Lo que quede de Legislatura. (Publicado en Mercados de El Mundo)

No me apunto a la tesis de la inevitable decadencia de España, que tanto furor veraniego ha causado entre las filas conservadoras. Antes al contrario, creo que nos llevaremos una sorpresa agradable cuando cerremos este año con mejores resultados de los previstos: un crecimiento ligeramente positivo, reconstrucción de beneficios, cumplimiento de los objetivos de déficit público en un contexto en el que el coste de la deuda pública sobre el PIB, es la mitad de lo que llegó a ser en la crisis de los 90.
         Para evitar lecturas simplificadas, me apresuro a decir que los calores de agosto tampoco me han convertido en un doctor Pangloss, aquel que era todo optimismo, en el mejor de los mundos. De hecho, me temo que se está abriendo la brecha existente entre lo que, previsiblemente, va a pasar y lo que debería suceder para hacer posible lo necesario. Por eso, aunque el tirón exterior procedente de la recuperación de otras economías y el efecto hartazgo, que empuja la salida de las crisis igual que el efecto precaución la agrava en sus comienzos, puedan proporcionar mejores datos de los previstos, ni ello convierte a la situación en buena, ni excluye rigurosas críticas a una política económica que, en apenas dos años, ha pasado de negar la crisis a aprobar 150 medidas para combatirla, más las del Pacto de Zurbano (¿se acuerdan?) y de reforzar las políticas sociales, a recortarlas.
         El crecimiento económico debe ser el principal objetivo en los próximos tiempos. Solo él creará empleo suficiente para ir reduciendo el paro (tarea que durará una década) y lubricará las arcas públicas reduciendo el déficit y la deuda de manera sostenible (compromiso que se logrará más allá del voluntarista 2013). Sin embargo, no parece ser esta la prioridad de los próximos presupuestos, donde se persiste en tres errores: recorte indiscriminado del gasto público, un poco a salto de mata, porque no se ha sabido/querido aplicar las reformas austeras del mismo tras evaluar su eficiencia; omisión de un plan articulado de colaboración público-privada, incluyendo privatizaciones y desinterés frente a la reforma que nuestros ingresos públicos necesitan para situarse a la altura de lo dispuesto en la Constitución: todos tributan (combatir el fraude) y cada uno, según su capacidad de pago (renta, patrimonio).
         Viendo como los debates entorno a los riesgos de una recaída han empujado al Presidente Obama a mantener los estímulos públicos a la economía, deberíamos analizar, nosotros también, la necesaria persistencia de algunas medidas incentivadoras de la actividad que han mostrado impacto positivo a la hora de apuntalar nuestra tímida recuperación. Incluso dentro del techo de gasto aprobado por el Parlamento, una revisión rigurosa de partidas, debe permitir encontrar acomodo prioritario a aquellas que han probado su impacto benéfico sobre el empleo en campos como la vivienda, las infraestructuras o la automoción.
         Incentivar el crecimiento exige, también, activar el flujo de crédito a empresas y familias. Demostrada la solvencia de nuestras entidades financieras e iniciada la reconstrucción de las tasas de ahorro que nos deben permitir devolver todo el endeudamiento privado acumulado en los años de esplendor, quizá ha llegado la hora de actuar sobre el  crédito de manera más efectiva. Discutir la propuesta de convertir al ICO en un banco que absorba recursos inmobiliarios dudosos en manos de entidades financieras a cambio de que estas devuelvan la liquidez así ganada en forma de mayores tasas de concesión de préstamos, es algo menos que intervenir o nacionalizar entidades como han hecho otros, pero mucho más de lo realizado, aquí, hasta la fecha.
         En una economía mundializada altamente competitiva, con países emergentes que ya están creciendo a tasas elevadas, España lo pasará mal si no hacemos algo equivalente a una devaluación para recuperar competitividad. Lo único posible, si no queremos deprimir más la demanda interna, es actuar sobre los costes laborales no salariales, especialmente, las cotizaciones sociales. Reducirlas, de manera significativa, es una exigencia de nuestra situación internacional, que debemos analizar con parámetros de hoy y no de hace décadas. Analicemos lo que significaría un descenso apreciable de las mismas sobre el salario, la liquidez empresarial, los beneficios, las exportaciones, el empleo, el crecimiento económico y preguntémonos por qué no se hace. Solo hay una explicación racional, de peso: su impacto sobre la financiación de las pensiones. Pues bien, a lo mejor ha llegado la hora de repensar a fondo nuestro esquema de financiación de las mismas para, garantizando su equiparación tendencial con la media europea, incorporar elementos de mayor progresividad y racionalidad en una economía abierta que compite hoy con China y no solo con Alemania.
         Preparar a nuestra economía para adelantar la expansión y aprovecharla en términos de sostenibilidad requiere, además, sacar del cajón todas aquellas iniciativas de consenso que como la Ley de economía sostenible, la reforma de la justicia, la educación o las administraciones públicas deben ayudarnos a ponernos a punto, como país, para conseguir el máximo.
Todas estas son cosas que tenemos que hacer con este, o con otro gobierno de signo distinto, agotando la legislatura, o con elecciones anticipadas. Se debería, pues, en estas horas difíciles, aprovechar para hacer frente a estos desafíos, en lugar de ocuparlo de forma preferente en estrategias partidistas de confrontación que solo persigue mejorar posiciones relativas de cara a las elecciones. De no hacerlo así y nada de esto se discute en las negociaciones actuales en busca de apoyos parlamentarios a los Presupuestos, entraremos, como en Japón, en un ciclo largo de separación entre las necesidades de la realidad y una creciente incapacidad política para darles respuesta, encerrados los partidos con sus propios juguetes. Otra vez, una etapa de diferenciación entre la España oficial y la España real.
Lo que hagamos en lo que quede de legislatura, será determinante, en el sentido de que valdrá la pena agotarla porque sea útil para la mayoría o dará igual, porque solo interese a aquellos que miran, exclusivamente, la mitad de lo que dicen los ciudadanos en las encuestas.