El paso de Autonómico a Federal. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Llevamos mucho tiempo sin atrevernos a hacer lo único sensato que podemos hacer en España con nuestro Estado de las Autonomías: dar un salto adelante, hacia una cooperación de tipo federal. Mientras tanto, las disfunciones existentes en el sistema actual, lastran la recuperación económica y dan paso a demasiadas ocurrencias.
            Tenemos un Estado a medio construir. La previsión autonómica constitucional daba respuesta a una realidad: la existencia de hechos diferenciales. Sin embargo, el desarrollo concreto del Estado de las Autonomías, uno entre los muchos posibles dentro de la Constitución, ha planteado una realidad diferente cuyos problemas funcionales debemos resolver asumiendo que, a estas alturas, ni es posible, ni sería deseable, una marcha atrás hacía un supuesto modelo neocentralista cuyas ventajas diferenciales no se aprecian si comparamos la evolución de, por ejemplo, Francia (centralizado) y Alemania (federal).
            En los últimos veinte años, hemos puesto en marcha el reparto de qué es lo tuyo y qué es lo mío entre el Gobierno Central y los nuevos Gobiernos autonómicos (Estatutos de Autonomía) donde ha primado la lógica de la confrontación, al plantearse en un marco de suma cero (competencias y financiación). Pero ahora, ha llegado la hora de abordar cómo gestionamos mejor lo que es de todos o aquello que ningún gobierno puede abordar en exclusiva, consiguiendo que prime una lógica de la cooperación que es de suma positiva. Y ese paso hacia la madurez federal del modelo autonómico exige, al menos, cuatro cambios fundamentales:
Primero, debemos llegar a un doble pacto explícito según el cuál, por una parte, el Gobierno Central asume que las Comunidades Autónomas son, según la Constitución, tan Estado como él y, por tanto, tiene que negociar con ellas, de igual a igual, aquellos asuntos que corresponden al Estado en su conjunto. Pero por otra parte, las CC.AA asumen que no son mini-estados y que el Gobierno Central tiene también sus competencias exclusivas y, para que el modelo funcione, debe poder cumplirlas.
Segundo, necesitamos un espacio político donde realizar estos debates.  Donde el Gobierno Central y las CC.AA puedan discutir las cosas comunes, limitando la necesidad de utilizar los recursos al Tribunal Constitucional. Ese lugar debe ser un Senado territorial, constituido a partir de un modelo mixto, ya existente en la Comisión General de Comunidades Autonómicas. El Senado asumiría así la función constitucional de representar los intereses territoriales, dejando la última palabra a un Congreso expresión de la soberanía nacional. 
Tercero, hay que conseguir lo que la tecnología ya permite: una administración electrónica única. La vigente Ley de Administración electrónica permite interconectar a todas las administraciones, creando un portal unificado de acceso para el ciudadano a cualquier trámite que tenga que hacer con cualquiera de ellas. Trabajar en esa línea, junto a los compromisos de reducción de cargas administrativas fortalecería la coordinación y la eficacia de las administraciones, sin afectar competencias.
Cuarto, el impulso a un modelo cooperativo requiere la configuración de instituciones administrativas comunes para gestionar lo común, lo compartido o lo que nadie puede hacer sólo: desde incendios forestales, hasta los impuestos compartidos o la promoción exterior. La figura del consorcio puede dar respuesta a esta necesidad.  
Quinto, ese Estado Autonómico reconstituido debe diseñar instituciones para facilitar la cooperación: la Conferencia de Presidentes, así como las Conferencias Sectoriales, deben regularse para evitar que sean, como ahora, instrumentos unilaterales del Gobierno Central. Igualmente, debe abrirse un espacio reglado de encuentro horizontal para favorecer la cooperación entre CC.AA en asuntos de interés mutuo, como ya existe en su participación en los órganos de la Unión Europea.
            Donde existe un modelo federal, nadie discute que el Gobierno federal Central tiene su campo propio de actuación, ni que tiene la última palabra en algunos asuntos. En España, la Constitución le encarga, entre otras cosas, dos: en primer lugar, asegurar la igualdad, lo que hace regulando las bases mínimas en determinadas materias esenciales y facilitando la coordinación en otras, en segundo lugar, garantizar la solidaridad territorial, por lo que no cabe hablar de solidaridad tributaria de unos territorios respecto a otros.
            Donde existe un modelo federal,  tampoco se discute que los Estados federados, nuestras CC.AA, tienen sus competencias exclusivas que gestionan libremente dentro del marco democrático establecido. Por tanto, pueden existir diferencias entre unas y otras en los servicios que prestan y en cómo los financian. Lo contrario, estaría reñido con la autonomía constitucional.
            Donde existe un modelo federal, no se discute que hay ámbitos de cooperación comunes para tratar aquello que es de todos, con mecanismos establecidos para superar las discrepancias en caso de no llegar a acuerdos.
            Donde existe un modelo federal y no funcionan adecuadamente alguno de los tres puntos anteriores, o los tres, se debate para corregirlo y mejorar, pero sin reabrir cada vez la esencia del modelo. Alemania ha tenido una profunda reordenación competencial (en ambos sentidos) entre Estados Federales y Gobierno Federal Central, sin que nadie haya cuestionado, con seriedad, su estructura federal.
La dinámica de los estados compuestos, como la cuestión social o la confrontación generacional, nunca llega a un punto estacionario ideal en el que se acabe las discrepancias. En España, por tanto, tendremos debate con contenido territorial, siempre, porque siempre habrá nuevas cuestiones y nuevas maneras de ver las mismas cosas. Lo importante es que se produzca en un marco estable, reglado y transparente respecto a las responsabilidades de cada uno de los participantes. Un marco en el que plantear, por ejemplo, la necesidad de armonizar aquellas regulaciones autonómicas o locales que limitan la unidad de mercado sea legítimo y necesario, pero utilizarlo como argumento para proponer ocurrencias de revisión involucionista del modelo constitucional, lo sea menos. 
Todas estas ideas, tuve ocasión de exponerlas, algunas literalmente, en Congreso y Senado durante la pasada legislatura, impulsándolas, cuando fui Ministro de Administraciones Públicas. No tenemos mucho tiempo que perder para dar este paso “federalizante” y que la solución a nuestro problema territorial, siga siendo impulsora de convivencia y bienestar, en vez de petrificarse como argumento para confrontar.