Inflar el balón de lo público para patearlo mejor. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Los  Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) anunciados esta semana en Iberia y en El País, no han sido los primeros ni, desgraciadamente, serán los últimos, aunque estos dos despidos colectivos han golpeado de manera especial a una ciudadanía que no ve fondo a la crisis. Desde 2008  y acelerándose de manera clara desde que la última reforma laboral eliminó la necesidad de autorización previa, casi dos millones de trabajadores se han visto afectados por alguna alteración de las condiciones laborales previstas en un ERE. Dos millones, que se vienen a sumar al millón que ha visto rescindida su relación laboral por un procedimiento individual hasta engrosar los tres millones de trabajadores que han sido despedidos, es decir, han dejado de aportar su esfuerzo a una empresa y han pasado a representar una carga social a veces, para la familia por no tener derecho a prestaciones, otras al conjunto por cobrar del seguro de desempleo que es una de las partidas del gasto público que más ha crecido durante la crisis (hasta casi 29.000 millones de euros) y, aún otras, por jubilaciones anticipadas que ha sido un procedimiento tradicional para resolver, en España, los excesos de trabajadores en las empresas privadas.

                La lógica de este proceso es conocida: cuando una empresa tiene dificultades que amenazan su supervivencia, se acoge a un procedimiento reglado que le permite ahorrar costes de personal, trasladándolos al conjunto de la sociedad que se hace cargo de esos trabajadores sobrantes. Desde el punto de vista de la empresa, se busca mantener la actividad, recuperando los beneficios perdidos y desde el punto de vista de la sociedad se supone que resulta menos costoso hacerse cargo de una parte de los trabajadores sobrantes, antes de que la pérdida de rentabilidad lleve al cierre total de la empresa, lo que colocaría en paro a todos sus trabajadores.

 Podemos hablar, por tanto, de una relación simbiótica según la cuál, cuando las cosas van bien, las empresas crean empleo, generan riqueza y pagan impuestos a cambio de que, cuando las cosas van mal, la sociedad ayuda a las empresas de varias formas, entre otras, haciéndose cargo de parte de sus costes laborales. Dado que las cosas podrían ser de otra manera y las empresas actuar, como en otros países, en un contexto de libertad para contratar y despedir sin que haya prevista redes sociales que faciliten la vida de los despedidos, esta relación concreta define una parte de los lazos y vínculos que se establecen al vivir juntos en sociedad de acuerdo con determinados principios que denominamos Estado del Bienestar.

Los mecanismos legales simbolizados por los EREs destacan un modelo de colaboración entre lo público y lo privado, donde cada uno realiza su diferente labor y ayuda con ello, al conjunto, según fases del ciclo económico: cuando va bien, las empresas generan trabajo y pagan impuestos sobre sus beneficios y cuando va mal, el estado asume, a veces mediante déficit, los costes laborales desbordantes para las empresas.

El problema es cuando ese equilibrio se rompe. Cuando las empresas ya no generan empleo nuevo en el país, aunque sus accionistas sigan obteniendo dividendos por los beneficios obtenidos en otras partes de una economía globalizada, cuando exigen no pagar impuestos bajo amenaza de deslocalización, cuando se suman a la deslegitimación sistemática de lo público, pero recurren a los EREs si sus inversores internacionales exigen unas rentabilidades superiores y, además, como ahora, sin necesidad de autorización previa de quién financia parte del coste. En este caso, nos encontramos en una situación muy distinta de la anterior ya que esto último es socialización de costes y privatización de beneficios. Lo público como pagano colectivo de las necesidades privadas de obtener unas rentabilidades acordes con la globalización pero, además, despreciado, criticado y no financiado por quienes se benefician, no obstante, de su existencia.

No creo que estemos ante la clásica situación de expolio de lo público por parte de poderosos intereses privados como se dio en España con el franquista Instituto Nacional de Industria y es frecuente en muchas dictaduras o regímenes autoritarios. Tampoco ante el caso de los llamados bancos sistémicos, aquellos considerados demasiado grandes para dejarlos caer  porque con su quiebra arrastrarían a todo el sistema económico y para los que se permite un esquema de beneficios privados, pérdidas públicas, pero a cambio de una importante regulación y supervisión de actividades.

Mi tesis es que responde al cambio sistémico derivado de la globalización, tal y como la hemos hecho, que introduce competencia mundial en condiciones asimétricas de respeto a la legislación laboral o medioambiental, tendencia a la equiparación de las tasas de beneficios entre países ya que los fondos accionariales y los inversores se mueven por todo el mundo con gran rapidez, así como la proliferación de empresas y conglomerados transnacionales de todos los tamaños, con mayor capacidad de presionar a los Gobiernos nacionales porque la amenaza de deslocalización es muy creíble.

Todo ello junto, altera la correlación de fuerzas preexistente entre trabajadores y empresarios pero, también, entre sector público sedentario, sin posibilidad de actuar a escala mundial y un sector privado cada vez más nómada. Cuál sea el papel del Estado en ese nuevo contexto y cómo deban las políticas públicas adaptarse a la situación para ser útiles al conjunto de los ciudadanos/votantes, empezando por convertir al país en atractivo para la inversión nacional, es algo trascendental porque seguro que el nuevo sistema económico mundial ofrece, en cualquier parte del globo, rentabilidades suficientes para el ahorro, pero ¿ofrecerá trabajo local en países como España para todos aquellos que quieren vivir y trabajar aquí? Quedémonos, de momento, con que en la fase de transición que vivimos, no parece correcto inflar el balón de lo público, buscando aumentar los beneficios privados mediante el incremento del gasto público por despidos colectivos, para poder, luego, darle mejores patadas a ese mismo sector público tildado de ineficaz y despilfarrador. Si no se cuida lo público, la convivencia democrática se resentirá.