Otro tipo de ajuste es necesario. (Publicado en Mercados de El Mundo)

¿No hay otro camino? De verdad que para salir de esta crisis económica no tenemos más remedio que pasar por seis millones de parados y una deuda pública disparada? Incluso aceptando la necesidad de austeridad, estamos haciendo los ajustes acertados? Crecen las voces que van expresando dudas sobre la respuesta que a estas preguntas viene dando el Gobierno. Sobre todo, después de que la revisión del Programa de Estabilidad haya establecido una certeza, la cosa no mejorará sustancialmente en los próximos años y una duda, el Gobierno ha tirado la toalla, hasta fechas preelectorales.

La austeridad como estrategia de política económica para salir de una crisis por sobreendeudamiento privado como la que padecemos, se fundamenta en dos pilares: necesitamos recortar gastos para generar el ahorro necesario con que devolver los préstamos que nos ahogan y, por otra parte, necesitamos rebajar costes productivos, proceder a una severa devaluación interna, para generar competitividad internacional que nos permita mejorar ingresos. Mucha gente, incluyendo Premios Nobeles de Economía e instituciones, creemos que la austeridad, como medidas anticrisis, es un error que no produce los efectos deseados sino los contrarios. Pero, además, es una estrategia que impone demasiados sacrificios para demasiada gente que no ha tenido nada que ver con la causa del problema. Por tanto, puede entenderse que sea una política que impongan los acreedores (no tenemos esa libertad para elegir), pero nunca que se pueda defender, con convicción, desde el deudor. Si la historia muestra que siempre se ha salido de una crisis de sobreendeudamiento con un reparto de los costes entre deudores (pérdida de riqueza) y acreedores (quitas, moratorias, inflación), la austeridad representaría, solo, la primera parte.

Desde mayo de 2010 y, especialmente a lo largo de 2012, la austeridad entendida como gastar menos se ha aplicado, sobre todo, al gasto público, como si nuestro problema inicial fuera un excesivo endeudamiento público, como en otros países, en vez de un excesivo endeudamiento privado como es aquí. En todo caso, se supone que la reducción del gasto público, más controlable desde el Gobierno que el gasto privado, induciría una depresión sobre el conjunto del gasto agregado, como exige el primer pilar de la teoría de la austeridad.

Sin embargo, las estadísticas recientemente publicadas por Eurostat señalan que el total del gasto público en España, como porcentaje del PIB, ha pasado de representar el 46,3% en 2009 al 47,0% en 2012, para un PIB que, en términos nominales, ha crecido un poco. Qué pasa? Tanta austeridad y tanto recorte para dejar el volumen del gasto igual que antes? Tenemos que afinar un poco más el análisis. En primer lugar, por agentes: las CC.AA han empezado a recortar su gasto de manera significativa en los dos últimos años, tras el fuerte aumento experimentado desde 2003, ya que el peculiar sistema de financiación (adelantos) les ha retardado el momento en que han sentido la crisis de ingresos presupuestarios. Por otra parte, si miramos el Estado central, según los datos de la Intervención General, tanto los pagos realizados durante 2012, como las obligaciones reconocidas, son prácticamente iguales que en 2011. De ambas consideraciones se deduce dos hechos: en 2012, el Estado central ha realizado muy poco esfuerzo de recorte global de su gasto y, dos, casi todo el ajuste efectuado del gasto público, se ha centrado en las CC.AA. que es, mayoritariamente, gasto social.

Si descendemos a los componentes del gasto público del Estado central vemos que, tras la cifra total, se esconde grandes variaciones funcionales. Por ejemplo, fuerte aumento de los pagos por intereses de una deuda pública creciente financiada con una excesiva prima de riesgo y significativa reducción en gastos corrientes y en pagos de personal debido, sobre todo, a la supresión de la paga extra. Sin embargo, la partida que más se reduce, por segundo año consecutivo, son los gastos de capital, tanto inversiones reales como transferencias de capital a otras entidades. Por hacernos una idea de la magnitud de este recorte de un gasto directamente productivo, en 2009 las obligaciones reconocidas por este concepto alcanzaron un volumen de 22.465 millones de euros, mientras en 2012 fueron la mitad, 11.853 millones.

Qué podemos deducir de todo esto? Que el ajuste del gasto público se ha centrado en el gasto social y en los gastos de capital, con algunos recortes en gastos corrientes y otros, no recurrentes, en personal mientras se ha incrementado mucho los pagos por intereses de la deuda (de 16.392 millones en 2009 a 25.757m en 2012). El ajuste realizado ha conseguido congelar el gasto público total, pero con importantes alteraciones en su composición interna: las Administraciones han comprado menos al sector privado, han invertido muchísimo menos y han reducido las prestaciones sociales agudizando, con ello, la recesión económica. Y, además, la deuda pública se ha incrementado hasta máximos históricos. No se podía haber conseguido lo mismo mediante un ajuste presupuestario diferente, recortando en otras partidas que no hubieran penalizado tanto el gasto productivo?

El otro pilar de la austeridad, reducir costes para mejorar competitividad, lo hemos hecho despidiendo masivamente trabajadores (a pesar de que la reforma laboral pretendía flexibilizar condiciones para disuadir los despidos) y, recortando salarios. Ambos aspectos, agudizan la recesión. El ajuste realizado en el sector privado ha llevado a que la Renta Disponible Bruta/PIB haya caído, por primera vez, desde el 68,8 en 2009 al 64,6 en 2012. Como consecuencia, la tasa de ahorro, en lugar de aumentar, está disminuyendo y el desapalancamiento privado se realiza a un ritmo demasiado lento. Los ciudadanos tienen que pagar ahora por bienes y servicios públicos, más que antes, justo cuando disponen de menos renta que antes. ¿De verdad no hay otro ajuste posible, uno que se centrara en rebajar cotizaciones sociales y en otros costes asociados a sectores con falta de competencia? Con este tipo de ajuste, el Índice mensual de competitividad de España, que elabora el Ministerio de Economía, no ha experimentado mejoría desde 2010, hasta ahora. ¿De verdad es sólo cuestión de paciencia?