Estamos en crisis, ¿se acuerdan? (publicado en Mercados de El Mundo)

A medio camino entre el comienzo de esta crisis y su probable final, casi todo el mundo acepta que ha sido provocada por un agudo sobreendeudamiento privado. El sistema necesitaba incorporar al mecanismo de consumo a sectores sociales en los que esto solo era posible mediante el recurso al crédito de elevado riesgo y ello se ha podido hacer gracias al desarrollo de nuevas y sofisticadas maneras de ingeniería financiera para repartir ese riesgo, como inversión, entre muchos participantes.

Casi todos coinciden, además, en que estuvimos muy cerca del crack financiero mundial y que la estrategia de dejar que solo el mercado arreglara las cosas, como se intentó con la quiebra de Lehman, no era factible dada la magnitud del problema. Sólo la confianza transmitida desde la intervención y los recursos públicos, pudo evitar lo peor. Casi todos aceptan que la única manera eficaz para hacer frente a la situación de recesión en el sector privado es recurriendo al consumo y a la inversión pública, como se ha hecho, aunque ello signifique incurrir en importantes déficits presupuestarios.

Se podría, pues, articular un «nuevo consenso» de política económica internacional, según el cuál, para superar crisis graves seguidas de recesión, el mercado encuentra serias limitaciones que hacen aconsejable la intervención del Estado con un cierto nivel de activismo presupuestario, de forma preferente, vía gasto público. Resulta paradójico, pero la solución a los problemas derivados de esa crisis de sobreendeudamiento privado de empresas y familias, está pasando por un elevado sobreendeudamiento público. La suma de los dos inunda de liquidez la economía mundial, en un intento de sostener la demanda de unos y la solvencia de otros. A partir de esa información, resulta consistente anunciar la existencia de tensiones inflacionistas en cuanto empiece a recuperarse la actividad económica, que deberán atemperarse con elevaciones a medio plazo de los tipos de interés. En ese momento, quien esté muy endeudado, como los Estados, tendrá problemas serios.

Anticipar esto, viene avalado por la experiencia de los años 90 cuando muchos países, España entre ellos, estuvimos próximos al «punto explosivo de la deuda pública» que es cuando los nuevos ingresos tributarios van destinados a pagar los gastos de la deuda pasada, sin dejar margen para abordar nuevas políticas, salvo que bajen los tipos o haya ingresos extraordinarios procedentes de privatizaciones, y ambas cosas ocurrieron aquí.

Los gobiernos tienen, pues, que hacer un uso moderado de los déficits públicos, incluso en época de crisis económica, siendo aconsejable dejar funcionar, sin recortes, los estabilizadores automáticos vinculados directamente a la crisis, siendo, a cambio, muy restrictivos con el activismo discrecional que, en general, debería dejarse para mejores épocas. Dicho de otra manera, los gastos automáticos deben fluir con celeridad, pero la chequera discrecional debe utilizarse de manera muy, muy restrictiva si no queremos agrandar el problema de endeudamiento público de cara al futuro.

Porque no sólo seguimos en crisis, sino que no sabemos, todavía, con certeza su recorrido y evolución. A estas alturas, la situación no sólo se traduce en forma de paro masivo. Por dibujarla, mediante brochazos: la renta de las familias españolas ha caído por primera vez en quince años, junto a su riqueza monetaria; el precio de la vivienda cae en todas las capitales, la morosidad inmobiliaria en bancos y cajas sube mientras las familias ahorran más del 14% de su renta, siendo la mayor tasa desde 1995. Es decir, mientras discutimos sobre los flujos y los brotes, los efectos acumulados de la crisis sobre los stocks, dibujan una situación muy preocupante. Sobre todo, porque aún podemos estar entrando ahora en el punto álgido de la crisis industrial.

Dónde puede frenarse esa espiral descendente que es nuestro deprimido sistema económico, sin financiación bancaria, pero con exceso de liquidez, es una incógnita. Pero me sentiría más cómodo si supiera que todavía queda margen presupuestario para los compromisos automáticos ya adquiridos por ley y no que lo hemos agotado en medidas discrecionales aplazables.

Por eso, la receta más sensata de política económica ante esta recesión debe combinar dos orientaciones: la presupuestaria, hasta agotar si se quiere los límites de los estabilizadores automáticos, sin recortes sociales y las reformas estructurales o institucionales, que nos deben permitir encajar mejor las cosas, con vistas a ir preparando una pronta salida a la situación, en mejores condiciones competitivas que antes.

Debemos caminar sobre esas dos piernas, si queremos hacerlo bien, sin hipotecar excesivamente el futuro. Teniendo claro que compartir esa manera estratégica de hacer frente a la crisis, no marca un único camino, sino que sigue dejando mucho campo para el debate entre opciones políticas alternativas. Por ejemplo, se puede suprimir el impuesto sobre el patrimonio, porque hay crisis, mientras que no se sube el sueldo a los empleados públicos también porque hay crisis. O se puede mantener la recaudación del primero y financiar lo segundo, en otra opción igualmente respetuosa con las restricciones presupuestarias.

Y lo mismo ocurre con las reformas y el método. Por ejemplo, el diálogo social se ha centrado a lo largo de la historia de la España democrática, en una negociación bilateral entre las partes a la que, a menudo, concurría el Gobierno. Bien para refrendar legislativamente la parte pública de los acuerdos alcanzados sobre, por ejemplo, mercado laboral, bien para engrasar con cargo a los presupuestos la negociación, ayudando a vencer las resistencias puntuales. Pero el grueso de los acuerdos era efectuado por patronal y sindicatos sobre asuntos de su competencia. Ahora, en cambio, si el Gobierno somete a consenso decisiones que son sólo suyas (rebaja de cotizaciones, alargar subsidio de desempleo), ¿Qué ponen los interlocutores sociales de su propio ámbito de responsabilidad?

Todavía no se ha dicho la última palabra sobre esta recesión económica. Pero algunas cosas empiezan a estar claras mientras otras, siguen tan discutibles como siempre. Esa es, precisamente, la esencia de la política democrática, incluida la política económica: que siempre se puede elegir entre opciones que no son técnicas.