Supuestos y pre supuestos. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Los Presupuestos Generales del Estado generaban, antes, el debate parlamentario más importante del año. En parte, porque el origen de las cortes en la Edad Media se encuentra en el control de impuestos y gastos del Monarca, pero también, porque los presupuestos introducen las matemáticas en la política al sintetizar, de forma tangible, aquellas prioridades que pasan del programa electoral, donde todo es posible, a una realidad material sometida a restricciones de financiación.

                Pero, en España, han dejado de ser epicentro de las opciones democráticas, por la confluencia de tres elementos: la impunidad con que se incumplen, sin que ello tenga apenas repercusiones negativas, empuja al descaro creciente de poner desde el principio cifras directamente increíbles (por ejemplo, estimaciones de ingreso evidentemente incompatibles con cualquier comportamiento razonable de las variables tributarias, en función de lo previsto en el cuadro macro). En segundo lugar, el abuso de Decretos leyes y decisiones unilaterales del Gobierno que, en la práctica, convierten en papel mojado buena parte del Presupuesto aprobado por el parlamento y, por último, las restricciones impuestas por nuestra pertenencia al club del euro, especialmente obsesionado por el cumplimiento de cifras concretas de déficit público a toda costa, que nos lleva a que, por ejemplo, un gobierno socialista congelara las pensiones o suprimiera el impuesto de patrimonio mientras otro conservador elevara la imposición de las rentas altas o de las plusvalías o a que ambos hayan subido el IVA difuminando, todo ello, la diversidad de alternativas presupuestarias basadas en ideologías distintas.

                Con esos pre-juicios y asumiendo que, a estas alturas, todos ustedes conocen las grandes cifras y las primeras valoraciones de los Presupuestos 2013, voy a señalar tres importantes supuestos implícitos en los mismos. El primero es que el año que viene seguiremos en recesión y destruyendo empleo pero en menor proporción de lo que calculan todos los expertos y organismos internacionales gracias, como dijo el ministro Montoro, precisamente al impacto positivo del presupuesto sobre la economía española. Se sigue manteniendo, pues, casi como un delirio que nada tiene que ver con la realidad que vemos el resto de ciudadanos, que los recortes del gasto público y  las subidas de impuestos con que se pretende reducir el déficit, tienen un efecto expansivo sobre la actividad económica. Volveré sobre este asunto en un próximo artículo pero resulta más verosímil lo contrario: que la estrategia de austeridad pública seguida en Europa, con rescate o sin él,  ni genera crecimiento, ni, lo que es más llamativo, consigue alcanzar el déficit público comprometido (este año acabaremos más de dos puntos porcentuales por encima del objetivo presupuestario) además de disparar, en un país lastrado por la deuda privada, la deuda pública (en el último año ha crecido, como porcentaje del PIB, casi lo mismo que en los ocho años anteriores) haciendo que el crecimiento del gasto en intereses sea el argumento principal en favor de un rescate que modere la prima de riesgo.

                Para desgracia de los ciudadanos, todo apunta a que en 2013 las cosas irán peor de lo que supone el Gobierno en los Presupuestos que verán desfasadas sus cuentas  por una realidad distinta, previsible desde el mismo momento de su aprobación (como caso paradigmático, que ya ha ocurrido este año, resulta milagroso que la partida de seguro de desempleo vaya a bajar cuando se prevé más parados con derecho al mismo).

                Llama la atención, por otro lado, el incumplimiento de una de las exigencias europeas del rescate bancario: la rebaja de cotizaciones sociales, como método más solidario de ejecución de la devaluación interna, alternativo al paro masivo o a la bajada de salarios. No hacerlo, supone dos cosas: que las exigencias vinculadas a los rescates no parecen tan vinculantes como se dice pues, como en este caso, se pueden incumplir sin que Bruselas diga nada. Segundo, más importante, o no es verdad que la creación de empleo sea la prioridad de los Presupuestos o no es verdad que bajar costes laborales sea la receta para crear empleo, en cuyo caso, ¿para qué se hizo la reforma laboral?. Como en Portugal, la política de cotizaciones sociales está más en función de las cuentas públicas, que de la creación de empleo.

                Por último, estos Presupuestos están elaborados sumando recortes y con pocas reformas estructurales del gasto público vinculadas a un análisis por objetivos desarrollado a partir de una evaluación de la eficacia de las principales políticas. Los presupuestos mantienen la misma estructura desde hace diez, quince o veinte años, pero con cifras distintas cuando uno esperaría que tras las primeras urgencias de la crisis, se implantara una estrategia sostenible de reforma del gasto en lugar de un conjunto aleatorio de hachazos a los ministerios, más en función de lo fácil (inversión, funcionarios), que de lo necesario. A señalar que el ligero impulso reactivador contenido en el Plan Pive, más parece fruto de la presión del sector de automoción, que del convencimiento gubernamental en la necesidad de introducir medidas selectivas de crecimiento en sectores con gran efecto arrastre sobre la economía.

                Si añadimos la deliberada confusión sobre el ajuste de las pensiones a la desviación de inflación este año, o el juego mariano sobre el rescate blando de nuestra economía, el documento político, antaño, más importante del año, parece ahora hecho más para generar confusión entre los votantes, que para establecer rutas claras por las que vaya a circular la salida de una crisis que está llenando de dolor y desesperanza a millones de personas. La confrontación presupuestaria se convierte, por tanto, en otro elemento añadido al proceso de ruptura de aquellos vínculos invisibles que nos unen en sociedad como seres civilizados, de los consensos implícitos sobre los que hemos construido nuestra convivencia. Esos usos sociales que configuran una especie de lenguaje civil de referencia, que nos permite expresarnos, discrepar, pero también entendernos y acordar. Si hacemos que la comunicación sea imposible porque el ruido predominante fortalece el que cada uno solo escuche lo que quiere oír, estaremos poniendo en riesgo la fraternidad constitucional. Y sin convocar referéndums.