A veces, desde los gobiernos, cuando no se sabe cómo resolver un problema, se cambia una ley. Con ello, se desvía la atención pública desde la dificultad insoluble, a la más posible reforma legal, transmitiendo una sensación de efectividad y de resolución aunque, con demasiada frecuencia, se trate de toreo de salón acompañado por olés enlatados del público forofo.Las dificultades de las autoridades españolas para revertir la sangría del paro (Rajoy acaba de anunciar en el Parlamento que este año seguirá subiendo) les ha llevado a aprobar cuatro reformas laborales en el espacio de 20 meses. Con ello se ha demostrado dos cosas: que no hemos sido capaces de encontrar, hasta ahora, una solución estable a la regulación necesaria en este momento del mercado laboral y que, aunque todos los Ministros del ramo dicen lo obvio, que una reforma laboral, per se, no genera empleo, todos pretenden encontrar una respuesta al paro en las leyes laborales.
Establecer una normativa para las relaciones laborales de un país, o cambiarla, no es una cuestión técnica, imparcial, objetiva, indiscutible o exenta de ideas y de creencias, como hemos visto con los avatares experimentados por propuestas como el contrato único hasta descubrir, tres años después de formulada, que es inconstitucional según la Ministra de Trabajo. Hablamos de mucho más que de un mercado de tomates. Hablamos de personas, de su productividad y contribución al valor añadido, pero también de su medio para ganarse la vida y, con demasiada frecuencia, de su principal fuente de autoestima y realización personal. Por todo ello resulta fundamental responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se mide el éxito de una normativa laboral y de su reforma?
Sin duda, una manera de medirlo es que tenga una elevada, o mayor, flexibilidad para convertir en creación de empleo la fase alcista del ciclo y conseguir fácil adaptación del mismo, en la bajista. Desde ese punto de vista, los cuatro millones y medio de empleos creados en España entre 2000 y 2007 no deberían hacernos olvidar que, a pesar de ello, tanto la tasa de desempleo como la temporalidad del empleo creado eran demasiado elevadas para el contexto europeo. Como el hecho de que entre 2007 y 2011 se haya destruido 2,6 millones de empleos, evidencia que las empresas españolas se encuentran con pocas alternativas a la hora de ajustar costes ante la crisis, salvo la de despedir trabajadores.
Sin embargo, aunque la normativa laboral debe favorecer una mejor traducción del crecimiento económico en empleo estable, así como ofrecer opciones que permitan abaratar costes manteniendo la relación laboral, durante la crisis, el volumen global de ocupación y sus características principales depende del tipo de empresas que tengamos y de cuales sean los sectores económicos principales que impulsen el desarrollo. Una economía liderada por grandes empresas industriales, con fuerte componente de innovación, no genera el mismo sistema laboral que otra cuyo motor sean pymes en sectores estacionales como turismo o construcción. En ese sentido, la información publicada esta semana por la Comisión Europea sobre el bajísimo nivel de nuestra inversión privada en I+D+i tiene tanto o más que ver con nuestra EPA que la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros.
Vincular el éxito de una reforma laboral a su impacto sobre el empleo creado o mantenido resulta, pues, parcial, por cuanto necesita que transcurra todo un ciclo económico para valorarla, teniendo presente, además, que sobre ello influye, igual o más que la normativa laboral, otros factores estructurales de la economía a los que no es ajeno la clase empresarial existentes.
A pesar de la crisis, hoy trabaja en España más gente que en el 2000, sin que por ello hayamos creído en la idoneidad de la regulación laboral. En este sentido, sostengo que España arrastra un problema estructural de oferta productiva insuficiente que influye sobre el mercado laboral haciendo posible un equilibrio de subempleo, inflación y déficit comercial, que compatibiliza elevadas tasas de beneficios empresariales con paro localmente resistente.
La segunda manera de medir el éxito de una reforma laboral es evaluando el nuevo equilibrio conseguido entre la partes contratantes respecto al modelo que se persiga. Las leyes laborales interceden entre quien contrata (empresario) y quien es contratado (trabajador), de tal manera que protege más a la parte considerada proporcionalmente más débil en la relación. Ese es el sentido, por ejemplo, de la tutela judicial, de legislar sobre una negociación colectiva obligatoria que fortalezca la capacidad negociadora de los trabajadores ante el elevado poder de los empresarios o de fijar un coste del despido, que forma parte del patrimonio implícito de los trabajadores, y que no puede ser el mismo ante causas justificadas o por nepotismo empresarial injustificado. Toda reforma que afecte a estas cuestiones y todas lo hacen, debilita a una parte contratante frente a la otra, con la consiguiente repercusión sobre los costes empresariales y la distribución de rentas. De ahí la importancia de insertar, o no, una reforma laboral en el contexto más amplio de un diálogo social tripartito donde se pueda intercambiar cesiones en unas cuestiones, por reivindicaciones conseguidas en otras.
Desde ese punto de vista, esta reforma laboral se inscribe en el programa de reducción de costes, al que llamamos devaluación interna, que la crisis nos obliga a hacer dado que no podemos recurrir a la devaluación de la moneda. Y, de nuevo, insisto en que resulta más equitativo conseguir ese objetivo mediante una rebaja de las cotizaciones sociales que introduzca impuestos generales sobre la riqueza colectiva como fuente alternativa de financiación de las pensiones.
Tengo la convicción de que la última reforma laboral del viernes, no será la última. Primero, porque “el discurso de la reforma”, incluso con amenaza de huelga general, resulta políticamente rentable. Segundo, porque medido el éxito por el empleo creado, se generará insatisfacción durante los próximos meses. Tercero, porque hay sectores empresariales influyentes que quieren aprovechar la mayoría absoluta conservadora para seguir desequilibrando la relación contractual laboral, todavía más a su favor. Y si no, al tiempo.
