El sano valor del déficit. (Publicado en Mercados de El Mundo)

            Reducir los déficits públicos desde la altura en que los ha colocado la crisis, es una necesidad. Hacerlo a los ritmos y con los plazos establecidos por la Unión Europea de manera uniforme para todos sus miembros, es un dogmatismo temerario. España, arrastrando cuatro millones de parados, con una perspectiva de crecimiento negativo este año y no muy superior al 1% el próximo, debería sentirse más cómoda con un esfuerzo como el propuesto por el G-20: reducirlo a la mitad  para 2013, situándolo entonces en el 5,5% del PIB, para alcanzar la cifra mágica del 3% de Maastricht dos años más tarde.
            Cuando se dice que los recortes aprobados de gasto público tienen un impacto negativo sobre el crecimiento, se está reconociendo que las medidas selectivas de expansión del gasto, puestas en marcha durante la crisis, por ejemplo nuestro Plan E, sí fueron efectivas para mantener la actividad económica.  Entonces, cobra todo su sentido la reiterada observación del FMI de que los países no deben tener prisas para retirar esos estímulos. El error europeo es ir en contra de esta sensata recomendación que constata, entre otras cosas, que no hay nada que reduzca el déficit público tanto como el crecimiento económico.
            El equilibrio presupuestario como objetivo puede no ser óptimo, porque no todo el déficit es igual. Existe el coyuntural, fruto de la evolución del ciclo y aquel estructural, consecuencia de unos compromisos estables de gasto, no compensados por ingresos igualmente estables. Como existe, también, el déficit “bueno”, atribuible a gastos de inversión que  no pueden pagarse al contado (como hacen las familias cuando compran su vivienda o las empresas cuando invierten) y el déficit “malo”, fruto de gastos y transferencias corrientes. Esta información fundamental la perdemos cuando metemos todo en el mismo saco y las políticas de reducción del déficit pueden ser negativas para el país si se aplican desde ese “totum revolutum”.
            De entre lo último que he leído sobre el déficit español actual quiero destacar un interesante análisis de Miguel Angel García: “El sistema fiscal español ante la crisis: el pesado lastre de las decisiones adoptadas durante el ciclo expansivo” (Gaceta Sindical de CC.OO). Según este experto, algo menos de la mitad del déficit español se explica por caída de ingresos públicos y el resto (7,3 puntos porcentuales del PIB) por la expansión del gasto, una parte del cuál no vinculado a la crisis. Además, explica, el déficit coyuntural representa algo más de la mitad, mientras que el elevado resto sería estructural debido a decisiones de bajadas de impuestos e introducción discrecional de gastos adoptadas durante la fase expansiva. La consolidación presupuestaria, por tanto, incluso en los plazos más relajados, no vendrá solo de la mano de la recuperación sino que exigirá reformas importantes tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Reformas, no solo recortes, concentradas en la Administración General del Estado que representa la parte del león del problema.
 

            Con una perspectiva temporal que abarque los próximos cinco o diez años vamos a encontrarnos, por tanto, con las siguientes tendencias reformistas. Por el lado de los ingresos públicos, y aún aceptando que se mantenga la elevada elasticidad de los tributos frente a la renta, bajar impuestos no será ni de izquierdas, ni de derechas, sino simplemente imposible. Ello situará el debate en sus términos clásicos: quienes pagan, cuanto y de donde. No creo que sea sostenible un esquema fiscal donde no contribuyen todos los que deben, ni los que contribuyen lo hacen en función de su capacidad global de pago tal y como exige la Constitución.
 Sin entrar aquí en detalles, deberemos esperar una mayor tributación de las rentas no ganadas mediante el esfuerzo personal (plusvalías, patrimonio no productivo, herencias) una mayor carga fiscal sobre los recursos escasos (carbono) o perjudiciales (contaminación, emisiones de CO2) y sobre el consumo. Junto a ello, deberemos recuperar la política de precios públicos para que los usuarios de determinados servicios públicos contribuyan más a su financiación mediante peajes, tasas o copagos. En esa perspectiva, la tributación sobre el factor trabajo, especialmente las cotizaciones sociales, serán los únicos impuestos a la baja.
Por el lado del gasto las opciones son dos: recortes indiscriminados, lineales y proporcionales, presupuesto tras presupuesto, hasta alcanzar los compromisos de déficit o reformar de una vez la estructura del gasto mediante dos instrumentos claves: presupuestos base cero, es decir, necesidad de justificar periódicamente la totalidad de cada partida presupuestaria y no solo su incremento o decremento anual y, sobre todo, evaluar de manera independiente las principales políticas públicas para asegurarnos que lo gastamos bien, de manera eficaz y útil para los objetivos perseguidos. Así, aquello que sea válido, podrá ser recortado o no mientras que aquello que se demuestre poco útil, deberá ser suprimido en su totalidad. Por otra parte, habrá que abrir las perspectivas de una colaboración público-privada en la prestación de algunos servicios públicos, con mayor alcance y más amplio espectro que lo practicado hasta la fecha.
El literato Echegaray, Ministro de Hacienda, señaló en 1905, que la salvación para el país estaba en “el santo temor al déficit”. Poco después, el dictador Primo de Rivera propuso que “la palabra déficit quede autoritariamente suprimida del léxico español”. Sus epígonos hoy, olvidando que ambos generaron inmensos déficits contradiciendo sus declaraciones, se basan en una supuesta exigencia de los prestamistas que habrían perdido confianza en España. Si es así, sería otra muestra de la ineficiencia de unos mercados financieros que no son capaces de diferenciar entre datos y rumores. Creo, más bien, que los mercados quieren aprovecharse de una supuesta debilidad española para obtener más dinero a cambio de sus préstamos, mientras que los emisores persiguen todo lo contrario. Una estrategia de consolidación presupuestaria posible, creíble y sostenible como la aquí esbozada, fortalecería nuestra posición de solvencia reforzando las posibilidades de  encontrar financiación en los mercados para nuestro déficit público en sensata reducción y no en atropellado recorte.