No estamos mejor que hace un año. Ese podría ser el resumen del Debate sobre el Estado de la nación que ha tenido lugar esta semana. A partir de ahí, puntos de vista contrapuestos surgen sobre las dos preguntas claves: ¿se podría haber hecho otra cosa?, ¿este sufrimiento es condición imprescindible para alcanzar la mejoría cuyos rayos esperanzadores ya nos alcanzan?
Siempre resulta peligroso enfatizar que no había alternativa, que no se podía haber hecho cosa distinta de lo hecho. En primer lugar, porque cualquier objetivo (reducción del déficit, reformar el mercado laboral o impulsar la unión bancaria en Europa) se puede conseguir, siempre, mediante diferentes combinaciones de elementos, lo que obliga a optar. En segundo lugar, porque decir que no hay más remedio que hacer lo que se hace, que resulta inevitable, es negar libertad a quien toma la que dice ser única decisión posible (y no vale encubrirlo con frases huecas como “es de sentido común” o “es lo razonable”) que si, además, no le gusta, solo se puede explicar que la adopte porque hay otra instancia superior que le obliga a ello lo cual, sea “los mercados” o “la troika”, cuestiona seriamente la autonomía democrática del país. En tercer lugar porque, sencillamente, no es verdad: podíamos haber ampliado el rescate bancario para incluir a todo el país y, seguramente, la prima de riesgo estaría a la mitad que ahora; podíamos haber creado el “banco malo” en 2009 y el crédito fluiría ya a la economía real o podíamos haber centrado la devaluación interna en una rebaja sustancial de las cotizaciones a la Seguridad Social en lugar de hacerlo sobre salarios y empleos. Por tanto, dentro de los márgenes de libertad relativa que nos impone el sistema económico globalizado en que estamos, había opciones, se podía haber adoptado otras medidas y, en eso, tenía razón el líder de la oposición cuando insistía en que el tipo de reforma laboral realizada o el contenido de los recortes adoptados en el gasto público responden a un modelo ideológico de la sociedad, legítimo, aunque sus defensores aquí, a diferencia de Thatcher o el Tea Party, intenten disimularlo, pero que no es el único compatible con cumplir los objetivos económicos de salida de la crisis.
Vivimos la segunda etapa de una batalla entre acreedores y deudores, entre quienes han tenido dinero para prestar y quienes lo han necesitado para realizar sus proyecto, colectivos cuyos intereses no son coincidentes. Como país, somos deudores y, sin embargo, hemos aceptado el relato y las medidas que emanan de los acreedores quizá, porque nosotros también tenemos poderosos acreedores internos. Defender los intereses del deudor era otra posibilidad que nos hubiera llevado, por ejemplo, a una moratoria en los desahucios cuando se producen determinadas condiciones sobrevenidas, a una revisión de la ley hipotecaria que equilibrara el tratamiento que ante un impago se le da a una empresa y a una familia, o a una batalla más fuerte por establecer estrategias de crecimiento en la Unión Europea.
Se podía haber adoptado, por tanto, otro elenco de medidas, guiado por otra visión de los intereses en conflicto que, incluso obteniendo resultados macroeconómicos similares, hubieran repartido los sacrificios de manera socialmente diferente. Negar la existencia de opciones, es negar la evidencia democrática. Por tanto, había y hay alternativas. Se ha hecho lo que se ha hecho porque se ha creído que era lo mejor (presunción de buena fe) pero, evidentemente, se podía haber hecho otras cosas que hubieran conducido a un resultado diferente y, para algunos, mejor que el actual.
Es evidente que de una crisis por sobreendeudamiento no se sale sin sacrificios. Pero tan evidente como que no se sale, solo, a base de apretarse el cinturón cada vez más. Necesitamos crecer, generar ingresos nuevos que las políticas de austeridad no son capaces de generar. Y, para ello, hacen falta condiciones previas en términos de estabilidad, confianza, rentabilidad, pero también, medidas conscientes que empujen el crecimiento. En este terreno el discurso del Presidente Rajoy es contradictorio: en unos momentos fija la austeridad como única política suprema que nos devolverá de forma automática al crecimiento pero, en otros, reclama a quien puede crecer, como Alemania, que lo haga o aprueba aquí medidas selectivas de estímulo (Plan PIVE, líneas de crédito del ICO, plan de pago a proveedores…) que, con mayor o menor eficacia práctica, rompen la lógica de su discurso de austeridad, hasta aproximarlo a una esquizofrenia electoralista. Sobre este importante asunto, que determina las perspectivas de crecimiento para 2014, mi posición es clara: si no se hace algo distinto de lo hecho y dicho hasta ahora, si no se rectifica, si no se adoptan medidas de verdad y no cosméticas para fomentar el crecimiento en contra de la lógica seca de la austeridad, nada garantiza que la recesión vaya a finalizar este año.
Estamos a las puertas de la tercera fase de la confrontación acreedores/deudores: aquella en la que España se ponga lo suficientemente “a punto” y “barata”, como para que empresas y fondos extranjeros aparezcan con dinero fresco y ánimo comprador. No tengo nada en contra de ello. Solo que me gustaría poder negociar la venta desde una posición mayor de fuerza que la que tenemos, como país, en este momento. Y, para ello, tenemos muchas reformas que hacer, empezando por recuperar un clima interno y externo de confianza en nuestra clase política, demasiado golpeada por la confrontación por sistema, la negación de la realidad como método y la falta de reacción rápida, contundente e inequívoca ante el cúmulo de casos de corrupción que están surgiendo y que afectan al corazón mismo de las principales instituciones del país. Frente a la conjunción de “paro creciente y cuentas de Bárcenas”, el futuro se derrite, ninguna campaña en defensa de la marca España es suficiente, ni basta con ganar o perder un debate parlamentario. Hay vida después de la crisis (Rajoy). Pero no se alcanza a base de que, algunos, sufran mucho, mucho y expíen por todos.
