Rescate a la banca, ¿por qué y cómo?. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Ignoro las razones de estado que han llevado al Presidente Rajoy a cometer el mismo error que el Presidente Zapatero: negar la evidencia. Este con la crisis (desaceleración acelerada del crecimiento), aquel con el rescate bancario (línea de crédito sometida a condiciones y controles). Quizá sea porque resulta difícil explicar a los ciudadanos por qué hay que rescatar a la banca (y no a otros), con sacrificios que asumimos todos, cuando en su actuación pasada se encuentra buena parte de la responsabilidad de la crisis de sobreendeudamiento que vivimos. No hablamos de los razonables mecanismos que garantizan los depósitos, sino de apuntalar a accionistas y directivos, mediante inyecciones de capital público.

                El debate, desatado también en los otros muchos países donde se intervinieron entidades financieras en quiebra (en USA se denunció como “socialismo para ricos”, por socializar pérdidas cuando se habían privatizado los beneficios) solo puede abordarse partiendo de dos ideas circulares: hemos organizado un sistema social que gira alrededor de los bancos, al menos, en la medida en que proporcionan el crédito sobre el que está construido el modelo económico actual. Segundo, en esas condiciones, la banca se convierte en un “riesgo sistémico”, es decir, tiene más costes dejarla quebrar, por el efecto arrastre, que recatarla.

 Es verdad que esta realidad rompe el enfoque liberal de las cosas ya que el dinero, la economía monetaria, se convierte en un fin en sí y no en un medio para facilitar el crecimiento de la economía real, a la vez que al suspender el principio regulador de “quien la hace, la paga” permite plantearse si no sería más sensato que la banca fuera, directamente, de propiedad pública, porque su importancia obliga a que su actuación esté totalmente regulada y no pueda quebrar, a diferencia de una empresa de coches, de construcción, un bar o un cine.

En esta crisis, el sistema financiero mundial se ha convertido en una fuente de inestabilidad que está actuando en contra de la economía productiva. Según la directora del FMI en una reciente conferencia, las cinco primeras instituciones financieras de cada país tienen activos que superan el 300% de su PIB nacional. Esta importancia hace que su debilidad estrangule el crecimiento, como muestra el que las medidas regulatorias aprobadas para reforzar su solvencia (Basilea) pueden reducir el PIB hasta un 3%, según la misma fuente.

Rescatar a los bancos es, por tanto, mejor que la alternativa, salvo que pensemos, en serio, en un cambio de paradigma económico que no está, de momento, sobre la mesa. Aunque esto no significa salvar a los “bancarios”, que pasaron por la Comisión de Investigación del Senado americano, ni hacerlo de cualquier manera, o a todos por igual (dejar caer a los más pequeños puede ser más rentable que rescatarlos, como ha dicho el comisario Almunia).

Volviendo a España, el reciente informe del FMI sobre nuestro sistema financiero recuerda que los préstamos inmobiliarios, que representaban el 10% del PIB en 1992, subieron hasta el 43% en 2009, para situarse hoy en el 37%. Pero no es este el único riesgo que afronta nuestro sistema financiero. El último informe del Banco de España sobre el año 2011, proporciona otros datos preocupantes: la deuda de las familias que, pese a bajar seis puntos desde el máximo, sigue representando el 123% de su Renta Bruta Disponible, lo que incrementa los riesgos de impagos como refleja una tasa de morosidad en ascenso. O la deuda de las empresas, también en lento descenso, pero en un contexto de recesión que sigue manteniendo el ratio deuda/ingresos por encima del 500%, elevando la tasa de morosidad media. O los préstamos al sector público, que han subido el 17% en plena crisis presupuestaria.

Es cierto que, según el FMI, el sistema financiero español no debería tener problemas globales de solvencia ya que los activos totales de los bancos representan el 320% del PIB, frente al 166% de sus préstamos al sector privado nacional. Pero tenemos importantes dificultades de liquidez ante el cierre de los mercados internacionales, que nos deja exclusivamente en manos del recurso al Banco Central Europeo cuando nuestra deuda externa es el 150% del PIB, en medio de unas medidas de reestructuración que están teniendo un efecto profundamente recesivo sobre la economía: Porque la financiación total al sector privado está reduciéndose y endureciéndose, por segundo año consecutivo, porque todas las medidas legislativas aprobadas han traído como consecuencia la creación del FROB, la transformación de las Cajas en bancos, la desaparición de más de 30 entidades, la reducción en un 12% de empleados y oficinas y, sobre todo, como reconoció el Gobernador saliente en su último discurso como tal, porque las provisiones constituidas (e inmovilizadas) por el sector bancario español desde el inicio de 2008 ascenderán, a final de este año, a una cifra cercana al 20% del PIB.

Recortes presupuestarios, más recortes de crédito, a la vez, están empujando a nuestra economía productiva a la mayor recesión de nuestra historia reciente, sin visos de mejorar a corto plazo, siendo los casi seis millones de parados el principal indicador no solo del coste impuesto al conjunto de la sociedad por la crisis de sobreendeudamiento vivida sino, también, de las dificultades para devolver ese 230% del PIB que debemos como país. A lo mejor, eso es en lo que se fijan las agencias de rating y los mercados.

Reconocer que el problema es demasiado grande para nosotros solos y pedir ayuda a los socios del euro, afectados también ellos por lo que nos pase, es sensato. Pero debería venir acompañado de tres cambios importantes en el ámbito nacional: abandonar la estrategia de la recapitalización de entidades, potenciando el traspaso concentrado de activos tóxicos (banco malo) ahora que ya se acepta poner dinero público para salvar el crédito bancario. Segundo, oxigenar el Presupuesto con medidas de reactivación selectiva dirigidas a apoyar la economía real. Tercero, tomar en serio a los ciudadanos (y no solo a los mercados) que reclaman información veraz, exigencia de responsabilidades y acuerdos políticos.