Atreverse a innovar en pensiones. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Ignoro las relaciones que vinculan la sostenibilidad en 2030 del sistema español de pensiones con la valoración actual de nuestros bonos, pero los mercados financieros la encuentran y ahora, la solvencia de nuestra deuda depende, al parecer, de lo que hagamos respecto a la reforma del sistema público de pensiones, en línea con las aprobadas en los últimos veinticinco años. Poco importa a los mercados que este asegurada la estabilidad actual del sistema de pensiones de la Seguridad Social y que las dificultades se anticipen, de no hacer nada, para dentro de veinte años. En la locura especulativa a la que no está sabiendo hacer frente el ECOFIN, resulta imperioso que el Gobierno español adopte, antes de finales de enero de 2011, medidas restrictivas que empezarán a tener efectos significativos dentro de diez años.
            Como soy defensor de la importancia de la innovación para mejorar la productividad de las empresas, sostengo que debemos intentar innovar también en política y, en concreto, en políticas sociales, ya que “lo de siempre”, tampoco aquí funciona. Voy, por tanto, a aportar mi granito de arena al debate sobre la reforma de las pensiones, desde un punto de vista distinto del habitual, esperando que ayude a enriquecer el proceso de toma de decisiones en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, a la que pertenecí. Por claridad expositiva, en un asunto altamente complejo, lo estructuraré en cuatro puntos, aclarando que sobre cada uno de ellos, puedo aportar más datos e información, a quien interese.
            Primer punto, el sistema público de pensiones en España no es excesivamente generoso. Ni como porcentaje del PIB, donde nuestro gasto público en pensiones se sitúa en un 9%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media UE-15, ni por pensión media de jubilación que con 868 euros al mes está también por debajo de la pensión media europea, cuando nuestra renta per cápita se sitúa por encima de la media, podemos acusar al sistema español de pensiones públicas de ser excesivamente gravoso. Otra cosa es que en términos históricos, haya representado un importantísimo ejercicio de solidaridad nacional entre trabajadores al incorporar al sistema varios regímenes especiales muy deficitarios, como el agrario, mas las pensiones no contributivas o los complementos a pensiones mínimas que han ayudado a corregir el desequilibrado sistema heredado. Aún así, todavía hoy, ser pensionista en España, incrementa mucho las posibilidades de caer en la pobreza.
            Segundo punto, todos los estudios señalan como imparable el venturoso proceso de envejecimiento creciente de la población española. Viviremos más años y, con las previsiones actuales sobre natalidad e inmigración, la relación entre pensionistas y cotizantes, se situará en márgenes excesivos para la lógica del sistema actual de pensiones basado en que las cotizaciones de los activos, financian las pensiones de los pasivos. En ese contexto, y para mi argumento da lo mismo el detalle sobre cuando y cuanto ocurrirá todo esto, porque ocurrirá, la única solución que se estudia dentro del marco del Pacto de Toledo o se propone desde fuera es proceder a cambios paramétricos que, en la práctica, significan recortar las pensiones futuras. Conviene ser claro en esto: elevar, bien los años de cálculo para tener derecho al cien por cien de la pensión, o la tasa de reposición, o la edad legal de jubilación, significa cobrar menos pensión que ahora, a igualdad de cotización efectuada o, tener que cotizar más, para cobrar lo mismo.
            Tercer punto, aún aceptando los dos anteriores, es posible negarse a aceptar como conclusión inexorable un recorte de derechos sociales, como único campo de debate. Y aquí está la innovación: ¿por qué tenemos que seguir financiando las pensiones del siglo XXI como propuso Bismarck en el siglo XIX? ¿Dónde está escrito que las pensiones de jubilación deban ser la única partida del gasto público que se financia íntegramente mediante “copago” de los trabajadores en activo? La evidencia de que seremos más viejos corre pareja con aquella otra de que también seremos, como sociedad, más ricos; por tanto, abordaremos un asunto de política social que deberá contemplar aspectos de equidad, junto a aspectos de redistribución de la renta y la riqueza. Dicho de otro modo, si con el actual modelo de pensiones se producirán en el futuro tensiones financieras, ¿por qué no abrir el debate sobre otras fuentes complementarias de financiación que ayuden a mejorar los ingresos y no solo medidas para recortar gastos? Bastaría plantearse un esquema mixto basado en un 80% de los ingresos contributivos como ahora (con las mejoras que se quiera introducir) y otro 20% procedente de una nueva Contribución Social Generalizada vinculada a la riqueza del conjunto de la sociedad. Estos esquemas son los existentes en Francia, por ejemplo, o en Dinamarca, donde las pensiones básicas se financian, como el resto de las políticas públicas, en base a impuestos generales.
            Cuarto punto, un cambio en la lógica del sistema de pensiones en la línea apuntada aquí, aportaría en España dos grandes ventajas adicionales: ayudaría a establecer un sistema tributario único, basado en principios constitucionales de progresividad, donde hoy existen dos, Hacienda y Seguridad Social con esta última financiada con un impuesto regresivo sobre el trabajo. Segunda, haría factible hoy una medida equivalente a la devaluación, mediante un descenso significativo de los costes laborales no salariales, es decir, las cotizaciones sociales, sin afectar de manera negativa a las pensiones, mejorando nuestra mermada competitividad empresarial al trasladar carga tributaria del trabajo al conjunto de la riqueza nacional.
            No se que pensarán los mercados financieros sobre una propuesta de este tipo que garantiza la fortaleza futura del sistema de pensiones incrementando los ingresos y mejora, de forma inmediata, la competitividad de nuestra economía. Pero en el texto del Pacto de Toledo, se contemplaba esa posibilidad de establecer fuentes complementarias de financiación de las pensiones públicas y no solo para los complementos a mínimos. La situación actual requiere que analicemos esta opción para conseguir pensiones dignas y sostenibles, reformando, para redistribuir, en lugar de simplemente, continuar recortando derechos sociales.