Reformar la Constitución ha quedado como la única solución a la versión actual de la “cuestión catalana”, como en 1978 lo fue aprobar la Constitución que nos ha permitido convivir, provechosamente, treinta años. Esa es la conclusión más clara que se obtiene del debate parlamentario habido esta semana, al respecto. Así lo dijeron tanto Rajoy como Rubalcaba, acompañando su negativa a aceptar la Proposición de Ley del Parlamento de Catalunya sobre la convocatoria, en Catalunya, de un referéndum consultivo sobre su futuro político, con la invitación, en un caso, a que promuevan dicha reforma constitucional y con la propuesta, en otro caso, de hacer dicha reforma en un sentido federal.
Algunos pensaran que entramos en el debate con un problema y que salimos del mismo con otro problema más gordo. Y otros pensamos que quienes hicieron todo lo posible y lo imposible por boicotear el Estatut de 2006, que voté convencido de que era un buen compromiso como lo fueron los demás estatutos de autonomía reformados después bajo similares principios, cometieron una equivocación que está teniendo, como consecuencia, esta endiablada situación. Es cierto que reformar la constitución (para que decidan en referéndum todos los españoles) y un nuevo Estatut adecuado al nuevo texto constitucional (para que decidan en referéndum todos los catalanes, sin tutelas posteriores de ningún tribunal) no es un asunto menor, ni que pueda resolverse en escasos meses ni, mucho menos, sin ese espíritu de concordia y consenso que tanto hemos echado de menos los ciudadanos al recordar estos días al Presidente Suarez en los tiempos de la transición. Pero creo que cualquier cosa que no sea eso, no será una verdadera solución. Podrá ser la imposición de una parte (independencia unilateral, con todas sus negativas consecuencias) o de la otra (quedarnos como estamos, tras acorralar a la actual mayoría parlamentaria en Catalunya), es decir, se podrá vencer con ganadores y perdedores, pero no convencer con una solución en la que ganemos todos, como todos ganamos con la Constitución de 1978 y su desarrollo posterior, incluido el autonómico al que se sienten apegados una inmensa mayoría de ciudadanos según el CIS.
Recordemos el origen de esto: una parte importante de ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya y una amplia mayoría de sus representantes parlamentarios autonómicos, dicen no estar conforme con las relaciones que mantienen con el resto de España y que, tras haber cedido mucho sin haber obtenido suficiente satisfacción a cambio, contemplan la posibilidad de independizarse. No voy a analizar aquí las razones que dan para ello, ni la solidez de las mismas, como no entramos a analizar la fe de los creyentes para reconocer sus derechos en la Constitución y en las leyes. Son datos de un problema que tenemos que resolver juntos, si queremos seguir viviendo juntos, sin imposiciones unilaterales.
Una parte de esa parte descontenta (1), son independentistas convencidos, es decir, sea cual sea la situación, preferirán irse, lo que no es incompatible, como ha ocurrido hasta ahora, que acepten convivir lealmente, si no ven factibles sus deseos. Otra parte (2), sin embargo, aceptaría seguir siendo europeos a través del Estado español, es decir, aceptarían quedarse antes de afrontar la aventura independentista, siempre que algunas cosas importantes cambien y lo que ellos viven hoy como agravios, se transformen en acuerdos en mutuo beneficio. Tampoco hay unanimidad dentro de esa inmensa mayoría parlamentaria (y de los ciudadanos a que representan) que acaba de decir no a la propuesta del Parlament en los términos en que estaba formulada. Una parte de esta mayoría (3) expresa su voluntad de acometer cuantos cambios legales y políticos sean razonables, con el objetivo de poder seguir viviendo juntos, siempre que dichos cambios se hagan respetando los procedimientos legales establecidos. Otra parte (4), sin embargo, dice no estar dispuesta a hacer nada más que aplicar la Constitución actual y las leyes en vigor, sea cuales sean las consecuencias que ello tenga en esos ciudadanos catalanes que muestran su descontento, precisamente, con esa situación vigente.
El comportamiento dinámico de estas cuatro actitudes ha ido reforzando exclusivamente a los extremos 1 y 4 que han ocupados posiciones hegemónicas en sus respectivos campos. Tal vez sea llegado el momento en que las actitudes centrales, 2 y 3, se aproximen explícitamente, no solo para encontrar caminos practicables que ayuden a resolver el problema, sino para ir cambiando el actual bolero de Ravel, por una sinfonía más plural, que pueda acabar arrastrando a 4 (imprescindible) y, entonces sí, formar entre 2, 3 y 4 una nueva mayoría que gane democráticamente a 1. Como decía un editorial de este periódico, ahora “es el momento de recurrir a la política para afrontar la fractura social que se vive en Cataluña y alcanzar un gran pacto de convivencia”. Nada de esto es posible sin estar dispuesto a efectuar una reforma constitucional que no tiene por qué ser muy amplia, pero si tiene que ser muy explícita: tal vez, una quinta Disposición Adicional sobre Catalunya y sus hechos diferenciales, que deberá de ser negociada y aceptada por todos los españoles, dando lugar a un nuevo Estatut que incluya un modelo estable de financiación.
La sentencia del Tribunal Constitucional del mes pasado, abre precisamente esta vía cuando reconoce que “en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante en que se imponga la adhesión” obligatoria al ordenamiento, ni a la Constitución que puede, obviamente, modificarse para dar respuesta a nuevos problemas sobrevenidos ya que “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional”. El Gobierno del que formé parte, propuso cuatro reformas concretas de la Constitución incluyendo dos relativas al modelo autonómico. Junto a ello y a las reformas estatutarias (¡no solo se reformó el Estatut catalán!), o de la financiación, también hubo la Conferencia de Presidentes, la regulación de las Conferencias Sectoriales o de la presencia de las CC.AA en la UE. Todo un intento de revisión del modelo autonómico que, quizá, pudo haber evitado la grave situación actual. ¿Aprenderemos?
