Las cajas pueden no ser cuadradas. (Publicado en Mercados de El Mundo)

Quizás un poco tarde y un poco escaso, pero ya tenemos en España un Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que se presenta a convalidación parlamentaria la próxima semana. Mucho antes de que la vicepresidenta segunda señalara, en su primera comparecencia en la Comisión de Economía, la necesidad de reestructurar nuestro sistema financiero, el asunto ya estaba sobre la mesa.

Aunque al principio se dijo que el sistema financiero español era inmune al estallido de la burbuja internacional, la llegada de la ola tóxica activó nuestros propios problemas patrios en forma de excesiva concentración de riesgos en la construcción y una necesidad creciente de refinanciación de préstamos en mercados mundiales que se cerraban de golpe. Ello no afectó a todos por igual y pronto los cuatro grandes, dos bancos y dos cajas, vieron la oportunidad de aclarar el panorama interno mediante la desaparición de algunos competidores peor posicionados.

La verdad es que hemos aguantado el primer embate de la crisis mucho mejor que otros países europeos y que Estados Unidos. Haber resistido bien es, sin duda, motivo de orgullo relativo para el país y para sus instituciones. Que el Banco de España y su regulación prudencial sea objeto de estudio como modelo en otros países, está bien. Muy bien. Pero cuidado, no acabemos muriendo de éxito, porque los problemas internos crecen y tienen todavía un largo recorrido por delante.

El esfuerzo realizado para hacer frente al tsunami mundial nos ha dejado agotados, sin reservas, justo cuando la segunda vuelta del problema, derivada del incremento de morosidad asociado a la recesión y al paro, amenaza con golpearnos con mucha más virulencia que al resto. Además, la situación competitiva de nuestro sistema financiero corre el serio riesgo de deteriorarse en pocos años frente a entidades bancarias de otros países, que están siendo sometidas a una profunda operación de puesta a punto con cargo al dinero público de la que van a salir renacidos, dispuestos a recuperar pronto su posición de predominio internacional.

Todo eso junto explica las bajadas en los ratings de solvencia efectuadas por las agencias internacionales para más de 30 entidades financieras españolas, en situación menos sólida ahora que hace un año, pero más que el próximo.

Aceptemos pues que necesitamos una reconversión en el sector financiero español con el objetivo fundamental de incrementar fondos propios (solvencia) después de los varios planes puestos en vigor en los últimos meses para sostener su liquidez. La primera reflexión al respecto es que no estamos ante una industria cualquiera, sino ante un instrumento imprescindible para el resto de la sociedad. Dicho de otra manera, la reestructuración financiera puede perseguir, o no, reducir capacidad (oficinas y personal). Puede buscar, o no, recortar el número de entidades incrementando el tamaño medio de las que queden. Puede requerir, o no, cuantiosos apoyos públicos. Pero hay dos cosas que son exigibles, de todas todas: la primera, garantizar que no se interrumpe, incluso que se incrementa, el flujo de crédito hacia el resto de la sociedad; y la segunda, aprovechar para modificar las normas que regulan la actuación de la mitad del sistema financiero español, es decir, las cajas de ahorro.

A pesar de la fortaleza relativa de nuestro sistema financiero en las turbulencias por las que ha atravesado el mundo, España ha padecido la misma sequía crediticia que el resto de países con bancos intervenidos, quebrados o nacionalizados. Hay datos, como la encuesta que realizan las Cámaras de Comercio, o incluso oficiales, que permiten sustentar la tesis de que hemos padecido mayores restricciones de crédito que en otras partes, hasta el punto de que muchas empresas saneadas y viables han quebrado aquí por problemas de liquidez inducidos desde el sector financiero.

Si las dificultades de nuestros bancos y cajas eran, como se decía, de menor entidad que en otros países, y si también desde el Gobierno español se pusieron pronto en marcha planes millonarios de acompañamiento a las sucesivas inyecciones impulsadas desde el Banco Central Europeo para garantizar la liquidez, ¿por qué nuestras familias y empresas han tenido los mismos o más problemas para financiarse que en países con peores sistemas financieros? ¿Se ha debido a nuestra toxicidad específica que cubrimos con el manto genérico de «la construcción»?

Desde esa perspectiva, aclarar en qué medida el FROB ayudará a ampliar y mejorar el acceso al crédito de nuestras empresas y familias será, sin duda, fundamental para combatir los efectos negativos de esta negra crisis económica.

El otro objetivo tiene que ver con la normativa de las cajas en un mundo en que toda la regulación financiera está siendo sometida a revisión a partir del impulso dado por la Administración Obama. No encuentro ninguna razón para pensar que la crisis haya cuestionado el modelo jurídico de nuestras cajas de ahorros. En verdad, lo que ha cuestionado es el carácter privado de entidades financieras demasiado importantes para quebrar, que se han sostenido en otros países con importantes ayudas públicas.

Por tanto, no abramos, con excusa de la crisis, el melón de la privatización de las cajas, porque podemos acabar discutiendo, con mejores argumentos, sobre la nacionalización de la banca. Sin embargo, con el objetivo de dar mayor libertad de actuación a los responsables de las cajas, deberíamos aprovechar para modificar, al menos, tres limitaciones existentes en la actual Ley de Cajas (que contribuí a pactar desde la oposición): una, impulsar las cuotas participativas como instrumentos de fortalecimiento de recursos propios en momentos en que es crucial conseguir su urgente incremento. Dos, suprimir las restricciones políticas a las fusiones entre cajas con sede en distinta Comunidad Autónoma; y tres, eliminar las prohibiciones sobre actuaciones conjuntas entre Cajas y bancos, con objetivos comunes y sin mediar compraventa mutua.

Hay varias maneras de hacer buenas y útiles cajas de ahorro. Pero convertirlas en bancos públicos de desarrollo regional, aunque sería una opción querida por la banca, resultaría empobrecedor respecto a las posibilidades y a las necesidades de nuestra economía global.