Límites de la actual Política Social. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Evitar que haya personas que se mueran de hambre junto a nosotros por falta de recursos, es una preocupación de las sociedades desarrolladas. Cuando se pensaba que la condición de pobre derivaba de un castigo divino a las malas acciones de quien caía en ella, sólo la caridad individual de unos, o el robo por necesidad de los otros, ayudaban a mitigar la situación. Hubo que esperar hasta 1535 para que Luis Vives, en su “Socorro de los pobres”, propusiera a los regidores de las ciudades organizar un servicio de asistencia social. Apareció, así, la beneficencia, centrada en: construir hospitales, casas de residencia para pobres y servicios de formación para el trabajo porque la esencia de la postura de Vives radica en que todo el que quiera vivir, debe de trabajar.

Este primer esbozo de una política social moderna se basa en el supuesto de que “las clases humildes no se descuidan, sin peligro para los poderosos” en forma de robos, enfermedades contagiosas o atentados contra las virtudes cristianas. Es decir, más allá de razones religiosas, Vives fundamenta la necesidad de que exista una política social tanto en que la caridad individual no es suficiente, como en el propio interés de los ricos por vivir en sociedades no demasiado desiguales ya que ello puede “incubar un odio hacia quienes tienen dinero de sobra, mientras otros no tienen lo básico para sobrevivir”.

Esta visión del asunto, articulada sobre un sistema tributario progresivo como eje de las políticas sociales redistributivas, se fundamenta mejor a partir del momento en que se reconoce que, en la mayoría de los casos, la situación de pobreza no está determinada por acciones individuales, sino por la existencia de obstáculos sociales que predisponen hacia la misma. Ser pobre, no sería tanto la consecuencia de unas elecciones personales equivocadas tomadas con libertad a lo largo de la vida, sino el fruto de la casualidad (nadie elige la familia en la que nace y hacerlo en una familia sin recursos, es la principal causa de seguir siendo pobres) y de la existencia de prejuicios y trabas sociales que dificultan, a veces, de manera total, la posibilidad de escalar socialmente en base al esfuerzo personal.

 Siendo esto así, el principio de igualdad de oportunidades recogido en la Declaración de los Derechos Humanos o en la mayoría de las religiones (todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos) obliga a combatir, desde el Estado, aquellas rémoras, construidas socialmente a lo largo de la historia es decir, artificiales, que dificultan el pleno desarrollo de las capacidades de cada uno y, con ello, la libertad de elección verdadera de los individuos, no condicionada por falta de recursos o por restricciones sociales de las que no son responsables quienes las padecen.

 Así surge la política de becas y la educación gratuita obligatoria, la sanidad pública o los sistemas de pensiones financiado, todo ello, mediante impuestos redistributivos. De ahí sale, en definitiva, la política social actual, basada en: trabajo adecuadamente retribuido (con salarios mínimos regulados), ayuda para el que lo necesita (transferencias sometidas a prueba de necesidad), derechos sociales iguales, con independencia del nivel de renta o riqueza (como ocurre con los derechos políticos) y una financiación para todo ello basada en impuestos progresivos que ayuden a equilibrar los resultados, con las oportunidades reales de partida.

Varias décadas aplicando en Europa, aún de forma imperfecta, esta receta ha ayudado a reducir las desigualdades sociales, a conseguir un crecimiento apreciable de la riqueza media, robusteciendo, con ello, al propio sistema democrático. Sin embargo, tras el esfuerzo realizado en la década de 1980, el gasto en política social en España, en relación al PIB, lleva estancado, según Euroestat, desde hace quince años. Y seguimos bastante por debajo de la media europea. En las etapas de crecimiento aumenta el gasto, pero sin incrementar apenas su porcentaje sobre la riqueza total, mientras que durante la crisis baja como consecuencia de los planes de austeridad para controlar el déficit público.

Los estudios sobre la pobreza en España realizados por Cáritas, señalan que el porcentaje de pobres se ha mantenido alto y estable en los últimos muchos años, en un entorno del 20% de la población. Aunque se mida con un indicador móvil vinculado a la renta media disponible, la persistencia del dato, incluso en los años de gran crecimiento económico, parece sugerir que hay un importante núcleo resistente a las tradicionales políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Durante la crisis, esta situación se agudiza con la existencia de 1.300.000 familias con todos sus miembros activos en paro (INE) o las 500.000 familias que, según Càritas, no perciben ningún tipo de ingresos. Todo ello, a pesar de que 450.000 españoles reciben una Pensión No Contributiva y que más de 1.300.000 disponen hoy de una prestación asistencial (no contributiva) por desempleo.

Quizá estemos ante la aparición de una nueva pobreza frente a la que no valen las viejas soluciones. O, tal vez, el problema sea que las recetas clásicas se están aplicando con escaso rigor, sustituidas por medidas universales de aplicación lineal, o que merecen someterse a profunda revisión o, sobre todo, que se están financiando de manera insuficiente porque el papel redistributivo del Estado ha perdido fuelle, en medio del furor por la rebaja impositiva a los más ricos como reclamo electoral generalizado.

Pero lo cierto es que hemos pasado de políticas sociales diseñadas para combatir la pobreza ensanchando las oportunidades de los menos favorecidos, a políticas sociales generalistas que congelan, pero no reducen la pobreza, pasando por un Estado del Bienestar cargado de transferencias horizontales de renta entre clases medias.

La actual crisis fiscal del Estado, junto a un nuevo tipo de pobreza, nos fuerza a una revisión profunda de una situación en la que ya no funciona lo de antes y de la que solo podremos salir con fórmulas diferentes, como la renta básica de ciudadanía y un potente esquema fiscal de financiación redistributiva. Volveremos sobre ello.