La capacidad de pagar impuestos, (publicado en Mercados de El Mundo)

Parece, visto la que se ha liado con la medida del Gobierno, que el Partido Popular nunca subió los impuestos especiales de tabaco, alcohol y gasolinas durante sus años de mandato. Y, sin embargo, lo hizo hasta en tres ocasiones, y más que ahora. Pero, aunque sea obvio, conviene recordar que lo importante no es si subir o bajar impuestos, sino a quiénes se les sube o se les baja su contribución a la financiación de las cargas generales del Estado.

Ahora que hemos situado en el centro del debate político entre izquierdas y derechas la ampliación de derechos civiles, conviene no olvidar que en el origen, la diferencia se situaba en torno a la creación y reparto de la renta, la riqueza y las oportunidades vitales. Excluir del debate económico, y sobre todo fiscal, las posiciones ideológicas, reconvertidas en eficacia técnica, ha formado parte del proyecto de algunos académicos conservadores empeñados en eliminar la aspiración por reducir las desigualdades sociales. Y empezó por argüir que lo importante no era cómo se obtenían los ingresos, sino cómo se distribuía el gasto público para acabar, después, proponiendo también un reparto lineal del mismo.

Ambas cosas son una falacia, ya que tan importante es conseguir que contribuya más el que más tiene como que se ayude más a quien más lo necesita, y ello exige mantener principios de progresividad en los tributos y de redistribución en los gastos. Siempre que una ideología política persiga la reducción de las desigualdades sociales injustificadas tendrá que pedirle más al que más tiene, para darle más al que menos tiene, por lo que contribuir a escote o recibir linealmente, a tanto por uno, es ajeno a dicho objetivo. Así de claro.

Tanto, que nuestra Constitución dice en su artículo 31 que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica», sobre la que influyen varias cosas, pero, de manera destacada, dos: los ingresos anuales y la riqueza acumulada. Por tanto, en igualdad de condiciones, para que se cumpla el mandato constitucional deberemos diseñar un sistema tributario que, en conjunto, haga contribuir proporcionalmente más a quienes más ganan y más tienen.

Debemos, luego, hilar un poco más fino, porque ni todas las rentas ni todas las riquezas son iguales desde un punto de vista económico y social. Hay rentas ganadas mediante el trabajo personal mientras que otras se obtienen sin ese esfuerzo presente. Por otro lado, dentro del patrimonio se mezcla el resultado de nuestro propio ahorro a lo largo de la vida con el caído del cielo sea en forma de herencia o de revalorización especulativa de nuestra vivienda o de acciones bursátiles.

Parecería razonable gravar proporcionalmente más aquellas rentas anuales y aquella riqueza acumulada obtenidas por el sujeto sin esfuerzo personal que aquellas rentas y riqueza que son fruto del trabajo propio. Un sistema tributario así diseñado, no sólo sería más justo desde el punto de vista de la igualdad social, sino que sería más productivo al estimular el valor del trabajo, la iniciativa productiva y la igualdad de oportunidades, frente al pelotazo, la herencia o la riqueza no ganada, derivada de algo tan aleatorio como la suerte.

En paralelo, para reducir desigualdades e incrementar las oportunidades de los menos favorecidos por la fortuna, el gasto público debería, junto a derechos generalizables para todos como la sanidad o la educación, concentrar sus esfuerzos en aquellos sectores sociales con menos ingresos y menos riqueza. Y, de manera especial, en aquellos que tienen tan poco de ambas cosas que ni siquiera llegan al mínimo exigido para presentar la declaración de renta y que se ven excluidos cada vez que definimos una ayuda social (deducciones por hijos, mínimo vital, etcétera) a través de un instrumento como el IRPF.

Así planteado, el abanico de posibilidades a la hora de encontrar instrumentos técnicos que consigan reflejar estos principios es amplio. Y el debate en torno a ellos, o sobre los objetivos mismos, debería reflejar posturas diferentes en defensa de los intereses sociales de unos frente o otros. Cabe incluso, como defendí hace tiempo, un tipo único sobre la renta (con un tramo cero y otro de sobre tipo), complementado con una renta básica de ciudadanía y un fuerte impuesto sobre los incrementos patrimoniales no ganados. Pero lo que no cabe es que todo esto se vea drásticamente alterado por cuestiones aparentemente técnicas o por limitaciones burocrático-administrativas.

Si nuestras leyes actuales permiten que los ricos, por renta y por riqueza, no paguen impuestos directos en España bien porque colocan sus capitales en paraísos fiscales, bien porque se transforman en personas jurídicas para eludirlos, cámbiense las leyes. Si nuestra inspección de Hacienda no es capaz de detectar el fraude fiscal de quienes no cobran por nómina, refuércese, mejórese o hágase algo. Cualquier cosa menos recortar los principios de equidad, a la altura de las limitaciones de nuestros instrumentos.

Este debate adquiere especial importancia ahora por dos razones: la primera, porque algunos seguimos creyendo que, aun habiendo otras, una de las principales diferencias políticas sigue siendo, precisamente, cómo se posiciona cada uno en torno al reparto social de la carga tributaria y no tanto su nivel absoluto. La segunda, porque después del incremento tan cuantioso del déficit presupuestario como consecuencia de la actual crisis y del intenso activismo estatal en apoyo del sector privado, la manera en que se vaya pagando a través del sistema tributario la deuda pública generada es fundamental para ver si hemos hecho una injusta operación de socializar pérdidas mientras privatizamos beneficios, o mantenemos principios de equidad social como que paguen más la crisis aquellos que han tenido una responsabilidad mayor en la gestación de la misma.

No sé, igual estoy trasnochado, pero las supuestas modernidades neoliberales que escucho hoy han constituido el discurso de la derecha clásica durante buena parte del siglo XIX y XX. Los ricos nunca han querido pagar impuestos. El resto, tampoco. Por eso son obligatorios. Pero, además, han de ser justos. ¿O no?