La ideología en los impuestos. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Si algo ha provocado enconados debates políticos y serios enfrentamientos sociales, a lo largo de la historia, ha sido los impuestos. En la España medieval, sólo se convocaban Cortes para aprobar nuevos tributos y en el origen de la independencia norteamericana está la negativa de los rebeldes a seguir pagando impuestos a la Corona británica, sin tener reconocido el derecho de representación en el Parlamento que los decidía. Nuestra Constitución, por su parte, reconoce como derechos y  deberes de los ciudadanos el que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica” y es ampliamente reconocido que la consolidación de nuestro incipiente estado del bienestar, se encuentra muy relacionada con la aprobación del IRPF por un gobierno de la UCD.
         Cuando hablamos de impuestos estamos lejos de hacerlo de algo técnico,  como podría ser, por ejemplo, el trazado más adecuado para una nueva carretera. Una cosa es que no debamos ser fundamentalista entorno a la capacidad taumatúrgica de los tributos pensando, por ejemplo, que una deducción aquí o allá, cambia comportamientos económicos básicos y, otra, muy distinta, considerarlos un simple instrumento, sin color ideológico, como ha defendido esta semana el Presidente del Gobierno en USA.
         En un debate serio sobre impuestos hay que tomar, al menos, cuatro decisiones cargadas de ideología si por tal entendemos una concepción determinada sobre los principios que organizan y articulan una sociedad democrática: cuántos impuestos se pagan, quien los paga, sobre qué se paga, cómo se paga. Por el cuánto me refiero al nivel que representan sobre la riqueza nacional e individual, es decir, la presión fiscal global y los topes personales para evitar que sean expropiatorios. Lo primero depende del nivel global de gasto a financiar y de la marcha de la economía, porque las principales figuras tributarias modernas, evolucionan con la renta anual. Mantener una presión fiscal en España por debajo de la media europea, es una decisión política y no técnica, que condiciona las políticas de ajuste en el gasto público cuando, como ahora, hay problemas con el déficit público. Como fue una decisión política rebajar, a los muy ricos, el máximo de tributación individual por todos los impuestos personales, efectuada bajo gobierno del PP, pero con apoyo del actual Presidente, entonces, líder de la oposición.
         Decidir quien paga impuestos, tampoco es una cuestión técnica o instrumental. Al menos en tres ámbitos: la lucha contra el fraude fiscal reduciendo posibilidades legales de elusión. En segundo lugar, acotando la obligación de declarar a partir de determinado nivel de renta, lo que facilita la gestión pero deja fuera a muchos ciudadanos que pierden así, su condición constitucional de contribuyentes. Y, en tercer lugar, decidir si pagan los usuarios de los servicios públicos (metro, sanidad o carreteras) mediante precios públicos o el conjunto de ciudadanos mediante impuestos.
         Acordar qué hechos imponibles se graban con impuestos es otra decisión profundamente ideológica. Recordemos que hasta la democracia, en España, existían impuestos de producto que se cargaban sobre los factores productivos y hacerlos recaer sobre resultados (renta personal o societaria), expresa toda una concepción política sobre lo que debe ser una sociedad. Imponer que todas las rentas pagan lo mismo, provengan del capital, del trabajo o de la herencia, no es una cuestión instrumental, sino profundamente ideológica. Porque la carga tributaria no se reparte socialmente de la misma manera si dejamos que las rentas del capital o el patrimonio no tributen o preferimos que suba la tributación del consumo, respecto a la de la renta.
         Por último, arbitrar cómo se pagan los impuestos, tampoco es instrumental, si no que forma parte de una concepción ideológica de la sociedad. Decidir hasta donde debe llegar la progresividad del sistema tributario afecta al grado de compromiso con la equidad que se tenga, heredado de la importancia relativa que se atribuya a este principio de articulación social. Como afecta también al mismo principio, las decisiones sobre deducciones, desgravaciones, exenciones, si son en la base imponible o en la cuota etc. etc. Porque cada una de estas decisiones altera el reparto social de la carga.
         Como en toda cuestión económica, hay asuntos técnicos que deben respetarse. Pero en los debates sobre impuestos se concentra mucha más carga ideológica que en ninguna otra parte de la economía salvo, tal vez, el mercado laboral. Ideas como el efecto desincentivador de los impuestos sobre la actividad económica, la vinculación inevitable entre globalización y desfiscalización de las rentas de capital, la teoría de la doble imposición cuando se graba las rentas (nuevas) del ahorro o  que la política social se hace desde el gasto y no desde el ingreso, son afirmaciones profundamente ideológicas surgidas en ámbitos académicos conservadores que nunca se han podido demostrar de manera inequívoca desde un punto de vista científico.
         Reconocer el carácter ideológico de los impuestos no significa negar la necesidad de adaptar, con pragmatismo, su concreción a la realidad de la evolución económica o al estado anímico general de una sociedad que tiende a comprimir al ciudadano que vota, en la categoría de contribuyente. Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Decidir que todos los ciudadanos son iguales ante los impuestos o que unos son más iguales que otros, no es un problema instrumental. Y conformarse con la actual distribución de la carga tributaria en España donde ni los muy pobres ni los muy ricos pagan y son las rentas del trabajo asalariado quienes sostienen el sistema, no es un problema técnico, si no profundamente ideológico aunque podamos discutir a qué ideología responde. Y si me permiten, aprovecho para contar, que la famosa expresión, “bajar impuestos es de izquierdas” fue el titular de prensa de una idea, un poco más sofisticada: bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas, sobre todo cuando tenemos un sistema impositivo en el que más del 80% de los ingresos por IRPF provienen de rentas de asalariados que, además, según las declaraciones, ganan más que sus empresarios. Pero el correlato explícito era que otras rentas deberían pagar más.