¿Quién arregla esto?. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Tenemos muchas cosas que arreglar en España. También en el mundo, de acuerdo, pero empecemos por lo nuestro, por aquello que podemos hacer aquí, sin contar con los de allí. La crisis se ha llevado por delante casi cuatro años de esfuerzo en términos de riqueza, y por ello lo más urgente debe ser encontrar una senda de crecimiento sostenible que permita tres cosas: reabsorber en el mercado de trabajo a más de tres millones de personas, devolver los préstamos privados sobre los que hemos basado el ciclo de crecimiento anterior y reducir el déficit público sin poner en cuestión las posibilidades de la recuperación. Pero no debemos olvidar otros asuntos importantes, como los referidos a la justicia, a la educación, al sistema de innovación, al modelo de Estado, a la reforma de las administraciones, al impacto del envejecimiento de la población en la sanidad o las pensiones o de las corrientes migratorias, así como a la reducción de las desigualdades sociales y la pobreza crecientes.

Demasiados retos para pensar que se pueden resolver sólo desde una administración, aunque sea la central, porque en todos los asuntos citados hay competencias compartidas con las comunidades autónomas, o que se pueden abordar sólo desde un partido político, sin tener en cuenta lo que opine el otro partido con posibilidades de gobernar, cuando estamos hablando de problemas que van a requerir medidas reformistas aplicadas con continuidad. El hecho de que las reformas necesarias afecten a varias instituciones y requieran desplegarse en la misma dirección durante largo tiempo es, precisamente, lo que hace aconsejable un Pacto de Estado como la forma más eficaz para abordarlas con éxito, sobre todo, tras constatar que el no haberlo hecho así en los últimos años los mantiene como asuntos sin resolver que ponen plomo en las alas de nuestras capacidades como país.

La superioridad de un Pacto de Estado como instrumento de avance social, frente a una acumulación dispersa de acuerdos parciales, se puede demostrar por cuestiones de método y de contenidos. Sobre el método, hace falta una negociación centralizada en lugar de un meandro de reuniones que pueden acabar requiriendo una guía del usuario para saber qué se trata en cada sitio y entre qué interlocutores: pensiones, Pacto de Toledo, mercado laboral, mesa social, gasto sanitario, Consejo Interterritorial, morosidad, el Parlamento, competitividad, el Gobierno etcétera.

En segundo lugar, los puntos propuestos por la Gran Comisión Gubernamental de Negociación eluden precisamente los asuntos fundamentales. No se puede plantear en serio, por respeto a los ciudadanos en una de las horas difíciles del país, esos puntos genéricos que suenan a táctica dilatoria. Por cierto, ¿qué se ha hecho de aquella Estrategia de Economía Sostenible que sólo hace unas semanas iba a ser la clave para solucionar todos nuestros problemas?

Quienes reclamamos un Pacto de Estado como la forma más eficaz de resolver los problemas fundamentales de la España de hoy, lo hacemos convencidos de que los acuerdos que necesitamos para superar nuestras serias dificultades como país no pueden hacerse desde una lógica excluyente como la de los partidos. La situación exige una suspensión temporal y parcial de dicha lógica para subordinarla a la del interés general, que fue lo que hizo posible la transición política y económica en España así como el propio pacto constitucional.

El país que hemos construido exige gobernar desde la cooperación institucional y, en momentos excepcionales como éste, desde un consenso político que refuerce lo que nos une, aplazando todo aquello que nos separa. Parafraseando a Juan Francisco Ferré, en su reciente novela Providence, a veces, empeñarse en gobernar desde la diferencia hace que acabe mandando la indiferencia de la gente.

Los acontecimientos de las últimas semanas han tenido algo de situación ya vivida: ataques de los mercados a la economía española, pronunciamientos de los principales banqueros españoles en defensa del Gobierno mientras los sindicatos se manifiestan en la calle contra recortes sociales presentados por el Ejecutivo como globos sonda. Pero más allá de la gestión de la anécdota, todo ello evidencia que existen dudas razonables sobre nuestras posibilidades de futuro si no hacemos algo que signifique un importante cambio de rumbo. No en las declaraciones, sino en los hechos; no ante los periodistas, sino en el Boletín Oficial del Estado; no para excluir a nadie, sino para integrar a todos.

Lo que ahora está en duda, dado lo grave y excepcional de la situación, es si seremos capaces de recuperarnos en plazo al nivel suficiente como para devolver los préstamos exteriores o pagar las pensiones a medio plazo. Y aunque de momento no sea un problema de solvencia, sí lo es de credibilidad, pues esa recuperación tiene mucho que ver con mejoras en nuestra competitividad que, sin devaluación, sólo podemos conseguir mediante profundas reformas estructurales e institucionales como las que reclamamos mediante un Pacto de Estado.

Y por cierto, una reforma del sistema de pensiones, incorporando nuevas fuentes de financiación, permitiría reducir sustancialmente nuestros costes laborales directos al rebajar cotizaciones sociales, mejorando la competitividad empresarial sin afectar negativamente a los derechos adquiridos por los pensionistas.

No estamos en el momento del regate en corto, de marear la perdiz o de ver quién es más ingenioso en el eslogan dominical. Los problemas son de verdad, afectan a personas de verdad y frenan, de verdad, nuestras posibilidades de crecer, crear empleo, riqueza y bienestar. Y la responsabilidad de la política es muy grande porque las cosas no se van a resolver solas con el mero paso del tiempo.

Sin hacer nada efectivo, volveremos poco a poco a recuperar actividad conforme tire la economía internacional y, con suerte, sólo tardaremos una década en volver a situarnos por debajo de la media europea en casi todo, pero cerca de la misma. ¿Son ésas todas nuestras aspiraciones? ¿Es eso lo mejor que podemos conseguir? ¿Mantenerse en base a acuerdos parlamentarios variables sobre asuntos de trámite como si no hubiera crisis? Si es así, frente al vuelo bajo, esto sólo lo arreglamos entre todos.