La Cuadratura del Triángulo Laboral. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Desde que el Gobierno hizo públicos sus guiones ya podemos hablar de la reforma del mercado laboral sin vernos arrojados a los infiernos. Es verdad que, con o sin beneplácito, no existe otro problema de nuestra realidad económica actual que haya suscitado tanto debate: la elaboración de dos manifiestos contrapuestos capaces de agrupar, entre ambos, a más de 700 profesionales, varios pronunciamientos del Banco de España y su gobernador, y otros del Fondo Monetario.  

Las generaciones jóvenes, aquellos que no vivieron la reconversión industrial, las devaluaciones de la peseta o las adaptaciones al Mercado Común, empiezan a entender por qué llevamos más de 10 años sin abordar necesarias reformas estructurales en nuestra economía post euro: sencillamente, porque no son fáciles, sobre todo si se abordan por separado y desde el deseo de contentar a todo el mundo. 

Sobre nuestro mercado laboral se han acumulado varias certezas y mitos. Empezando por lo indiscutible: para crear empleo neto necesitamos una tasa de crecimiento económico mayor que otros países. Además, creamos un empleo demasiado precario, sobre todo entre jóvenes. 

Es verdad que el trabajo es una demanda derivada del mercado de productos y que, según sea nuestra especialización sectorial y modelo de crecimiento, necesitará una cantidad y un tipo de empleo. Pero, en igualdad de condiciones, nuestras estructuras institucionales laborales generan menos empleo y de peor calidad de lo que sería necesario. Algo no funciona todo lo bien que debería. Y esto, que siempre es injusto, lo es todavía más ahora con cuatro millones de parados. 

Vayamos a los mitos. Primero, la suposición de que el mercado laboral debe ser como el mercado de tomates. No. Aquí estamos hablando de personas, ciudadanos que además de trabajar, viven, opinan, votan, protestan. La relación entre quienes poseen medios de producción y quienes sólo son dueños de su fuerza de trabajo es tan desigual que un mínimo sentido de justicia social obliga a intervenir sobre las reglas del juego que enmarcan el intercambio de trabajo por un salario. 

Es necesario, pues, regular el mercado laboral mediante leyes y normas. Incluso, es aceptable el hacerlo protegiendo a los trabajadores por ser la parte más débil en la negociación. Pero debe reconocerse, también, que hay regulaciones buenas y malas, siendo la actual en España manifiestamente mejorable, precisamente para defender mejor a los más débiles: los parados y los temporales. 

Segundo mito: reformando el mercado laboral se creará empleo. El crecimiento económico es lo que crea empleo y no las normas laborales. Pero éstas pueden aprovechar mejor cada punto de crecimiento del PIB para transformarlo en más empleo de calidad o no hacerlo. 

Tercer mito: un elevado coste del despido desincentiva la contratación. Resulta difícil sostener esto después de comprobar que en la última fase alcista de la economía hemos creado más empleo que nunca con esta misma legislación. Es más, el contrato más utilizado en los años de bonanza ha sido el que establece un mayor coste de despido. 

Cuarto mito: la tutela judicial de los despidos es un mecanismo que protege los derechos de los trabajadores. Durante esta crisis, la mayoría de los despidos han sido tramitados como improcedentes y por acuerdo entre las partes. Es decir, los empresarios han preferido ponerse la venda antes que recibir la herida judicial, pero con ello el despido se ha convertido en libre, aunque caro. 

Quinto mito: mediante una regadera de bonificaciones y subvenciones alteraremos la realidad contractual a nuestro antojo cuando, en realidad, no es así. Hay que hacer una reforma del mercado laboral por razones de eficiencia (permitir crear más empleo por unidad de PIB) y, también, de equidad (eliminar la precariedad juvenil). Pero hay que hacerla sin ser rehenes de los viejos mitos y sin perder de vista el objetivo de protección a la parte más débil, que debe tener este tipo de regulación. Y teniendo en cuenta dos cosas que, a menudo, se olvidan: primera, que una parte de los costes no salariales que gravitan sobre el factor trabajo son, en realidad, salario diferido. Aunque sea el empresario quien efectúe el ingreso en la seguridad social o en el FOGASA de las cuotas aseguradoras correspondientes, lo hace tan a cuenta del trabajador como cuando ingresa en Hacienda la retención del IRPF. Dado que ya tenemos unas pensiones financiadas sólo por los trabajadores, no sería adecuado generalizar un mecanismo de capitalización para que sean los propios trabajadores quienes financien también su despido, por muy austriaca que sea la propuesta (¿por qué no traer, también, los sueldos austriacos?) 

Segundo olvido: para los empresarios, los costes laborales incluyen el salario monetario, el diferido (cotizaciones sociales varias) y la eventual indemnización por despido. Pero, por otro lado, esos tres elementos forman parte del patrimonio de todo trabajador legalmente contratado. Modificar a la baja cualquiera de ellos, sin alterar el resto, significará una perdida patrimonial para los trabajadores, sea en su realidad contractual, si es retroactivo, sea en sus expectativas, si se aplica sólo a las nuevas contrataciones. 

Por ello, una reforma que restrinja las causas para la temporalidad, reordene las subvenciones, mejore el tiempo parcial, los fijos discontinuos y generalice el nuevo contrato indefinido, con 33 días de despido, debe hacerse. Pero inserta en un conjunto más amplio de reformas, donde las cesiones y contrapartidas empresariales en otros terrenos se puedan evaluar para clarificar el reparto social de los costes del ajuste a la situación de crisis. 

Su urgencia justifica que si no es posible hacerla en el estrecho marco de los interlocutores sociales, el Gobierno deba llevarla al Parlamento, sobre todo ahora que el presidente ha declarado su disposición a aprobar reformas impopulares que nos alejen del espectro griego. Pero dentro de un paquete global más amplio de reformas estructurales donde se visualice el esfuerzo que cada uno hace para reactivar la economía. No hacerlo así sería como intentar cuadrar un triángulo con cargo a los trabajadores que lo pagarán vía cotizaciones o mediante impuestos con los que mayoritariamente financian los Presupuestos Generales.