Más viejos, pero más ricos. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Mientras, la baja natalidad hará que la población en edad de trabajar se reduzca respecto a los niveles actuales hasta el punto de que por cada 10 activos habrá 9 inactivos. Este ejercicio de poner números a tendencias conocidas ha encendido luces de alarma sobre el futuro del sistema de pensiones, precipitando soluciones tan drásticas como duras para un país con una pensión de jubilación media (862 euros), muy por debajo de la europea.

De esos datos, sin embargo, se puede hacer otra lectura que nos conduzca a estrategias de adaptación del sistema a la realidad del envejecimiento y no al revés. Nuestro modelo de pensiones tiene su origen conceptual en las propuestas del canciller alemán Bismarck, realizadas a finales del siglo XIX en un contexto social, político y económico totalmente distinto al actual, y mucho más al de dentro de 40 años. A pesar de ser un sistema de reparto (los que trabajan hoy pagan a los pensionistas de hoy) en vez de capitalización (yo ahorro ahora para mi pensión futura), se trata de un instrumento con un fuerte componente de seguro público obligatorio basado en una cierta relación entre lo contribuido y lo percibido (años cotizados, base de cotización, tasa de reposición, etc). Define un sistema de salario diferido mediante un curioso circuito cerrado de solidaridad: intergeneracional, entre trabajadores en activo y jubilados, así como cruzada, entre trabajadores de sectores económicos (régimen general) y de otros (regímenes especiales).

La democracia introdujo dos cambios conceptuales: primero, establecer, como política social, una pensión mínima garantizada por el Gobierno a través de los Presupuestos (creando los complementos a mínimos que cubren, en su caso, la diferencia entre la pensión contractual derivada del sistema de cálculo y la mínima), así como la implantación de las pensiones no contributivas vinculadas al estado de necesidad para aquellas personas mayores que no han cubierto carreras laborales estándar.

Las perspectivas de envejecimiento de la población, la consolidación de un sistema democrático y las transformaciones experimentadas en una carrera profesional muy alejada del viejo modelo fabril deberían llevarnos a romper la lógica de un sistema centrado en una relación exclusiva entre cotizaciones y pensiones, entre ocupados y jubilados. Con el modelo en vigor, si hay más jubilados y menos trabajadores, la viabilidad del seguro exige endurecer las cláusulas del contrato. Si, por el contrario, la pensión de los jubilados deja de estar vinculada sólo a las cotizaciones de los ocupados y las ponemos en relación, también, con la riqueza del país, los problemas cambian de naturaleza: porque en 2050 seremos más viejos, pero también más ricos por el crecimiento previsto del PIB y, sobre todo, si el cambio de modelo económico que pretende la Ley de Economía Sostenible nos hace más productivos. Pensar que en la sociedad del conocimiento del siglo XXI podemos seguir constreñidos por un instrumento de política social diseñado por el Estado corporativo del siglo XIX, equivale a mirar el futuro con las gafas del pasado.

Abrir la financiación del sistema de pensiones a fuentes distintas de las cotizaciones se apuntó ya en el Pacto de Toledo y fue apoyada en sus recientes comparecencias en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo por varios comparecientes, en especial, Cándido Méndez («En la UGT seguimos defendiendo que las pensiones públicas han de contar con otras fuentes de financiación además de los ingresos por cotizaciones»). Es, también, la práctica de países como Francia, donde existe la Contribución Social Generalizada, o Dinamarca, donde es el IVA quien financia el primer eslabón básico de su sistema de pensiones, o en España, con las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos, que se financian con impuestos generales. Se podría financiar, para todos, hasta el equivalente a la pensión mínima con cargo a un impuesto finalista (podría ser una variante del Impuesto General sobre el Gasto, que no es el IVA, planteado en los años 60 del siglo pasado por Kaldor como alternativa, entonces, al impuesto sobre la renta), y definir, luego, una pensión complementaria que recoja la lógica del actual sistema contributivo, compatible, además, con el apoyo fiscal a los fondos privados de pensiones. Esta reestructuración de fuentes de financiación, al rebajar cotizaciones, permitiría fortalecer la competitividad empresarial reduciendo drásticamente los costes laborales de manera compatible con incrementar los sueldos percibidos, además de financiar las pensiones con un esquema más moderno y progresivo que las cotizaciones sociales.

Penalizar las prejubilaciones (utilizadas como instrumento de flexibilidad laboral) y fomentar una jubilación tardía es buena política. La existencia de una edad legal de jubilación (concepto obsoleto en la sociedad que viene) podría ser sustituida por un abanico de jubilación flexible donde el cumplimiento de un conjunto de condiciones vinculadas a la expectativa de vida diera derecho a cobrar el 100% de la pensión, con penalizaciones si uno se jubila antes y estímulos si lo hace después.

Una transición de ese tipo, que ya tuve ocasión de proponer en mi libro De nuevo socialismo, publicado en 2002, y reiterarla en enero de 2004 en una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid, tiene que plantearse en un plan a 20 años que daría como resultado la integración entre la Seguridad Social y Hacienda, blindando estas competencias en el ámbito exclusivo del Estado central.

Cambios más importantes se han hecho y tendremos que hacer aprovechando, no sólo que seremos más viejos y más ricos sino, también, más sabios. Espero.