Agua (de calidad) para todos (Publicado en Mercados de El Mundo el 9 de febrero de 2014)

Escrito a las 1:39 pm
A veces conviene hablar de lo importante aunque la actualidad esté
acaparada por lo urgente. Es lo que hicimos esta semana en la Jornada,
organizada por Expansión y patrocinada por Acciona, en torno a un informe
presentado por PwC sobre “La gestión del agua en España”, donde se
plantea algunas propuestas para una profunda reforma del modelo. Aunque
el foco se puso en el agua de consumo humano, dejando al margen los
problemas de la agricultura o de la industria, si tenemos en cuenta que más
de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y que estas se
configuran como motores del desarrollo en la globalización hasta el punto
de que las 100 mayores ciudades del mundo representan el 30% del PIB
mundial, resulta evidente que reflexionar sobre los serios problemas
planteados por la gestión del agua en los núcleos urbanos es un asunto de
la máxima relevancia presente y futura.
Parece necesario, en España, cambiar el paradigma con el que
hemos abordado la política del agua. La concepción tradicional ha sido:
tenemos agua suficiente, solo que está mal repartida a lo largo del año y de
la geografía, por tanto, hagamos embalses y transvases. El nuevo modelo,
sin embargo, considera que el agua es un bien público básico para la vida
humana y para la sostenibilidad del ecosistema, existiendo un derecho de
acceso universal al agua y al saneamiento, pero es un bien escaso. De ahí
se deduce un mayor hincapié en medidas que fomenten su ahorro, basarse
en el precio para incentivar un consumo responsable e impulsar su
reutilización (depuración y desalación). Una radiografía de la realidad en
España revela una situación manifiestamente mejorable: España no cumple
la legislación comunitaria en materia de depuración; tenemos una creciente
obsolescencia de los activos involucrados en el ciclo integral del agua
(potabilizadoras, redes de distribución, alcantarillado etc); sin duda por ello,
España es el tercer país de la UE con mayores pérdidas de agua en la red
de distribución a pesar de tener un elevado estrés hídrico.
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Una parte importante de los problemas señalados necesitan, para su
resolución, de fuertes inversiones. En el informe mencionado se calcula,
para el período 2014-2021 unas necesidades próximas a los 16.000
millones de euros si se quiere corregir esas deficiencias. Si tenemos en
cuenta la trayectoria histórica, los recortes recientes y el contexto
permanente de austeridad, es imposible confiar en que dicha cantidad
puede aportarse desde los Presupuestos públicos. Por tanto, resulta
imprescindible dar entrada a la inversión privada si queremos que haya
agua, de calidad, suficiente para todos. La colaboración público-privada en
el ámbito de la gestión del agua no es una novedad en España. Sin
menoscabo de la titularidad pública, en los últimos años ha crecido el
número de personas que reciben los servicios de abastecimiento y
saneamiento del agua a través de algún esquema de colaboración públicoprivada,
en una realidad compleja donde la normalidad ha sido la regla y los
conflictos, la excepción. Pero las necesidades a abordar en los próximos
años son de tal calibre que hace falta una profunda reforma en el modelo de
gestión del agua en España. Una de esas reformas estructurales que, a
pesar de no estar urgidas por la troika, no deja de ser de la más alta
trascendencia para nuestro futuro, sobre todo si tenemos en cuenta el
impacto económico del agua en sectores como la energía, la industria, el
turismo o la agricultura.
Tenemos un problema con el precio. Ya sé que aquí se puede aplicar
que solo un necio confunde valor y precio, pero necesitamos que, en
promedio, lo pagado se aproxime un poco más al valor de un bien escaso
para evitar aquello otro de que no se valora ni cuida lo que es gratis o casi
gratis: nuestras tarifas de agua no solo se sitúan en el rango bajo de las
europeas (1,60 euros por metro cúbico frente a 3), sino que, además,
presentan una elevada dispersión geográfica (550%), la más alta de
Europa. En muchos casos, la tarifa es tan baja que no se cumple con el
principio de recuperación de costes sancionado por la Directiva Marco del
Agua y eso explica nuestra deficiente situación actual. Según la OCDE,
España es el único país desarrollado donde el precio del agua no permite,
en promedio, cubrir los costes de saneamiento y distribución. Este precio
tan bajo, con una elevada dispersión territorial, con evoluciones temporales
inciertas, no se explica por garantizar el acceso a los menos pudientes sino
por razones de diseño institucional deficiente: quien adopta las decisiones
no tiene capacidad de resistir la presión ciudadana. Por ello, crear una
metodología común y obligatoria para el cálculo y evolución de las tarifas
del agua para asegurar, al menos, que cubran los costes, sería un
importante paso adelante que, además, fortalecería la maltrecha unidad de
mercado.
Tenemos otro problema serio con la dispersión normativa, el
solapamiento entre instituciones y la escasa transparencia con que se
adoptan decisiones. Crear un nuevo marco regulatorio estable, predecible y
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homogéneo, supervisado por una autoridad independiente como ocurre en
otros sectores regulados (energía, bolsa…) sería fundamental, acompañado
de una adecuación de la legislación de contratos del Estado para facilitar la
colaboración privada, con su debida supervisión. Podríamos decir que el
actual marco regulatorio es incompatible con la sostenibilidad económica de
un elenco de situaciones tan elevado como el que tenemos: inversiones
públicas se entremezclan con inversiones privadas, existe gestión
directamente municipal pero también hay casos de gestión empresarial y,
dentro de esta, pública, privada o mixta. Sobre todo, si proyectamos hacia
el futuro ya que parece razonable suponer que la gestión sostenible del ciclo
integral del agua requerirá un mayor enfoque empresarial y,
concretamente, una mayor participación privada, tanto en financiación
como en gestión integral.
El Ministro Arias Cañete señaló en su intervención su voluntad de
impulsar un Pacto del Agua. Lo comparto. Ahí tiene algunas propuestas para
empezar a trabajar. Es importante y, además, empieza a ser urgente.

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