Cuando el Ministro de Guindos aprovecha la Asamblea en Washington del FMI para criticar la propuesta realizada por este organismo de rebajar los salarios españoles un 10% en dos años, como único medio para acelerar la lucha contra el paro masivo, parece evidente que no manifiesta una discrepancia conceptual, sino tan solo cuantitativa. ¿Estaría de acuerdo el ministro con una rebaja salarial del 7%, del 5%? Digo esto porque toda la política económica impuesta desde Bruselas y seguida con devoción por el Gobierno, la llamada austeridad o devaluación interna, persigue rebajar los costes salariales en España como si la crisis fuera resultado de una falta de competitividad exterior, en lugar de un desplome de la demanda interna tras el estallido de una burbuja de sobreendeudamiento privado.Puede haber también una discrepancia procedimental entre el ministro y el FMI ya que este propone hacerlo mediante un gran pacto social y político que acuerde otros elementos de la política económica. Pero la estrategia de rebajar costes salariales es la columna vertebral de la política económica seguida desde, al menos, mayo de 2010, que este gobierno ha relanzado mediante la reforma laboral que, cada día que pasa se demuestra más como no tenía por objetivo crear empleo estable, como se dijo, sino debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores para forzar, así, rebajas salariales impuestas unilateralmente.
La secuencia es muy clara. Primero se abarata la factura salarial mediante el despido masivo de trabajadores. Tiene razón el FMI cuando dice que ante las dificultades, nuestra economía ha reaccionado como siempre, ajustando cantidades en vez de precios y así, entre 2008 y 2012, mientras el empleo disminuye un 15%, los salarios nominales suben un 10%. La segunda fase del abaratamiento de los costes salariales consiste en precarizar el mercado de trabajo alcanzando una tasa de temporalidad del 23% y de empleo a tiempo parcial del 16%. Ahora, entramos en la tercera fase donde el ajuste de cantidades es insuficiente dada la gravedad de la crisis así como los cambios introducidos por la globalización y entramos directamente en el ajuste de precios. Por ello, se rebajan los salarios de aquellos trabajadores indefinidos a tiempo completo, estrategia en la que fue pionero el sector público. Por tanto, cuando la Contabilidad Nacional prueba el retroceso experimentado por la remuneración de los asalariados en estos años, el hecho no debe presentarse como una sorpresa ya que es el resultado buscado mediante el modelo seguido de devaluación interna.
¿Era esta la única forma de hacerla? Y, sobre todo, ¿cuál será el impacto a medio plazo sobre nuestro modelo productivo de una estrategia continuada de rebajas salariales? Cuando un país tiene el desequilibrio exterior que llegamos a tener, como consecuencia del tirón de una demanda interna del sector privada recalentada a base de endeudamiento, tiene que moderar la llamada absorción interna origen del problema. Repitamos otra vez: nuestro elevado déficit comercial no era fruto de problemas en la competitividad de las exportaciones, que siempre han crecido a ritmos elevados, sino al fortísimo aumento de las importaciones vinculadas a un consumo interno privado vitaminado desde las instituciones financieras.
En ese contexto, el sector público español debería haber aprovechado la situación de solvencia en que se había situado tras tres años con los primeros superávits de la democracia y una deuda pública por debajo del 40% del PIB, para contrarrestar la caída de la demanda privada suavizando su impacto negativo sobre la actividad y el empleo. Por ejemplo, mediante más planes selectivos de reactivación como el PIVE, el Plan E o el Plan de pago a proveedores. Por ejemplo, no subiendo impuestos, ni la tarifa eléctrica, ni imponiendo copagos, para mantener la renta disponible de las familias o, por ejemplo, rebajando cotizaciones sociales para que el ajuste de costes salariales no se centrara exclusivamente en más paro y menos salario. Junto a ello, una vinculación explicita entre los importantes fondos públicos puestos a disposición de la reconversión bancaria y una verdadera reactivación selectiva del crédito productivo.
Existía, por tanto, una forma alternativa de realizar la necesaria devaluación interna, con un reparto social de los costes, diferente al que está teniendo la que ha seguido el Gobierno por una mezcla de ideología y sometimiento a los intereses de los acreedores. La propuesta del FMI de rebajar salarios un 10% en dos años se inscribe, pues, plenamente en el programa económico del Gobierno. De hecho, es muy probable que ese sea, exactamente, el resultado obtenido dentro de dos años si continuamos con ésta política. ¿Qué implicaciones tendrá esto sobre la cuantía de la recuperación, el modelo de crecimiento y la desigualdad, ya que el margen empresarial por empleado ha aumentado en España mucho más que en cualquiera de los países grandes europeos?
No conozco ninguna previsión a medio plazo sobre la economía española que anticipe tasas medias de crecimiento superiores al 1,5%. Eso, con sus evidentes implicaciones sobre el ritmo lento de reducción del paro masivo y de recuperación del bienestar perdido, se explica porque la combinación de rebajas salariales continuadas y de moderación en la financiación al sector privada se traducirá en una demanda interna poco pujante. Pero más allá de esto, ¿estamos seguros de que posicionar a España como un país “low cost”, es lo más sensato y sostenible en este mundo globalizado? ¿Esta es la estrategia que impulsará el desarrollo de aquellos sectores punteros basados en la economía del conocimiento y atraerá inversión extranjera?
Estos días estamos asistiendo a los graves problemas surgidos en dos empresas señeras de nuestro país: Panrico y Fagor. Muy distintas, por muchas cosas, incluyendo el modelo accionarial, pero con una reflexión en común: si la solución a sus problemas se encuentra en nuevas rebajas de costes salariales y en frenar la innovación para que abandonen la zona de marca, valor añadido, innovación, pasando a posicionarse como “producto barato” indistinguible, puede ser una respuesta a sus problemas actuales. Pero, ¿será lo mejor para el país? Sinceramente, creo que no. Lo diga el FMI, o el Ministro.
