Administraciones, salida en falso. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Hace falta mucha imaginación para llamar reforma histórica de las Administraciones Públicas a un batiburrillo inconexo y desigual de medidas, problemas e intenciones, con cierto tufillo a que la democracia es demasiado cara, que sitúa al mismo nivel la cita previa electrónica a los parados con la eternamente prometida elaboración de unos presupuestos “en base cero”, sugiere cambios donde no tiene competencias, propone cosas sensatas, como implantar centrales de compras, pero habla con adanismo de administración electrónica cuando la Ley que la implanta es de 2007 y millones de contribuyentes usamos ya el programa PADRE o concertamos cita por Internet para renovar el DNI electrónico.

La reforma de las Administraciones Públicas requiere un Pacto de Estado. Así lo dijo esta semana, y lo comparto, Jesús Posadas, Presidente del Congreso y ex Ministro de la cosa, en una jornada sobre el futuro del Estado organizada por el sindicato de funcionarios CSIF. Aunque nuestras administraciones tienen “islas de modernidad” y se han producido numerosos avances parciales en los últimos años, falta una reforma integral que de sentido a lo que se está haciendo y garantice la continuidad en el viaje hacia esa mejor administración que no es la que no existe, si no la que no se nota que existe.

Tuvimos la oportunidad de hacerlo aprovechando el impulso proporcionado por las leyes aprobadas en los años 2004-2007, como seguramente pudimos haberlo hecho también en algún otro período anterior. Pero la verdad es que la mejora permanente del funcionamiento de las administraciones, a pesar de constituir estas el eje vertebrador de la acción del Estado, no ha formado parte de las prioridades de los partidos políticos y a la evidencia me remito. Ahora, tras 18 meses y cuatro grupos de trabajo, podemos encontrarnos ante otra oportunidad perdida que se salde con algunos avances y muchas frustraciones  como consecuencia de haberse equivocado tanto en el método, como en el objeto.

Cualquier reforma de las administraciones  debe articularse sobre tres asuntos: lo que hacen las administraciones, cómo lo hacen y con quien lo hacen. Cuando el presidente Rajoy (que también fue Ministro de Administraciones Públicas) ha dicho que no tenemos una administración elefantiásica, ni en términos de peso del gasto público, ni en volumen de empleados, el debate sobre lo que esta hace debería centrarse. Discutir sobre el instrumento sin conocer los fines, es absurdo, ya que las administraciones hacen aquello que les encargan (o permiten) las leyes. Por ello, sorprende propuestas como que las autonomías cierren organismos de control como sus Tribunales de Cuentas para acumular sus tareas en un desbordado Tribunal de Cuentas de la Administración Central, sin proponer los cambios normativos correspondientes, bien quitándoles las competencias o dando el salto hacia verdaderos organismos federales.

 Lo que hacen las administraciones y como se reparten el trabajo entre ellas queda definido en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, la Ley de Bases del Régimen local y el conjunto de Leyes estatales. Entre los años 2004-2008 tuvimos un intenso proceso de redefinición competencial en España donde se reformaron siete Estatutos de Autonomía, todos menos uno, con el apoyo del PP. También se trabajó en una reforma competencial de los poderes locales que el Gobierno quiere retomar, por cierto, reforzando  a las Diputaciones que, para algunos, constituyen una duplicidad administrativa. Más recientemente, los intensos procesos de externalización de servicios públicos como los que estamos viviendo en el sector sanitario, afecta al debate ya que traslada directamente la gestión del personal y de los procedimientos desde la administración a empresas privadas. Hablar, pues, de reforma administrativa sin mencionar estos asuntos medulares, es como mover la boca en un coro sin emitir sonidos.

Cómo hacen las administraciones esos deberes legales, es otro asunto esencial. Muchas de las medidas propuestas en el Informe presentado son sensatas y van en la buena dirección. Casi todas ellas han sido formuladas con anterioridad por distintos Gobiernos y las preguntas a responder son dos: por qué no se hizo antes y por qué, esta vez, debemos creernos que será posible vencer las resistencias al cambio cuando dicha confianza está vinculada a la constatación de lo que hace el gobierno y no tanto de lo que dice. Por ello, cuando se quita presupuesto a la implantación de la Ley de Administración electrónica, se quita credibilidad a declaraciones enfáticas en favor de una administración  electrónica cuya “ventanilla única”, el 060, ya inauguré yo sin que haya pasado de ese estadio. O cuando el “error” cometido con el DNI de la Infanta no se explica bien (transparencia) ni lleva aparejado consecuencias (responsabilidad), cualquier catálogo de buenas intenciones futuras queda lastrado de origen.  ¿Por qué creer el anuncio de presupuestos en base cero cuando se arrincona la existente Agencia de Evaluación de políticas públicas sin la que aquellos no son posibles? O, si la ley de Agencias (2006) posibilita una manera diferente de gestión pública en base a objetivos medibles y eficiencia evaluable, ¿por qué no se desbloquea su desarrollo, antes de reinventarla?

La reflexión sobre con quien se hacen las cosas en la administración tiene que ver con los empleados públicos sobre los que debemos contestar a tres preguntas: ¿deben de ser todos funcionarios?, ¿tienen asegurado no solo el trabajo, si no el puesto de trabajo, con independencia de cómo lo desempeñen? ¿Hace falta profesionalizar más la dirección y la gestión de las administraciones públicas? A estas y otras preguntas similares ya daba respuesta el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Parlamento en 2007, y cuyo desarrollo e implantación se está queriendo presentar ahora, seis años después, como el descubrimiento del Mediterráneo.

En suma, sin un poco mas de humildad, espíritu negociador, voluntad real de hacer, en lugar de aparentar que se hace; sin plantear la batalla donde hay que darla, en la realidad, en lugar de en los medios de comunicación, algo mejorarán las cosas, pero la reforma integral de las administraciones será una herencia pendiente que dejará, también, este Gobierno. Estamos a tiempo. Pero abandonen la propaganda y pongámonos manos a la obra.