estado gracias a la fuerte subida llevada a cambio en tasas e impuestos. La gran caída de ingresos públicos como consecuencia de la crisis tuvo lugar en 2010 con una bajada porcentual del 11%.
En cuarto lugar, el gasto público del Estado Central ha crecido, en términos homogéneos, entre 2011 y 2013 un 10%, sobre todo por los mayores gastos financieros de una deuda pública creciente y una prima de riesgo disparada al alza. Siguiendo la serie se comprueba que en el último año del Gobierno anterior se recortó bruscamente el gasto público, tras el importante aumento experimentado en 2010. El ajuste Zapatero de mayo de 2010 ha sido el único que ha reducido el gasto del Estado, en cifras absolutas. El Gobierno actual solo puede aducir un recorte del gasto en 2013, cuando incluye el gasto extraordinario en reestructuración financiera habido en 2012 y que utiliza como comodín.
En quinto lugar, los cambios en la composición interna del gasto público del Estado Central entre 2011 y 2013, se pueden resumir así: suben muy poco los gastos de personal y las transferencias corrientes mientras suben mucho los gastos financieros, que se duplican desde 2009. Por otro lado, bajan los gastos corrientes y, sobre todo, las inversiones reales y las transferencias de capital que es donde se concentra el recorte: el Estado invertía 10.588 millones de euros en 2008 y solo 3.903 en 2013. En sexto lugar, la prueba del nueve: la deuda pública del conjunto de las administraciones ha pasado de 813.077 millones de euros en 2011, a 1.253.456 millones en 2013, según el Banco de España. Solo a efectos de recordatorio, antes de la crisis, en 2007 por ejemplo, la deuda pública total ascendía a 432.782 millones.
Cuando recortar el déficit público a toda costa se ha convertido, durante esta crisis, en la pieza angular de las políticas de austeridad impuestas desde la troika, pero interiorizadas por nuestro Gobierno, analizar la verdad de lo que ha pasado durante estos años, sin trampa ni cartón, ni comparaciones políticamente sesgadas, adquiere una gran relevancia. Quienes nos opusimos al “giro de mayo” de 2010 y, desde entonces, a las políticas de austeridad seguidas en los países más o menos intervenidos, lo hacemos convencidos de que son una estrategia equivocada para hacer frente a una crisis de deuda privada, como la nuestra, que solo se puede afrontar desde un relanzamiento de la actividad económica y una reestructuración de la deuda, como se hace con los concursos de acreedores en las empresas privadas. Que recortar el gasto público productivo es recesivo y, por tanto, contraproducente, porque el ahorro depende de los ingresos, ya que existen gastos mínimos de subsistencia a los que nadie renuncia. Y que reducir el déficit al ritmo impuesto inicialmente por Bruselas (¡¡el 3% de déficit debía conseguirse en 2012!!) era directamente imposible. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido: se ha flexibilizado mucho la reducción del déficit, se ha recurrido al endeudamiento público para lubricar la actividad económica y para financiar la reconversión bancaria, se ha incrementado los ingresos para mejorar el ahorro público y el recorte del gasto productivo ha resultado recesivo sobre el PIB.
Todo esto se ha hecho en contra de lo que se ha dicho. La realidad ha ido por un lado y el discurso gubernamental, por otro. Se ha reducido gasto donde era posible y no donde era necesario. Así, los recortes han estado impulsados por razones ideológicas más que por razones socio económicas. Por ello, el modelo actual de consolidación presupuestaria, que aborda importantes compromisos de fuerte reducción del déficit en los próximos dos años, no es sostenible. Por ello, la Comisión, cuestiona por electoralista la anunciada rebaja impositiva (2500 millones de euros) tras la fuerte subida previa (30.000m). Con estos datos, ¿usted qué opina?
