¿Luchamos o nos rendimos?. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Pocas veces habrán empeorado tanto las perspectivas económicas sobre España, en tan poco tiempo. No hablo solo de las previsiones que nos sitúan ante una nueva recesión, sino de ese “animal spirits” tan importante,  que coincide con el cansancio tras cuatro años de crisis previa y una política gubernamental que agudiza el pesimismo respecto a una pronta recuperación.

Entre el déficit y el paro, el Gobierno ha escogido priorizar la austeridad máxima cuando ya casi nadie duda del carácter recesivo, al menos a corto plazo, de los planes de consolidación presupuestaria, sobre todo, si se hacen aceleradamente y a la vez, en toda la zona euro. Anunciar para este año, como se ha hecho, una reducción del déficit  del conjunto de las administraciones equivalente a 40.000 millones de euros,  significa introducir en nuestra menguada actividad económica una retracción de tal calibre, que la nueva liquidez que  se dice que se va a inyectar a las CC.AA a través del ICO (el resto son anticipos a cuenta), apenas será una gota en el océano macroeconómico.

Es cierto que la literatura recoge algunos casos de contracciones presupuestarias expansivas. Pero quienes defienden esta tesis deben señalar las condiciones en que aquello se ha producido: cuando el grueso de la deuda corresponde al sector público (ahora es del privado); cuando el sistema financiero proporciona liquidez al sistema (ahora hay una fuerte sequía de crédito) y cuando los tipo de interés son elevados (no como ahora). Es decir, ahora, no se da ninguna de las condiciones necesarias para que el plan previsto de reducción del déficit pueda contribuir a la reactivación de la actividad, sino más bien lo contrario.

Tan es así, que si leemos los informes en base a los cuales las compañías de calificación penalizan nuestra deuda soberana, se destaca, cada vez más, las escasas perspectivas de crecimiento como el principal riesgo para poder cumplir, incluso, los planes de consolidación presupuestaria ya que sin reactivación, difícilmente se podrán cumplir las previsiones de ingresos públicos en un contexto en que no se puede confiar en conseguir los objetivos de déficit en base, exclusivamente, a sucesivos recortes del gasto.

Podemos decir, en este sentido, que si el nuevo Gobierno está cogiendo, con fuerza, el toro por los cuernos, puede que se haya equivocado de toro, como ya le pasó al Gobierno anterior. Lo cuál es especialmente grave por dos razones: primera, el cambio de actitud del BCE, inyectando liquidez sin límite al sistema financiero para que este pueda comprar deuda soberana con un margen de beneficio más que interesante y la puesta en marcha en julio del Fondo de Rescate permanente previsto en el nuevo Tratado, van a amortiguar los problemas agudos de financiación externa. A finales de este año, nadie, salvo los expertos, sabrá ya a cuanto está la prima de riesgo, no tanto por méritos propios, sino por el cambio producido en la Unión Europea respecto a la defensa conjunta del euro.

Segunda, porque también la Unión Europea, es decir, Alemania, está incorporando ya las necesarias políticas de reactivación económica como parte inexcusable de la lucha contra la crisis. Si la necesidad de mancomunar políticas públicas europeas de reactivación de la actividad se abre paso en el discurso y en la práctica de la zona euro mediante el anunciado Fondo de Crecimiento y Competitividad, será más fácil para España solicitar una revisión de los plazos previstos para alcanzar el objetivo de déficit ya que no es lo mismo lograr el 4,4% este año, cuando se preveía crecer al 2,3%, que hacerlo con las actuales previsiones de crecimiento negativo. Para reforzar esta postura, reorientar la métrica hacia el déficit estructural en línea con lo establecido en la reforma constitucional impulsada por el anterior Gobierno, permitiría encontrar un respiro a corto plazo.

Se puede abrir, pues, este año una ventana de oportunidad para aplicar en los Presupuestos para 2012, a presentar en marzo, un giro en la política económica que permita luchar contra la crisis mediante un cierto activismo presupuestario y no solo pagar por ella recortando el gasto. Cosa, tanto más necesaria, cuanto mayor sea la recesión en que nos podemos meter.

Se trataría de aprovechar el radical cambio de circunstancias en el contexto europeo, para alterar las prioridades nacionales actuales, caminando con las dos piernas, como ha hecho Monti en Italia: austeridad, pero ralentizada en el tiempo y reactivación selectiva. Para ello, resulta fundamental diseñar medidas de impacto en sectores como la construcción, el automóvil, el turismo y la alimentación, con gran capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, unido a una imprescindible medida de devaluación interna que reequilibre la presión impositiva en sentido favorecedor de la competitividad, como una bajada generalizada de cotizaciones sociales, compensada por subidas en otros impuestos que no se trasladen al precio internacional de los productos.

Alguna vez he comentado aquí que hay una parte de la economía y de la sociedad española preparada para crecer. Y no son pocos. Se trata de familias y empresas que han hecho sus deberes, no tienen niveles excesivos de endeudamiento y han saneado su situación económica. Una parte crucial, en términos dinámicos, sobre la que está actuando, a modo de bloqueo, la losa de los programas depresores de la actividad y de las expectativas, puesta a rodar por los campeones del ajuste perpetuo. Un amplio conjunto cuyos componentes no pueden buscar beneficios en otros países o, en todo caso, no quieren abandonar completamente el suyo.

Estas familias y empresas, verdaderas cabeza de playa en la lucha contra el paro y por el crecimiento, se merecen que el Gobierno, después de haber ayudado ampliamente al sistema financiero y, ahora, también a las CC.AA, les dedique algo de su atención positiva, pudiéndole garantizar a cambio, una elevada rentabilidad social a la misma. Aunque para ello no sea suficiente el giro presupuestario propuesto aquí, si no va acompañado de acceso a crédito nuevo, que es otro asunto sobre el cuál el Gobierno va a tener que cambiar de manual. Si le dejan, claro.