Pacto sí, fiscal depende. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Ya sé que quitarle carga simbólica a la confrontación de la semana entre el Presidente Rajoy y el President Mas, es como quitar la nata a un pastel. Pero voy a intentar analizar lo que hay debajo, lo que sustenta a la superficie, la realidad que se esconde tras la apariencia de un problema, el catalán hoy, del que ya Ortega dijo que solo podíamos aspirar a “conllevarlo” mediante soluciones siempre parciales que vayan permitiendo, década a década, la convivencia en un mundo globalizado que refuerza la interdependencia de las naciones, mucho más que la independencia, incluso, entre las grandes potencias.

Las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España no son simples, ni nuevas. Sin hablar de balanzas comerciales o de capitales (¿de quién es el dinero puesto para reflotar Catalunyacaixa?) baste recordar, a título de ejemplo, las décadas que los españoles hemos pagado los productos textiles mucho más caros que el mercado mundial para proteger, mediante aranceles, los beneficios de las empresas catalanas, o el dinero de todos invertido en los Juegos Olímpicos o en mantener la producción de Seat en Cataluña, para evidenciar lo tramposo de pretender reducirlo todo a una relación fiscal maquillada.          

Tras la manifestación del 11 d setiembre, el President cometió un error táctico que intentó corregir enseguida: si, haga lo que haga “el otro”, la independencia es imparable como se insinuó, entonces, la confrontación es inevitable y para qué va el otro a ceder nada, como el pacto fiscal. Dejando al margen si se ofrece o no a los ciudadanos toda la información sobre la viabilidad e implicaciones que tendría una opción secesionista en el seno de la Unión Europea, quiero centrar mi reflexión sobre el asunto del pacto fiscal del que adelanto, alguna solución tendremos que encontrar.

                Empecemos por lo obvio: primero, nuestro sistema impositivo central tiene como sujetos pasivos a las personas físicas y jurídicas, que contribuyen en función de su renta y no del territorio donde residen. Así, en igualdad de condiciones, un extremeño paga a la hacienda central lo mismo que un murciano o que un catalán. Segundo, si los más ricos no contribuyeran a la hacienda común más de lo que reciben de ésta, no habría lugar para la redistribución de renta que es una de las funciones básicas de una hacienda moderna. Tercero, el uso de balanzas fiscales territoriales vulnera las dos obviedades anteriores, porque los territorios no pagan (es como medir distancias usando unidades de volumen) y porque es evidente que cuanto más rico, más déficit tiene que haber entre lo que se paga y lo que se recibe, aunque esta diferencia sea una decisión política que se debate cada año en los Presupuestos Generales, sometidos a la “rebelión” de unos ricos que quieren contribuir siempre menos. Cuarto, tenemos un sistema presupuestario multinivel donde cada administración es responsable de unas cosas y solo tiene autonomía para adoptar decisiones sobre las mismas. También el Gobierno central que es quien decide, a través de las Cortes Generales, el nivel de solidaridad territorial, a diferencia de Alemania donde lo deciden los landers. Por tanto, cuando aquí, el Gobierno catalán pretende actuar sobre el asunto, está invadiendo competencias que no son suyas.

                Con la propuesta de Pacto Fiscal se está mezclando dos cosas diferentes: una, que Cataluña, como CCAA, quiere administrar una parte mayor de la tarta tributaria recaudada, a costa del Estado central. Dos, que Cataluña persigue una singularidad propia, un tratamiento diferencial y asimétrico, a costa del resto de CC.AA. Lo primero, tanto en su vertiente de porcentajes cedidos de impuestos como de capacidad de decisión propia sobre los mismos, podría formar parte del debate recurrente del Modelo de Financiación que viene avanzando en esa dirección desde hace años, incluyendo la idea de crear Agencias tributarias autonómicas que simplifiquen la gestión y cuyo modelo de consorcio con la Agencia Estatal está por definir, pudiendo incluir que la autonómica recaude todo, lo propio y, por delegación, lo central, en una especie de administración única que evitara duplicidades como instrumento eficiente de un Estado…federal.

                Lo segundo que encierra el Pacto Fiscal es hacer extensible a Cataluña una singularidad que nuestras leyes solo reconocen para Navarra, País Vasco y, en otro orden, Canarias. Creo bastante claro que la Carta Magna no permite eso, en este momento. Pero si hemos cambiado la Constitución para incluir el déficit cero, por presión alemana, se puede pensar en volver a cambiarla, para incluir como Disposición Adicional que “las leyes regularán un sistema fiscal propio para Cataluña, con efectos recaudatorios equivalentes a los del concierto”.

Se puede hacer. La pregunta, es: ¿sería conveniente hacerlo? Pedir un modelo fiscal diferente para Cataluña solo tiene sentido si le permite mejorar su financiación respecto al resto de CC.AA del régimen común. Es decir, no solo mejorar en términos absolutos (debate incluido en el general), sino relativo, respecto a las demás (no café para todos). Lo que ocurre, en esta segunda acepción de Pacto Fiscal es que estaríamos ante una discriminación asimétrica no derivada de un “hecho diferencial” suficientemente reconocible (insularidad y lejanía, como en Canarias) o aceptado (como en el Concierto Foral, que hasta Franco mantuvo). El Pacto Fiscal completo representa, por tanto, una redistribución de los ingresos y gastos fiscales totales, a favor de la Generalitat y en detrimento del Gobierno Central y del resto de CC.AA.  Por tanto, aunque pretendiéramos convertirlo en constitucional mediante la oportuna reforma, ¿por qué debería aceptarlo el resto de España? ¿Bajo amenaza independentista?

Enfrentamos, pues, un nuevo episodio de negociación obligada sobre el encaje entre Cataluña y el resto de España donde, tanto quedarse de otra manera, como irse, no es posible de manera unilateral. Enmendar algunos de los errores cometidos a lo largo del proceso estatutario, ayudaría. Por ejemplo, recuperar los artículos del modelo de financiación que fueron declarados inconstitucionales, no por el fondo, sino por la forma. Pero para ello, Rajoy y Más deben aclarar si sus prioridades son arreglar los problemas, o azuzarlos por motivos electorales que se refuerzan.