A propósito de Chipre. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Resulta muy difícil no hablar esta semana de Chipre. Y les adelanto que, por lo visto, no mantengo al respecto una posición alineada con la mayoría. Al menos, en la cuestión de fondo relativa a la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, no por capricho, sino porque el país está quebrado y necesita ayuda exterior para salvar a un sistema financiero que es casi diez veces su PIB, como ya ocurrió en Islandia donde, recuerdo, decidieron, con aval judicial, no devolver íntegros los depósitos bancarios de los extranjeros.

                Todos estamos de acuerdo en que la operación ha sido una chapuza, por no denominarla una irresponsabilidad, por parte de unos Ministros europeos de finanzas que acordaron unas medidas sin pactarlas adecuadamente con el país, luego, las corrigieron sobre la marcha y, tras el rechazo del parlamento chipriota, pugnan por decir que, uno a uno, nadie estaba de acuerdo con aquello que, sin embargo, todos juntos, aprobaron por unanimidad.

                Con ello, quienes creíamos superado el “riesgo euro” entorno a una eventual ruptura de la zona monetaria, volvemos a ver como la debilidad institucional de la Unión Europea, su falta de liderazgo y hasta de profesionalidad, se traduce en costes adicionales para todos, en forma de desconfianza e incertidumbre, a pesar de los esfuerzos realizados por el Banco Central Europeo mediante sus cuantiosas inyecciones de liquidez.

                Las discrepancias empiezan a partir de aquí. El reparto social de los costes de una crisis profunda y larga como esta, es la principal tarea del debate político en cualquier país democrático. Nos resignamos a que la paguen los parados (quienes pierden el empleo o quienes no lo encuentran), los accionistas, los propietarios de pisos, los inversores, los bonistas, los de las preferentes, los pensionistas, los funcionarios, los empresarios que quiebran, los enfermos, los deudores desahuciados, los contribuyentes, los jóvenes investigadores, los becarios etc. Y, sin embargo, ponemos el grito en el cielo si pedimos a quienes mantiene sus ahorros en depósitos bancarios que contribuyan, también, a pagar la crisis. O sea, que el banco puede decidir hacerme pagar una comisión por sacar mi dinero de mi cuenta corriente o por mantener mi cartilla de ahorros, pero el mismo Estado que me puede poner un copago sanitario ¿no puede ponerme un impuesto sobre el ahorro mantenido en depósitos bancarios? No lo entiendo. No digo que lo comparta, como tampoco comparto otras medidas que se han aprobado para hacer frente a los costes de la crisis. Pero, con lo que ha caído en esta recesión, se me escapa la lógica subyacente tras el concierto de voces que se ha alzado declarando “sagrados” los depósitos bancarios. ¿Por qué son más “sagrados” estos que otros ahorros, o que la vivienda, o que el mismo trabajo que permite obtener los ingresos necesarios para poder ahorrar?

                Refuerzo mi perplejidad con dos reflexiones complementarias: ese 21% de pobres que la crisis nos está dejando en España no tiene sus ahorros en depósitos bancarios, ni en ninguna otra parte, aunque tampoco los muy ricos tienen sus ahorros en depósitos, salvo en Chipre. Por otro lado, la garantía europea de los depósitos bancarios con un límite de cien mil euros, se refiere a situaciones de quiebras de las entidades financieras que les impidan hacer frente a sus obligaciones con los depositantes. Ninguna contradicción, ni nada que ver con lo que estamos hablando aquí, un impuesto.

                Y aquí está el problema: hablamos de impuestos, considerados, cada vez más por corrientes ideológicas influyentes de pensamiento político, no como una medida, técnicamente discutible y corregible, para conseguir redistribuir la renta y aproximarnos a una igualdad social de oportunidades que no se deduce del libre mercado, sino esencialmente como una “expropiación” ilegitima de algo, cuya propiedad me pertenece, en su integridad, por derecho natural. Es curioso que este concepto se haya aplicado estos días ante un impuesto sobre los depósitos bancarios pero no, por ejemplo, a los impuestos sobre el trabajo personal, sobre la compra de comida o el IBI sobre la casa en la que vivimos. ¿Por qué al Presidente Rajoy le preocupa proteger de la crisis a “los pequeños ahorradores” en depósitos bancarios, pero no le hemos oído hablar de los “pequeños ahorradores en preferentes” o de los impuestos sobre los “pequeños autónomos” o de los seis millones de parados que no pagan ciertos impuestos porque han perdido su fuente de ingresos?

                Podemos discutir, como siempre en cualquier impuesto, si hay mínimo exento, cuál es la tarifa que se paga por  volumen de depósito etc. Pero, desde un punto de vista conceptual, no entiendo por qué me pueden gravar el ataúd con el que me entierran, pero no los ahorros depositados en el banco. La actividad económica se simplifica mediante una sencilla fórmula: los ingresos obtenidos, o su consumen, o se ahorran e invierten. Hoy, pagamos ya impuestos sobre los ingresos, con el dinero restante, volvemos a pagar impuestos sobre el consumo, sobre la inversión y sobre la mayoría de las fórmulas de ahorro. Pero ponemos el grito en el cielo si, ante una situación tan excepcional como la amenaza de quiebra de un país, se pide que los ahorros depositados en los bancos, también contribuyan con una pequeña cantidad de impuestos. Conceptualmente, no lo entiendo, incluso sin hablar de las “peculiaridades” que al parecer encierra el sistema financiero chipriota y sus especiales depósitos bancarios.

 En el fondo, pues, la reacción negativa que ha levantado la propuesta del eurogrupo sobre Chipre, más allá de su torpeza evidente, solo se puede entender si la interpretamos como “metáfora” de otras cosas. Algunas, como el creciente hartazgo ciudadano que recorre Europa frente al gobierno de la troika y su austericidio, las comparto. Otras, reflejan la preocupante levedad pública de esta sociedad del espectáculo en que vivimos. Pero otras, aquellas que aprovechan Chipre para criticar el concepto mismo de impuestos, creando, de hecho, zonas exentas, me parecen rechazables. ¿Qué harán Rajoy y Guindos cuando Montoro, como ya ha adelantado en el Parlamento, aplique este mismo impuesto en España?